La decisión de los consejeros regionales (cores) de la UDI y del Partido Republicano de presentar este viernes a las 12.00 un requerimiento para destituir al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, por graves faltas a la probidad ha generado una serie de roces entre las distintas fuerzas de la derecha.

Los primeros que tomaron la decisión fueron los cores republicanos, quienes son mayoría en el Consejo Regional al controlar 11 escaños. Luego de eso se sumó la UDI y durante todas estas semanas los más dudosos han sido los representantes de RN, quienes finalmente optaron por no ser parte del libelo.

La postura de la bancada de RN es no tomar ninguna decisión hasta tener los resultados de la comisión investigadora que se formó en el Consejo Regional y que debe entregar su informe a inicios de septiembre.

Las firmas de los republicanos y los gremialistas son suficientes para continuar con la destitución. Ambas fuerzas superan las 12 firmas, que es la cantidad necesaria para ingresar el requerimiento en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Luego de varios tironeos internos, finalmente se llegó a la decisión de trabajar en un texto que en un inicio fue redactado por los republicanos, y en base a ese borrador, el resto de los abogados fue mejorando los aspectos jurídicos para tener un escrito sólido con el cual acudir hasta el Tricel.

Lo que más molestó en la oposición es el rol que ha tomado el abogado cercano a RN Rodrigo Flores. Fuentes que han sabido del proceso para redactar el requerimiento contra Orrego comentan que en un inicio el equipo de abogados estaba liderado por Emiliano García y el core Ignacio Dülger por el lado republicano. Mientras que por la UDI estaban participando el abogado Máximo Pavez y el core Álvaro Bellolio.

Sin embargo, varios en la oposición estaban incómodos con la presencia de Flores, quien según los cores de RN era la contraparte jurídica de ese partido. Esto porque según fuentes de la oposición tenía “un conflicto de interés indirecto” con Orrego.

La razón apunta a que en la derecha es conocido el vínculo que Flores tiene con varias municipalidades de la Región Metropolitana. De hecho, fue a inicios de junio que La Segunda reveló que tenía trabajos a honorarios por asesorías legales en múltiples corporaciones municipales como Colina y Calera de Tango, así como en varias otras comunas del país.

En la oposición cuentan que Orrego, al ser gobernador, es quien tiene el control de los recursos que distribuye la gobernación para distintos proyectos municipales, en un contexto en que todas las comunas metropolitanas reciben fondos de Orrego.

Por lo mismo, cuentan fuentes del Partido Republicano, Orrego ha tratado de presionar a través de los alcaldes para que el requerimiento en su contra no prospere.

El ruido generado por Flores implicó que, el pasado 7 de junio, se le pidiera explícitamente que no participara del equipo jurídico que está redactando el requerimiento. Fuentes que han sabido del proceso cuentan que desde ahí en adelante fue marginado de la redacción.

Por eso causó molestia que el miércoles La Tercera publicara los comentarios que Flores hizo al libelo, sobre todo porque se trataba de un borrador y más aun luego de que él quedara fuera del proceso.

Ese borrador, dado a conocer por este medio, justamente estaba siendo arreglado por abogados como Pavez. De hecho, el equipo jurídico final que está afinando los últimos detalles son Pavez y García, los mismos que lograron la destitución de la exsenadora Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional (TC). A ellos dos se suman Pablo Toloza, Felipe Serey y Dülger.

El rol de RN en este proceso ha provocado suspicacias en el resto de los socios de la oposición. Esto último se acrecentó luego de que tomaran conocimiento que uno de los abogados del escuadrón jurídico que defenderá a Orrego es el constitucionalista Gastón Gómez. El abogado tiene una importante ascendencia en RN, formación política en la que militó hasta 2014.