No solo el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (ind.), podría arriesgarlo todo en el Tricel. Y es que si la autoridad regional está a la espera de saber si el Partido Republicano consigue en los consejeros de Chile Vamos una firma más que respalde su requerimiento para destituirlo, ahora seis actuales concejales de Santiago presentaron este miércoles un requerimiento ante el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana para que se declare la inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos de la exalcaldesa de la comuna Irací Hassler (PC). ¿El motivo? Un presunto notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa durante su gestión entre 2021 y 2024.

El escrito, ingresado con el patrocinio del abogado Marcelo Brunet, detalla al menos cinco casos que -a juicio de los requirentes- configuran un actuar reiterado y negligente de parte de la exautoridad comunal.

Entre ellos dan cuenta de supuestas irregularidades en la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), la cuestionada compra frustrada de la Clínica Sierra Bella, la entrega anticipada y sin respaldo contractual de tarjetas de alimentos, la ausencia a las sesiones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) y una planificación presupuestaria 2025 “sin respaldo técnico suficiente”.

Los concejales Luis Fernando Mackenna (UDI), Carolina Prieto, Vicente Martínez (republicanos) y María José Ramírez (RN), además de Santiago Mekis y Juan Mena (ambos RN), quienes actualmente integran el Concejo Municipal de Santiago, solicitan que el Segundo Tribunal Electoral Regional (TER) declare que Hassler no pueda ejercer ningún cargo público durante cinco años, aludiendo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Un hecho que de concretarse podría afectar la carrera parlamentaria que busca la militante comunista.

Consultada por La Tercera, la exalcaldesa califica el requerimiento como “un hito más en la persecución” de la que -asegura- ha sido objeto.

“He enfrentado diversas instancias que no han derivado en ninguna responsabilidad penal ni administrativa en mi contra, por lo que estamos ante el uso instrumental de este procedimiento electoral con el fin de obstaculizar mi legítima aspiración de continuar aportando al país desde la política nacional y eventualmente desde el Congreso”, afirma.

En el escrito de 54 carillas los concejales argumentan que, si bien ya cesó en su cargo, las acciones cometidas durante su mandato ameritan una sanción de ese tipo para “proteger la integridad de la administración pública” y “evitar la impunidad”.

“La renuncia no exime de responsabilidad”, afirma el texto, que insiste en que los hechos descritos constituyen infracciones al principio de probidad y un abandono reiterado de funciones que “afectaron gravemente el patrimonio y la actividad municipales”.

Uno de los ejes centrales del requerimiento son las observaciones detectadas por Contraloría respecto a las millonarias transferencias a Cordesan -más de $8.700 millones en 2023 y otros $7.300 millones en 2024- sin controles adecuados, sin publicación en el Registro Central de Colaboradores del Estado y con rendiciones de gastos sin respaldo. Según los concejales, el municipio “nunca fiscalizó” el uso de esos recursos.

Incluso se alude a un “daño irreparable a la imagen” tanto de Cordesan como del municipio. La administración de Hassler, acusan, no adoptó medidas correctivas pese a las advertencias reiteradas de la Dirección de Control, generando una orden de reintegro por más de $3.300 millones y un embargo de $270 millones.

El documento también vuelve sobre la polémica adquisición de la ex Clínica Sierra Bella, cuya investigación fue cerrada hace algunas semanas por el Ministerio Público, apuntando que no hubo delito. Sin embargo, en el requerimiento los concejales aseveran que la operación —cuestionada por la Contraloría por sobreprecio, ya que se compró en $8.252 millones cuando meses antes había sido adquirida en $2.200 millones— también careció de la autorización del Ministerio de Hacienda. Sostienen, además, que se intentó concretar “sin licitación pública” y con tasaciones “sin trazabilidad”, lo que califican como una falta directa al principio de probidad.

El informe sostiene que “la imagen pública de la Municipalidad de Santiago resultó gravemente dañada” y acusa a Hassler de haber intentado seguir con la compra pese a los reparos del ente contralor, lo que derivó en el embargo de un vale vista por más de $2.400 millones.

Otro episodio que sustenta el requerimiento es la entrega anticipada de 4.195 tarjetas de alimentos en junio de 2024, más de un mes antes de firmar el contrato con el proveedor. Además de cuestionar el procedimiento, Contraloría observó la falta de criterios verificables para elegir a los beneficiarios y criticó que se usara el nombre de la alcaldesa en los volantes promocionales del programa.

“El interés personal fue más fuerte que el respeto por la legalidad”, sostienen los concejales.

El requerimiento apunta también a la ausencia de Hassler en las sesiones del COSOC en 2024, órgano que -según la ley- debe ser presidido por la alcaldesa al menos cuatro veces al año. “No hay registro alguno de que haya asistido a una sola sesión”, dicen.

Finalmente, se cuestiona el diseño del presupuesto 2025, elaborado por su administración, que —según la acusación— no consideró los ingresos reales y generó un “desequilibrio estructural” que condicionó la gestión de su sucesor, el hoy alcalde de la comuna Mario Desbordes (RN).