Este viernes la Fiscalía Metropolitana Oriente concretó el ingreso de la solicitud de formalización en contra del ahora exdiputado, Joaquín Lavín León (exUDI). En el escrito presentado por la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, expone que al exparlamentario se le imputarán los delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

Ante dicho requerimiento, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 4 de mayo a las 9.00 horas la audiencia en la que el Ministerio Público le comunicará las imputación y solicitará las medidas cautelares en contra del también cónyuge de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La solicitud del Ministerio Público se da luego de que la Corte Suprema ratificara y acogiera la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía dado la calidad de parlamentario que tenía Lavín León. En esa ocasión, el mismo Ministerio Público había expuesto los delitos y hechos por los cuales buscaba formalizar al exdiputado.

La fiscal Parra destacó que “la causa nace en el contexto del fraude al fisco investigado en contra de la exalcaldesa de la ilustre Municipalidad Maipú. En esa investigación se dieron cuenta de diversos antecedentes en las cuales estaba involucrado el exdiputado Joaquín Lavín León. Por ello se separó la investigación y se comenzó a realizar una nueva, en la cual a raíz de diversos antecedentes se pudo constatar otros delitos”.

Al igual que el exUDI, la Fiscalía también pidió formalizar a Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Lavín León; a Felipe Vázquez, empresario informático y Juan Silva, también empresario involucrado en la causa. Domínguez, al igual que al exdiputado, se le formalizará por fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho agravado y delitos tributarios. Mientras que ha ambos imputados se les imputarán fraude y delitos tributarios.

En esta causa, también son querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE), así como también la Municipalidad de Maipú. Ambas reparticiones públicas, al igual que la Fiscalía, también habían pedido el desafuero de Lavín León.

Los cargos

En su solicitud de desafuero, el Ministerio Público comunicó la serie de hechos por los que -en aquel entonces- buscaba formalizar a Lavín. Uno de los primeros hechos, y por los que se imputa fraude al Fisco, se relaciona a la relación del exdiputado con la empresa Modo74, de propiedad de Felipe Vázquez, la cual habría desarrollado una plataforma para candidatos.

Según la Fiscalía, el desarrollo de esa plataforma fue “financiado en su totalidad con fondos públicos del Congreso”y que “el imputado no solo mantiene un interés personal y político en la empresa Modo74 y en su plataforma Socialtazk, sino que también se ha podido detectar que el desarrollo de la aplicación fue desde un inicio concebido para la obtención de importantes beneficios económicos y societarios, para él y otros miembros de su familia”. Este hecho, habría generado una defraudación que ascendería a más de $93 millones.

El siguiente cargo, relacionado a los ilícitos de fraude y falsificación de instrumento privado mercantil, corresponde a la presentación de documentación falsa para financiar ilícitamente la campaña electoral del exdiputado. En esta arista se vincula al empresario Juan Silva, quien habría emitido facturas por supuestos servicios de imprenta.

En la querella presentada por el CDE, “en efecto, los querellados se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno relacionado con las funciones propias del ejercicio del parlamentario”. A juicio de la Fiscalía, “estas maniobras ocasionaron un perjuicio fiscal que asciende al menos a $104.271.784″.

Un último hecho que se le imputa al exdiputado, sobre el delito de tráfico de influencias, se relaciona al rol de “alcalde en las sombras” que tenía durante la administración de Barriga en Maipú.

“Se constató que desde el inicio de la administración municipal de su cónyuge, el imputado, quien es diputado del distrito, se interesó tanto económica como políticamente en diversas operaciones y contratos, contexto en el que valiéndose de su especial posición como diputado de la República y de su vínculo personal con la máxima autoridad municipal, influyó en diversos funcionarios públicos municipales con el objeto de que estos tomaran decisiones favorables a sus intereses dentro de la Municipalidad de Maipú”, señaló la Fiscalía en su solicitud de desafuero.