La Superintendencia de Educación realizó un informe que será presentado a fin de mes consolidando las denuncias recibidas entre 2014 y 2024, y que tienen relación con el sistema escolar chileno. Ahí, entre otras cosas, se determinó que el ámbito de la convivencia escolar concentra casi siete de cada diez denuncias anuales, transformándose en la principal preocupación de las comunidades educativas, pero con fenómenos específicos, como la discriminación, que van al alza.

Y es que posterior a la pandemia y tal como han advertido diversos expertos, los conflictos fueron mutando y reflejando, según el propio ente fiscalizador, una conflictividad escolar y parvularia más diversa y compleja.

Y es que aunque el maltrato a estudiantes sigue siendo la subtemática con mayor volumen, con 7.967 casos en 2024, su participación en el ámbito de la convivencia disminuyó del 63% en 2022 al 57% en 2024. Esto implica, indefectiblemente, que otros fenómenos ganaron terreno.

La discriminación es uno de ellos, justo en momentos en que Chile atraviesa un fenómeno migratorio relevante y que la matrícula extranjera en los colegios crece de forma sostenida. De hecho, acorde al informe, la discriminación es lo que muestra el cambio más marcado en términos de denuncias: en apenas dos años aumentó un 67%. Pasó de 1.220 casos en 2022 -7,5% de las denuncias-, a 2.039 en 2024, lo que implica un 10,7% de los casos.

“Estas cifras agrupan tanto situaciones entre estudiantes, que requieren un abordaje formativo, como aquellas que involucran a personas adultas, que pueden tener una naturaleza distinta”, contextualiza Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, quien ahonda en que “cuando un caso de discriminación llega a una denuncia formal, significa que no se contaban con las herramientas suficientes para abordarlo a tiempo. Por eso es clave fortalecer las capacidades de toda la comunidad, estudiantes y adultos, para prevenir estas situaciones, actuar con oportunidad y promover una convivencia basada en el respeto y la inclusión”.

Y suma: “También es deseable que estas situaciones puedan resolverse dentro del propio establecimiento (...), evitando así que escalen a procesos administrativos externos, que muchas veces recargan innecesariamente a los equipos”.

Por su parte, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, organización enfocada al desarrollo de la infancia, asevera que este aumento puede estar evidenciando el incremento de un conjunto de causas individuales, estructurales y comunitarias. “El comportamiento en la niñez se construye en interacción con la familia, la escuela y la comunidad”, señala.

“La violencia y la discriminación se refuerzan cuando múltiples sistemas presentan factores de riesgo de manera simultánea, como lo que se dio -pospandemia- con la agudización de problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes sin atención temprana, el déficit de apoyo a la crianza en contextos de cambios sociales y culturales, la normalización de ambientes violentos en los entornos de la niñez y un bajo desarrollo de habilidades sociales y de resolución pacífica de conflictos en el entorno escolar”, se extiende Sánchez.

Adicionalmente, cierra, también influyen los desafíos propios de la convivencia intercultural con el aumento de la matrícula migrante, “que no pocas veces conlleva elementos de estigmatización y prejuicios. Es por ello que el aumento de la discriminación escolar debe abordarse como un sistema, necesita de políticas públicas coherentes, recursos adecuados y corresponsabilidad entre el Estado, las escuelas, las familias y las comunidades”.

En el análisis de la superintendencia también se destaca el ciberacoso, muy en línea con el rápido avance que la tecnología está teniendo en el sistema educativo. Este fenómeno presenta alzas interanuales del 11% en 2023 y del 7% en 2024.

Esto demuestra, a ojos de la superintendencia, que aunque el conflicto físico y psicológico tradicional persiste, la conflictividad escolar se ha extendido a otras problemáticas, lo que exige respuestas diferenciadas.

“Las nuevas temáticas de convivencia no solo apuntan a un número mayor o menor de denuncias. También hablan de una mayor complejización de las denuncias, ya que, positivamente, la norma también ha ido ampliando la protección de derechos en las comunidades educativas. En ese sentido, la superintendencia ha desarrollado nuevos procesos de gestión y acompañamiento, más acordes al actual escenario y que no solo apunten a un acto fiscalizador o sancionatorio”, se extiende la superintendenta, Loreto Orellana.

Otros datos del informe señalan que el maltrato hacia miembros adultos de la comunidad educativa (el 3,8% de las denuncias de convivencia en 2024), duplicaron su volumen desde 2022, con incrementos interanuales del 41% entre 2022 y 2023, y del 22% entre 2023 y 2024. Asimismo, las denuncias asociadas a autismo crecieron un 149%, pasando de 723 casos en 2022 a 1.799 en 2024.

En la entidad fiscalizadora señalan que tener casos más diversos implica un abordaje técnico cada vez más especializado.

“Estamos implementando nuevos enfoques que priorizan la prevención y la gestión colaborativa de conflictos. Estamos seguros de que esto tendrá efectos muy positivos. Lo que buscamos es que las comunidades educativas gestionen conflictos internos a través del diálogo y la mediación y que esos aprendizajes se queden en los establecimientos y refuercen el rol formador de la escuela para la vida en sociedad”, añade la superintendenta, en cuya institución han apuntado a la gestión colaborativa de conflictos como parte de los nuevos procesos que se están utilizando y que se han aplicado -con éxito, acorde a la institución- en planes piloto en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso y Metropolitana.