Pocos minutos antes de las nueve de la mañana de este lunes, llegó hasta el Centro de Justicia el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa. El oficial (r) de la policía civil arribó, precisamente, hasta el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago donde se llevará a cabo el juicio en su contra por una serie de delitos vinculados a hechos de corrupción.

Espinosa es acusado por el Ministerio Público de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Por este último delito también se llevó a juicio a su esposa, María Magdalena Neira. Los dineros malversados por el otrora máximo oficial de la PDI, habrían provenido de los gastos reservados de la institución, de los cuales una parte se habría desviado a las cuentas personales de Espinosa.

Pese a la acusación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la que pide 20 años de cárcel en contra de Espinosa y cinco en contra de Neira por malversar $ 146 millones, en su llegada al Centro de Justicia, el oficial en retiro aseguró que “yo soy absolutamente inocente, lo voy a probar con mi abogado en el transcurso del juicio”.

“Yo fui un director, estuve 42 años en la institución, cumplí mi periodo completo. Fui confirmado por dos Presidentes de la República, hice un trabajo en que posicioné a mi institución hasta el día de hoy”, agregó Espinosa, quien finalizó sus declaraciones ante la prensa sosteniendo que ha enfrentado este proceso “con mucha tranquilidad, la tranquilidad que me da el no haber cometido ningún delito”.

Un inicio postergado

La audiencia de apertura del juicio oral en contra de Espinosa estaba programada para las 9 horas. Sin embargo, sufrió un retraso por temas rutinarios del tribunal. Posteriormente, y ya iniciada la instancia, la defensa del oficial (r), el abogado Marcelo Torres, planteó la solicitud de sobreseimiento, la que fue rechazada por el tribunal, dado que ya se había revisado aquello incluso en la Corte de Apelaciones de Santiago, la que también lo desestimó previamente.

Posterior a eso, y ya pasadas las 11 horas, el juez Cristián Soto comenzó a leer un resumen del auto de apertura de 683 páginas, además de la postura de los querellantes: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el excomisario de la PDI Germán Vásquez, representado por el abogado Miguel Ángel Reyes.

El magistrado comenzó a detallar la investigación encabezada por el fiscal Miguel Ángel Orellana, en la que se pudo determinar que días después de asumir como director general, en 2015, el oficial que posteriormente crearía la Unidad Anticorrupción de la PDI, comenzó a desviar los fondos de los gastos reservados a sus cuentas.

El mecanismo de Espinosa habría consistido en que luego de que la Dirección de Presupuesto (Dipres) entregaba dichos recursos reservados, un oficial que ayudaba al director general, iba a retirar el dinero a una sucursal del BancoEstado, para llevarlos hasta el edificio institucional donde Espinosa destinaba el dinero a las diferentes unidades, dejando un saldo a su favor. Ese dinero posteriormente era depositado en sus cuentas personales, así como también en la de su esposa.

“Los acusados Héctor Espinosa Valenzuela y María Magdalena Neira Cabrera, a sabiendas del origen ilícito de los dineros provenientes de la malversación, habrían realizado diversas maniobras para ocultar o disimular dicho origen e integrar estos fondos al sistema económico y financiero formal”, leyó este lunes el juez Soto respecto a la parte que habla del delito de lavado de activos en el auto de apertura.

Además de eso, en el caso particular del exdirector, también se le acusa de falsear sus declaraciones de gastos reservados a la Contraloría. Esos hechos, a juicio de la Fiscalía, constituyen el delito de falsificación de instrumento público.

A raíz de estos ilícitos, el Ministerio Público solicitó -por el delito de malversación de caudales públicos- 10 años de cárcel más una multa de 15 UTM ($ 692.650). Por la falsificación de instrumento público, cinco años de presidio y por el lavado de activos, cinco años años más y una multa de 200 UTM ($ 13.853.000). Para Neira se pide una condena de cinco años de cárcel por el delito de lavado de activos, así como también una multa por los mismos 200 UTM. Al matrimonio, además, se le pide incautar dos bienes inmuebles.

Una causa extensa

La investigación de la Fiscalía Oriente logró determinar que en 2016, tras una revisión del Banco de Chile a Espinosa y su esposa, se pudo advertir de reiterados depósitos en las cuentas corrientes de ambos, lo que generó la alerta de la entidad bancaria, la que a su vez lo remitió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Dicha entidad, pese a que recibió la información en 2017, remitió los antecedentes el 2020 al Ministerio Público, la que lo formalizó el 2021, instancia en la que se decretó la prisión preventiva del imputado, quien alcanzó a estar 10 días tras las rejas recluido en un cuartel de la PDI. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario nocturno.

La causa en contra de Espinosa se ha extendido desde entonces, ya que además de la complejidad de la investigación que suma 35 tomos, la defensa de Espinosa -previamente representada por Luis Hermosilla- incluso recurrió hasta el Tribunal Constitucional (TC).

Pero el juicio también se prevé extenso. Si bien inicialmente se había pedido al tribunal un plazo de 90 días, la Fiscalía finalmente informó que el juicio se extenderá por 45 días. Para esta etapa el ente persecutor presentará 81 testigos, tres peritos y más de 2.500 documentos. Por parte de la defensa de Espinosa, además, se citará a 19 testigos, mientras que su esposa presentará otros ocho más.

Este martes se prevé que tanto la Fiscalía como los querellantes y la defensa comiencen los alegatos. El fiscal Orellana destacó que “la Fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”. Según Orellana, el equipo de persecutores está confiado de que van “a tener fuerza suficiente para formar convicciones en el tribunal, acerca de que los delitos que la Fiscalía dice que ocurrieron y que tanto don Héctor Espinosa como doña María Magdalena Neira tuvieron participación en ellos”.

Reyes, uno de los querellantes, por su parte afirmó que esperan que “se pueda probar y pueda haber una condena ejemplarizadora”, ya que el exdirector destinó recursos de las diferentes unidades de la PDI a sus cuentas.

En esa línea, el abogado explica que representa al excomisario que fue removido por Espinosa y reintegrado por la justicia, dado que buscan expresar “el sentir de los funcionarios de la PDI, quienes vieron cómo se había malgastado el dinero, se había destinado para temas que no correspondían y cómo eso afectaba el actuar de los funcionarios”.