Una de las situaciones que llamó la atención de los detectives de la PDI que investigaron la causa de las armas 3D fue la gran cantidad de adolescentes que estaban administrando los chats de Telegram y WhatsApp donde se comercializaba el armamento.

Fueron 12 los grupos que la policía logró detectar para esos fines, que contaba con distintos sujetos a cargo, siempre muy celosos de ver quién ingresaba y quién salía. En la investigación, que partió a fines de 2024 en la Fiscalía Occidente y ahora está en manos de la Fiscalía Supraterritorial, los investigadores identificaron a una red criminal desplegada a lo largo de Chile, específicamente en 12 regiones, donde varias de las piezas eran confeccionadas con impresoras 3D.

La Fiscalía Supraterritorial imputó a 56 personas, entre ellos una carabinera activa, un funcionario del Ejército y varios menores de edad. 48 quedaron en prisión preventiva, ocho en internación provisoria en centro de menores y tres imputados quedaron con medidas menos gravosas.

Entre los administradores había un adolescente de 17 años, chileno, de iniciales J.O.H., bautizado como el Anti Yuta o Amaxi. El Anti Yuta era muy precavido de quién entraba a los chats que manejaba. Su celo no fue suficiente para que los detectives desbarataran la asociación dedicada al tráfico de armas.

El rol del Anti Yuta

Para el Ministerio Público fue clave infiltrar a varios agentes encubiertos en los chats de Telegram y WhatsApp. El joven, quien no tenía antecedentes penales, manejaba los grupos Colina 1, Armas fogueo Chile, Anti Giles, Armas fogueo Chile, Certeros5.7, Malditos de norte a sur, Artiartiarti y Gatilleros de Norte a sur.

En un informe policial de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado de la PDI, de fecha 7 junio de 2026 -al que tuvo acceso La Tercera-, los detectives definieron su rol.

“Se distingue su rol dentro de la organización como administrador de los grupos de Telegram, ostentando la facultad de control, dirección y supervisión sobre el funcionamiento del grupo utilizado como medio de coordinación de actividades ilícitas”, dice el texto.

Pero su función iba más allá. “No solo se limita a la eliminación o ingreso de integrantes, sino que administra diversas medidas de seguridad destinadas a asegurar el anonimato de los participantes, promocionando los seudónimos y la restricción de determinadas funcionalidades de la plataforma tales como bloquear las capturas de pantalla, lo que evidencia un modelo jerarquizado de gestión y un rol de liderazgo funcional dentro de la dinámica del grupo”, agrega el documento policial.

En un mensaje de abril de 2025 Anti Yuta dejó claro quién podía estar en el grupo: “Voy a ir sacando a la mayoría que no tenga foto de perfil (…), a los que no estén aportando. Iré haciendo limpieza. Cualquier persona que quiera unir a algún conocido o amigo, me tiran al DM a mí o ‘Cápsula’”. Este último contacto era un alias de su madre, quien también participaba del negocio.

Esas reglas también incluían el comportamiento de los participantes: “Les voy a pedir que igualmente tengan consideración que el grupo es para hacer tratos serios y no estar mandando contenido pornográfico ni mucho menos pelear sobre ese tema. Les pido por favor que respeten el ambiente que estamos creando como comunidad”.

Una vez que uno de los agentes encubiertos logró ingresar al chat, quien se bautizó como RAVZ, hizo uno de los primeros tratos de compras. Fue así como compró ocho municiones artesanales por $24 mil, las que le entregaron en la estación de Tren EFE San Bernardo.

Uno de esos quedó firmado en marzo de 2026, cuando uno de los agentes encubiertos, AG2, fue eliminado del grupo Criminales de Norte a Sur. La detención de dos sujetos encendió las alarmas del Anti Yuta.

El agente pidió explicaciones y la respuesta del imputado fue así: “Ya mira, voy, voy a mandar el audio a general, porque me da paja explicarle a todos los hueones que me han hablado. Dos compitas del grupo, que eran bien connotados, que hablaban mucho, terminaron cayendo en cana, ¿cachai’? Otro que estaban convicto con ellos, que trabajaban con ellos, también cayeron en cana. El problema es que la carpeta, la investigación que les hicieron, pa’ llegar a esos cabros, fue mediante los grupos, según lo que se tiene. Según lo que se tiene como sabido, no se sabe bien de qué grupo o de qué aplicación los contactaron, ¿cachai’? Si es que fue de WhatsApp, de Telegram, yo supongo que habrá sido por Facebook”.

En el informe queda claro que el joven, a sabiendas de su voz de niño, cambió el tono para aparentar ser mayor y así no ser objeto de cuestionamientos de los otros participantes.

El agente le pregunta por qué puso ese tono de voz. Su respuesta fue así: “Hay muchos hueones con los que yo no he hecho ‘tranzao’ en persona po’ hueón, que por ende no me conocen, y bueno vo’ sabí’ como son los hueones hermano, son buenos pa’ tirarla pelá’, entonces me pongo esa voz culia pa’ que no empiecen a hueviar de que este es cabro chico y la huea, porque me ha pasado, así que eso”.

Cuando los policías llegaron a su casa en La Cisterna, se percataron de que mantenía armamento: mira láser de arma, fundas de agarre táctico, stock para airsoft, empuñadura porta cargador, cargador de munición, varias pistolas y un arma larga tipo fusil.

Al imputado la Fiscalía Supraterritorial le comunicó cargos por los delitos de asociación criminal, dos delitos de tráfico de armas, tres delitos de tráfico de municiones adaptadas en calidad de autor.

El lunes, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial Miguel Ángel Orellana destacó lo resuelto por el tribunal. “Todas las solicitudes de medidas cautelares fueron concedidas por el tribunal de garantía de San Bernardo, que consideró que se encontraban acreditados plenamente, tanto los delitos por los cuales los imputados fueron formalizados, como su participación en los mismos”, dijo Orellana.

El Anti Yuta, al ser menor de edad, quedó con internación provisoria. “En el momento del balance, el Ministerio Público se encuentra satisfecho”, agregó el fiscal.