Durante el año pasado distintos episodios de violencia en centros de salud -incluidas balaceras y amenazas- evidenciaron la crisis de seguridad que afecta a la red asistencial y gatillaron la presión de los gremios hacia los ministerios de Interior y Salud.

Debido a la presión de los gremios, la ministra del Interior de ese entonces, Carolina Tohá, anunció el pasado 11 de octubre que se iba a disponer “desde ya” de presencia policial en aquellos centros de salud categorizados con riesgo extremo o muy alto.

Sin embargo, la medida no fue tan inmediata y recién el pasado 25 de noviembre la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública y Carabineros, implementó un plan especial para los centros de atención primaria, y el pasado 22 de agosto las autoridades enviaron al Congreso el primer balance, correspondiente a los primeros seis meses de su implementación. Sin embargo, los resultados no dejaron a todos contentos.

Eso sí, esta estrategia no se implementó en todos los centros de atención primaria, sino que en 127 que las autoridades priorizaron para recibir resguardo, los que se dividieron en nueve de categoría extrema; 26, muy alta; 35, alta, y todos los demás, media o baja.

Acorde al balance, de los centros con mayor exposición solo cuatro cuentan actualmente con el servicio de punto fijo de carabineros que se había prometido. En los cinco restantes no se ha habilitado esta estrategia, manteniéndose a la fecha servicios de vigilancia especial.

Respecto a los centros de categoría muy alta, alta, media y baja, en el informe Carabineros afirma que se mantienen servicios de vigilancia especial en horarios priorizados, según disponibilidad de recursos.

Paralelamente a las estrategias incorporadas a estos centros, los 29 Servicios de Salud cuentan con un protocolo de prevención y actuación frente a hechos de violencia externa. Además, en marzo se enviaron lineamientos para diseñar espacios seguros en los mismos centros de salud, se lanzará una nueva plataforma para reportar agresiones a funcionarios y se han financiado proyectos de seguridad como botones de pánico, cámaras, cierres perimetrales e iluminación.

Todas estas medidas, ¿lograron bajar los niveles de agresión?

De acuerdo a la glosa enviada por las autoridades al Congreso, entre el 25 de noviembre de 2024 y el 30 de abril de 2025 se registraron 1.700 casos policiales en centros de salud, lo que representa una disminución de un 3,6% respecto al periodo previo -21 de junio al 24 de noviembre de 2024-, cuando se contabilizaron 1.764 hechos.

Dentro de los delitos de mayor connotación social (DMCS), que pasaron de 782 a 736 casos, se observa una baja global del 6%. Destaca la caída del robo con fuerza, que disminuyó un 30% (de 236 a 165 casos), y del robo violento de vehículos, que retrocedió un 19%. También el robo con violencia mostró un descenso del 7% (de 157 a 146 hechos).

Sin embargo, no todos los indicadores se redujeron. Por ejemplo, hubo un alza en algunos delitos específicos: el hurto aumentó en un 27% (de 127 a 161 casos), las violaciones en un 67% (de 3 a 5 hechos) y los homicidios en un 20% (de 5 a 6 casos). Incluso las lesiones tuvieron un leve incremento de un 1%, llegando a 240 denuncias.

En todo caso, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, destaca las bajas generales: “Nos alegra ver que en el análisis comparativo entre períodos equivalentes (2023-2024 vs 2024-2025) en centros de atención primaria hay un 4% de reducción en casos policiales totales y 6% de reducción en delitos de mayor connotación social”.

Quienes no están tan alegres son los gremios. Y aunque coinciden en que estas medidas han sido efectivas, dicen que todavía no se puede cantar victoria.

Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, afirma que “en diversos centros se ha percibido una mayor presencia policial como medida disuasiva, junto con la promoción de protocolos de prevención y actuación frente a hechos de violencia dirigidos al personal. Valoramos especialmente el impulso a la denuncia, aunque todavía es necesario avanzar en agilizar las investigaciones y sanciones”.

Eso sí, agrega que “aún quedan brechas importantes que abordar. Hemos constatado en terreno la implementación de medidas como el uso de botones de pánico o el refuerzo de la seguridad; sin embargo, aún persisten desafíos en varios territorios, ya que estas herramientas no se han generalizado”.

La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam), Gabriela Flores, es más categórica: “En estos nueve centros en que el gobierno se comprometió a tener carabineros en punto fijo, la medida no ha sido una verdadera protección. En algunos lugares, por ejemplo en Curanilahue, el carabinero está en el segundo piso, al lado de la oficina de la secretaria, lejos de donde se atiende y están los usuarios constantemente”.

Y continúa advirtiendo que las medidas siguen siendo insuficientes: “Aquí hubo una intención de protegernos, pero no se ha cumplido a cabalidad como nosotros esperábamos”.

Con todo, el subsecretario de Redes afirma que siguen trabajando para ampliar las medidas: “En continuidad de la Mesa de Trabajo Interinstitucional (Seguridad, Carabineros y Redes), dentro de las siguientes acciones está actualizar la categorización de establecimientos y crear un modelo estándar replicable. Además, con monitoreo desde la subsecretaría, cada región y servicio de salud cuenta con una mesa donde se planifican y ejecutan las acciones pertinentes del nivel local”.

Además, el informe cuenta que a través del “Apoyo a la Gestión local (AGL)” se han entregado recursos a diversos proyectos locales de prevención de violencia externa, que hasta ahora han contemplado, entre otros, botones de pánico, circuitos cerrados de televisión, mejora de cierres perimetrales, iluminación, puertas y láminas de seguridad y puertas eléctricas.

Según el balance entregado por las autoridades, desde 2021 a la fecha se han financiado 283 comunas a nivel nacional, con un monto total de $4.865.500.000.

Y para este año, específicamente, se han beneficiado 106 establecimientos de salud, de 62 comunas, destinando $1.085.000.000. Así, actualmente el 49% de los establecimientos de salud se encuentra con los convenios realizados.