Una serie de cuestionamientos ha generado la nominación del diputado Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad. Las críticas que han surgido luego de que La Tercera diera a conocer las sociedades que comparte el parlamentario por la Región de La Araucanía con diferentes empresarios, quienes han sido formalizados o imputados en causas penales por presuntos delitos vinculados a hechos de corrupción.

Todas son sociedades que se constituyeron, no han sido disueltas y a la fecha ninguna se encuentra activa ya que nunca iniciaron actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). En particular, Jouannet comparte dos sociedades con Emilio Yang, empresario chino imputado por tráfico de influencias en la causa que se indaga a la senadora electa, Karol Cariola (PC). A esta firma se suma Impresiones Quizapú Limitada, constituida en 2015, en la cual el futuro subsecretario de Seguridad es socio de Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas.

Los otrora socios de Jouannet fueron integrantes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden), gremio que fue investigado por financiar irregularmente la política en 2019.

Pero en el caso de Salazar, además, ha sido indagado por su participación en el mercado ilegal de las casas de apuestas online como representante de EstelarBert. Sin embargo, Salazar recientemente sumó una nueva causa judicial, también relacionada a las apuestas online.

A pesar de aquello, en el futuro gobierno han apoyado la nominación de Jouannet argumentando que estas sociedades no están activas. Una posición que también ha seguido el presidente electo, José Antonio Kast, quien lo blindó afirmando que tenía “la mejor opinión de nuestro subsecretario”. Lo mismo hizo la futura ministra Trinidad Steinert, quien cerró filas con su subsecretario.

La nueva causa

El otrora socio del próximo subsecretario, cuenta con una nueva causa por el mercado de las apuestas, luego de que la semana pasada, Polla Chilena de Beneficencia presentara una querella en contra de nueve sujetos ligados a la casas de apuestas, entre los que se encuentra Salazar. El organismo fiscal acusa a todos los imputados de los eventuales delitos de asociación criminal y lavado de dinero.

El abogado que representa a Polla Chilena es Isidro Solís. Lo paradójico es que el exministro de Justicia se terminó querellando en contra del otrora socio de su propio compañero de partido. Si bien Amarillos entrará en proceso de disolución, la colectividad fue liderada por la dupla Jouannet-Solís, en los cargos de presidente y primer vicepresidente.

A raíz de esta acción judicial, a finales de la semana pasada, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella y la derivó al Ministerio Público. Fuentes del órgano investigador comentan que la indagatoria quedará en manos de la Fiscalía Oriente, repartición del Ministerio Público encabezada por la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.

A pesar de que en dicho juzgado existe la constancia de que esa Fiscalía asumirá la causa, fuentes del Ministerio Público afirman que el requerimiento judicial aún no ha llegado a la Fiscalía Oriente, por tanto, la indagatoria aún no tiene un persecutor a cargo, pero lo más probable es que llegue a manos del fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda.

La querella contra Salazar

En la acción penal ingresada por Solís, a Salazar se le acusa de ser el representante y dueño de la sociedad Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA, más conocida como Pagadoor.

Polla Chilena acusa a Salazar y al resto de los imputados de los delitos de asociación criminal, ya que habrían instalado “una verdadera organización que gira en torno a la comisión de otros delitos, cuales son justamente los relativos a la conducta del juego y la apuesta”.

A juicio de la entidad, “la existencia de estructura jerarquizada, comunicación e instrumentos y distribución de funciones, sin perjuicio de lo que se llegue a indagar por el ente persecutor, desde luego concurre y de ello da cuenta la sofisticación que ha alcanzado este negocio, en que se llega a celebrar contratos de publicidad, como antes se expresó, sino que también justamente contratos para los efectos de hacer financieramente viable este negocio ilícito, precisamente con los PSP”.

“Dado el sistema de funcionamiento empresarial, este delito se comete justamente a través de un sistema jerarquizado, en que los PSP se comprometen a seguir las instrucciones entregadas por los ‘clientes’ (sitios de apuestas) conforme a la información que ellos mismos remiten, para acreditar o debitar dineros en cuentas bancarias o financieras de sus clientes en Chile, proceso que no es autónomo, sino que está sujeto a los términos de los contratos suscritos”, agrega.

El otro ilícito del que acusan a estas empresas es el de lavado de activos, toda vez que “la génesis mediata de los muchos recaudados a través de actividades ilícitas de juego y apuesta, se procesan por estos PSP, para luego ser remitidos a entidades extrajeras que dirigen este mercado ilícito, sin perjuicio de lo cual, se pagan también a apostadores chilenos importantes sumas de dineros, a título de premios, sumas que conforme al art. 279 del Código Penal, deben caer en comiso y que además, a todas luces, al provenir de transacciones que tienen objeto ilícito, debiesen tener el mismo destino, incluso desde la óptica civil”.