Fiscalías regionales pedirán a tribunales suspender la medida cautelar de firma semanal y mensual por el Covid-19

audiencia Centro de Justicia

A la acotación de solicitudes de prisión preventiva por parte del fiscal nacional se suma ahora otra medida adoptada por el Ministerio Público para evitar contagios: suprimir durante la pandemia el cumplimiento de firma presencial y imputados.




En el marco del decreto del Ministerio de Salud que pide al Poder Judicial y al Ministerio Público colaboración para el resguardo de la salud pública en base a la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del Covid-19, los fiscales regionales del país acordaron solicitar a los tribunales la suspensión de la medida cautelar de firma mensual y quincenal.

El objetivo, dicen quienes conocen de esta iniciativa al interior de la Fiscalía de Chile, es que durante el periodo de alerta sanitaria quede suprimida esta medida que tiene por finalidad el controlar y asegurar la comparecencia de imputados a actos del procedimiento penal. Lo mismo ocurre con aquellas personas que optando a una salida alternativa al juicio oral deben firmar ante dependencias del Ministerio Público o de comisarías durante un año como condición para no seguir adelante con el proceso penal en su contra.

Como ambas medidas son dictadas por tribunales, las fiscalías acordaron pedirle al Poder Judicial que deje sin efecto estas diligencias, ya que son trámites que aglutinan a personas dentro de un mismo recinto, incumpliendo entonces una de las principales medidas para evitar la propagación del coronavirus que es el distanciamiento social. La petición de los fiscales regionales, que se concretaría en los próximos días, busca evitar las aglomeraciones, uno de los lineamientos que además ha sido promovido por la propia Corte Suprema ante la pandemia.

La petición de suspensión de este régimen cautelar surge como una preocupación de los fiscales del país para colaborar con el resguardo al derecho de salud de la población, por tanto, se pedirá a los jueces de garantía actuar de oficio, es decir, sin fijar audiencias y dejar sin efecto esta obligación que tienen imputados sujetos a investigaciones y aquellos a los que se le ha dictado una suspensión condicional del procedimiento. Se pedirá, asimismo, reactivar estas medidas una vez que el estado de excepción constitucional haya expirado.

Ya la semana pasada la Fiscalía había acordado no oponerse a la sustitución preventiva en casos de delitos menos graves.

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