Diputados oficialistas presentan querella por cohecho y soborno contra alcalde Daniel Jadue, el abogado Ramón Sepúlveda y el empresario León Lefort

Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba y Jorge Alessandri en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado. Foto: Agencia Uno.

Piden que la Fiscalía los cite a declarar como imputados.




Los diputados Sebastián Torrealba (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) presentaron ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por cohecho y soborno contra el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, su exabogado Ramón Sepúlveda y el empresario y gerente general de Itelecom León Lefort.

Los legisladores solicitan además al Ministerio Público “una orden de investigar amplia a la Policía de Investigaciones a objeto de esclarecer los hechos” y que se les cite a declarar a los tres como imputados.

En la presentación los diputados afirman que existiría un vínculo entre la donación de $ 50 millones que Itelecom realizó a la Municipalidad de Recoleta para el Festival Womad y la licitación de luminarias que la representación comunal adjudicó a la compañía de Lefort.

Según los diputados el supuesto vínculo “sería constitutivo del delito de cohecho, algo que debiera ser investigado por el Ministerio Público”.

La argumentación de los diputados se basa en el contenido de la llamada telefónica del 22 de septiembre de 2019 entre Lefort y el abogado Sepúlveda, la que originó una investigación contra Jadue y la solicitud de alzar el secreto de sus cuentas bancarias.

“A la vez, por el monto excesivo pagado por las luminarias, es posible advertir la posibilidad de que exista un fraude al fisco, algo que también deberá ser investigado”, sostienen los diputados en la querella.

Por otro lado, en el texto se menciona la labor de Sepúlveda como defensor de formalizados por delitos vinculados al estallido social y de la denominada “primera línea”.

“Resulta a lo menos sospechoso que un abogado que dice prestar servicios para un alcalde de una comuna afectada por la destrucción de luminarias y para una empresa que se dedica a reponerlas, participe además en la defensa de personas que se encuentran presuntamente vinculadas a la destrucción de luminarias e infraestructura pública”, plantean los querellantes.

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