Diferente son los fenómenos delictuales que afectan al comercio, y van desde robos hormigas y hasta la actuación de mecheros. Pero similares, según revela un análisis realizado por ALTO Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), son los destinos de quienes comenten estos ilícitos.

Un convenio entre la empresa dedicada a la seguridad en el sector privado -como el retail- y la casa de estudios permitió realizar una investigación -basada en datos recogidos por ALTO durante la última década- para conocer el comportamiento delictual de quienes cometieron ilícitos en el comercio. Con dicha información, que se mantiene bajo confidencialidad, fue analizado a través de inteligencia artificial por parte de la PUCV, en un trabajo con académicos e investigadores de derecho e ingeniería.

Para llegar a los resultados, que serán entregados próximamente en un estudio y adelantados en el seminario Presente y Futuro de la IA en los Estudios Jurídicos, la casa de estudios y ALTO analizaron 139.000 casos de delitos que afectaron al retail entre 2015 y 2024.

De este análisis, según un adelanto del estudio, uno de los principales hallazgos fue que el 90% de quienes cometieron ilícitos en el comercio, por primera vez -es decir primerizos-, y que recibieron algún tipo de intervención del sistema penal, no volvieron a delinquir, según se detectó en la trayectoria delictual de esas personas.

La principal conclusión de dicho resultado, platean los investigadores, es que la reincidencia delictual de las personas disminuye una vez que el sistema de justicia actúa prontamente, lo que fue demostrado en aquellos casos en los que las personas accedieron a una salida alternativa como acuerdo reparatorio o suspensión condicional.

El gerente legal de ALTO Chile, Eduardo Hernández, destaca “el impacto que tienen las salidas alternativas, como acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales del procedimiento, en esta idea de evitar que se siga repitiendo el ciclo de infracción por parte de delincuentes primerizos”.

En esa línea, Laura Mayer, directora del programa de magíster en Derecho y Ciencias Penales de la PUCV, destaca que muchas veces “los cambios legislativos en materia penal se basan en suposiciones, y este estudio demuestra que no solo las condenas con penas más altas pueden tener efectos negativos, incluso la condena misma, sino que se podrían explorar otras alternativas distintas al juicio tradicional para poder enfrentar estos casos”.

Baja reincidencia

El mismo trabajo de ALTO y la PUCV también dará cuenta de estadísticas respecto de cómo la demora para aplicar acciones penales afecta las carreras delictuales.

Según los primeros hallazgos, la falta de consecuencia penal aumenta las probabilidades de que el imputado continúe cometiendo delitos. Además de eso, el estudio demuestra que a medida que más tiempo pasa desde que se cometió el delito hasta que se aplicó una sanción penal, existe más riesgo de reincidencia. Ejemplo de aquello, exponen las estadísticas, es que cuando una persona comete solo un delito, el número de reincidencia es del 46,8%. Cifra que aumenta al 66,5% cuando una persona ya cometió tres ilícitos.

En este apartado, afirma Hernández, “hay dos conceptos gravitantes: la oportunidad en la aplicación de una respuesta judicial a ese conflicto penal, y el segundo tiene que ver con transmitir una certeza al infractor que el sistema va a reaccionar y va a dictar una resolución en su contra”.

El gerente de ALTO añade que “la mezcla de esas dos variables, que son la oportunidad y transmisión de certeza frente al delito que acaba de cometer, es lo que condiciona que esa respuesta produzca el efecto de interrumpir la carrera delictual y evitar la falsa sensación de impunidad que se puede instalar en el infractor”.

Tiempos de respuestas

Uno de los principales factores que incide en la demora de la aplicación de algún tipo de sanción, dice Mayer, es el colapso en el sistema judicial.

En ese sentido, la académica plantea que “quizás los delitos contra la propiedad, como los menos lesivos como son los hurtos, deberían resolverse por otros cauces, como sanciones civiles o sanciones menos estigmatizadoras, como trabajos en beneficios de la comunidad, pero no pensar automáticamente en la cárcel, porque la cárcel empeora el problema”.

“El conjunto de los datos observados establece, básicamente, que la colaboración público-privada, es decir, configurando ciertas coordinaciones entre las víctimas, entre el Ministerio Público, y las policías, va a generar efectos que permiten acortar la brecha en términos de la obtención de buenos resultados”, concluye Hernández.