Impulsado originalmente en 2014 por el diputado Vlado Mirosevic, el proyecto para legalizar la eutanasia ha pasado de ser una moción individual a convertirse en una de las banderas que el gobierno del Presidente Gabriel Boric busca dejar como legado en materia de salud. Esto, de hecho, ha provocado que el Ejecutivo le ha acelerado su urgencia legislativa en varias ocasiones y ha sido motivo de alusión en sus cuentas públicas.

Sin embargo, pese al apoyo del gobierno y a una mayoría favorable entre senadores, el proyecto sigue estancado desde 2021. Hoy por hoy se encuentra en la Comisión de Salud del Senado.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA), parte de dicha comisión y quien se declara a favor de la iniciativa, atribuye este estancamiento al tenor del tema: “El Senado no se caracteriza precisamente por su velocidad para tramitar proyectos de ley, más aún cuando estos tienen controversias valóricas en la sociedad. La ciudadanía, según varios estudios de opinión pública, tienen una disposición favorable a su tramitación positiva y que se lleguen a acuerdos que lo hagan viable. Pero eso está en manos de la Comisión de Salud del Senado que lo despache y luego de la sala”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), explica que aún no han llegado a votar este proyecto porque han reordenado las prioridades en conjunto con el gobierno debido que están con varias iniciativas.

“No es por una cuestión ni valórica ni de principio ni de posturas personales. Sencillamente le preguntamos al gobierno cómo quiere que lo hagamos. Por reglamento las comisiones tienen que sesionar una vez a la semana. Nosotros estamos sesionando tres veces porque estamos con cuatro proyectos en simultáneo”.

Los referidos otros proyectos son uno de salud mental, otro el fortalecimiento de Fonasa y otro para abordar la preexistencia de enfermedades, además del de eutanasia.

En tal sentido, Flores detalla que “el proyecto de eutanasia, tal como lo acordamos con el ministerio, se le rebajó la urgencia. Aparte, tenemos proyectos con urgencia en paralelo. Estamos terminando el que moderniza los servicios de salud y cerrando la audiencia para votarlo en los próximos días. También estamos avanzando en el proyecto de salud mental, que tiene urgencia, y en una reforma constitucional. Inmediatamente después escucharemos a los invitados que cada senador definió para el caso de eutanasia”.

Así, proyecta que estarían votando este proyecto en agosto.

Pero el senador Juan Luis Castro (PS) afirma que “para la relevancia que tiene este tema, tan largamente postergado, me parece que los tiempos aún no están a la altura de la magnitud del problema. Espero un avance decidido y que esto se resuelva en esta legislatura, porque ya han pasado cuatro años desde que salió de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos años más hay que esperar para dar una discusión donde uno puede estar a favor o en contra?“.

Detalles del proyecto

Las últimas modificaciones que se le hicieron al proyecto fue hace poco menos de un mes. El 17 de junio la ministra de Salud, Ximena Aguilera, asistió al Senado para ahondar en el proyecto y hablar sobre esto.

La ministra detalló, entre otras cosas, que una vez que la ley esté vigente se creará un comité de “garantía y evaluación nacional” de la implementación de la eutanasia.

“Aquí no se trata de establecer un listado de enfermedades en las cuales se puede solicitar eutanasia. Existen los enfermos y no las enfermedades, por lo tanto son las circunstancias personales las que se deben considerar y no generalizaciones como listados de condiciones patológicas que llevan a la solicitud de la eutanasia”, explicó.

Sobre el proceso para solicitar la eutanasia, la secretaria de Estado aseveró que “hay una primera solicitud que se hace al médico tratante”, quien puede tener objeción de conciencia. Esta solicitud se da en el contexto de pacientes ya diagnosticados, cuya petición tiene como horizonte una práctica inminente de asistencia médica para morir, en casos de enfermedad grave o incurable.

La ministra detalló que se trata de una primera manifestación informal ante el médico tratante o cualquier miembro del equipo de salud. Si la solicitud es hecha a alguien que no sea el médico tratante, este deberá informarlo lo antes posible, y registrar la voluntad en la ficha clínica. A partir de ahí, se deben disponer —en un plazo mínimo de 15 días— las condiciones para una segunda manifestación de voluntad.

Esta segunda solicitud debe ser una reiteración expresa y contar con al menos dos testigos, los cuales no deben tener inhabilidades de orden patrimonial o funcional, según lo establecido por la ley.

Tras estas dos manifestaciones, el médico tratante debe llevar la solicitud al Comité de Garantía y Evaluación, que tiene la responsabilidad de verificar que se cumplan los requisitos legales, proteger los derechos del paciente y evaluar el mérito clínico del caso.

Nuevas modificaciones

En el paquete de enmiendas ingresadas por el Ejecutivo en junio se especifica que se tendrá la asistencia médica para morir en dos casos: “Uno es la administración por parte de un profesional sanitario de un fármaco que cause la muerte rápida y su administración debe ser bajo su supervisión; y dos, la prescripción y entrega de un fármaco que causa una muerte rápida para que se la pueda autoadministrar siempre bajo supervisión médica, lo que sería el suicidio asistido”.

A esto, se suma que “estarán exentos de responsabilidad penal el personal sanitario que participa en el procedimiento de asistencia médica para morir. De este modo se busca resguardar que no sean culpables del delito de homicidio ni del delito auxilio al suicidio”.