La Delegación Regional de Valparaíso informó que desde marzo de 2026, cinco terrenos que fueron tomados ilegalmente fueron recuperados tras operativos de desalojos exitosos.

“Estas acciones se han realizado con miras a que los propietarios de los terrenos o inmuebles fiscales o privados cumplan con las resoluciones judiciales que ordenan la restitución de estos, para lo cual se precisó el apoyo de la fuerza pública y, en el caso de los bienes fiscales, de la Delegación Presidencial Regional en materia de coordinación de los servicios”, señalaron a través de un comunicado.

Entre los terrenos públicos recuperados se encuentran el de la Escuela Naciones Unidas en el cerro Playa Ancha, el terreno Confuturo en Placilla de Peñuelas y un espacio en el balneario de Las Torpederas, todos estos en la comuna de Valparaíso, en los cuales grupos de familias se habían tomado estos espacios para instalar viviendas de distintos tipos de estructuras. A estos se suman la recuperación de unas viviendas fiscales de Carabineros en Playa Ancha y un sector de la playa de Laguna Verde, en donde personas habían instalado negocios sin contar con los respectivos permisos.

En estos desalojos, los propietarios que han ejecutado los operativos han sido el municipio de Valparaíso, el Servicio Local de Educación Pública y la Armada, quienes han solicitado el apoyo a Carabineros en materia de seguridad y a la Delegación Presidencial Regional en materia de coordinación de los servicios.

El Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, señaló que “hemos restablecido el estado de derecho desalojando distintas propiedades, inmuebles fiscales y particulares tomados. Queremos una región de propietarios, pero para eso hay un camino que tiene el Ministerio de Vivienda. No es posible que se valide la toma”.

Junto con ello, recordaron que, conforme a las competencias que la Constitución Política de la República y la Ley N° 191.75, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la normativa exige a la Delegación Presidencial Regional mantener la supervigilancia de los bienes del Estado, especialmente respecto de aquellos que tienen la calidad de bienes nacionales de uso público.

Por lo anterior, la DPR no cuenta con competencias para dar lugar al desalojo de bienes de propiedad privada, salvo que el Poder Judicial le ordene una o más tareas concretas dentro de la etapa de ejecución de una sentencia judicial.