Desde que estalló el caso Audio, a mediados de 2023, la indagatoria rápidamente se transformó en una causa compleja y con diversas aristas. Dicha situación no ocurrió sólo por los hechos que se investigaban y que incluso salpicaron al Poder Judicial, sino que también por las esquirlas que la tramitación de esta causa fue dejando al interior de la Fiscalía.

A lo largo de la indagatoria, la defensa del abogado Luis Hermosilla, encabezada por su hermano, Juan Pablo Hermosilla, cuestionó directamente el rol del Ministerio Público, ya sea el de la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, así como también del propio jefe del ente persecutor, el fiscal nacional Ángel Valencia.

Así fue como en julio de 2025 la defensa de Hermosilla inició una arremetida judicial en contra de Valencia, presentando una querella por el delito de violación de secreto por presuntamente exponer información reservada del caso Audio.

A poco más de un año de investigación de esa arista, la Fiscalía Regional del Ñuble, que tuvo a cargo la indagatoria en contra del máximo persecutor, comunicó al tribunal el cierre de la indagatoria y descartó presuntos ilícitos de parte de Valencia.

El origen de la pugna

La querella de Hermosilla se originó luego de que en abril de 2024 el fiscal Valencia participara de una entrevista en CNN Chile. Al ser consultado sobre el caso, el persecutor afirmó que Hermosilla ya no figuraba como un testigo del caso Factop -causa de origen de Audio-, sino que era imputado.

“El abogado Hermosilla tendría la calidad de imputado y no de testigo, particularmente por las imputaciones que se hacen a propósito de lavado de activos, pero si eso se traduce o no pronto en una formalización, eso depende del interés y la necesidades propias de la causa”, afirmó Valencia en televisión.

Poco más de un año después, Hermosilla tomó esos dichos para querellarse en contra de Valencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

A juicio de la defensa de Hermosilla, dar a conocer el cambio en su calidad jurídica “se trata de antecedentes que tienen carácter secreto y reservado, y cuya revelación, atribuible al fiscal nacional tras ser informado por el equipo de anticorrupción, ha comprometido seriamente los intereses públicos de la investigación”.

No se puede fundar una acusación

Dicha indagatoria quedó a cargo de la entonces fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, misma repartición que ingresó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para comunicar el cierre de la indagatoria.

Según el escrito ingresado por la propia fiscal Mansilla a mediados de julio, justo antes de concluir su periodo, se informó al tribunal que “se ha decidido cerrar la investigación”, lo que fue notificado -a su vez- a las partes.

La persecutora -que ahora ejerce en la jurisdicción Centro Norte como fiscal adjunta- afirmó que “esta Fiscalía ha decidido no perseverar en este procedimiento”. Según detalló, las razones de dicho cierre se deben a que “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

A raíz de dicho requerimiento de la persecutora, el tribunal fijó para el próximo 25 de septiembre una audiencia de comunicación de la decisión de no perseverar.