Un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada de Copiapó, que rechazó la solicitud de desafuero del expresidente Gabriel Boric, presentó el exdirector del SLEP Atacama, Daslav Mihovilovic Pérez.

La acción judical busca que se declarare que sí existen antecedentes suficientes para autorizar la formación de causa en contra de Boric, respecto de la querella por el delito de injurias graves con publicidad.

Cabe recordar que el pasado 12 de mayo la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la acción por considerar que las conductas que se atribuyen al exmandatario y los antecedentes aportados no alcanzaban a generar un estándar de convicción suficiente para justificar la existencia del delito y para privarlo del fuero que lo resguarda.

El fallo estableció que “respecto de la frase que se estima injuriosa, esto es ‘qué bueno que echamos al director del SLEP’, se observa se trata de comentario crítico a la gestión del querellante en cuanto al cargo de exclusiva confianza que detentaba, de lo cual no se advierte el elemento subjetivo que exige el artículo 416 del Código Penal para estimar que dicha expresión fue proferida con un ánimo especial de deshonrarlo”.

Con esta nueva acción, Mihovilovic busca que la Corte Suprema revierta la decisión y se acoja el desafuero para poder seguir adelante con la querella contra el exmandatario.

“Lamento el fallo que interpreta las palabras del expresidente Gabriel Boric, pues si bien reconoce que no existieron recursos públicos comprometidos, concluye que el exmandatario no tuvo intención de desacreditar a una persona determinada, sino únicamente de cuestionar el desarrollo de una actividad, pese que en sus palabras siquiera mencionó alguna actividad en particular”, explicó el exdirector del SLEP nortino.

A su vez, el abogado de la exautoridad, Raimundo Palamara, sostuvo que: ”Nos resulta profundamente sorprendente que hayan calificado los dichos del expresidente Gabriel Boric como una simple crítica general a una actividad que, en realidad, ni siquiera fue mencionada de manera referencial en sus declaraciones contra mi representado".

Añadió que “lo grave de este fallo es el precedente que instala: que la máxima autoridad del país pueda afectar públicamente la honra de un ciudadano, arrastrar su dignidad ante la opinión pública y luego quedar amparada bajo la excusa de una supuesta crítica política o institucional. Eso no fortalece la democracia y debilita nuestro Estado de Derecho”.