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¿Flota el FES? Pese a cambios del Ejecutivo al proyecto, expertos difieren si alcanzan y gobierno de Kast aún se resiste

El Mineduc transparentó a los senadores de la Comisión de Educación los lineamientos de las indicaciones que pretende ingresar, los que buscan hacerse cargo de algunas de las severas críticas a la iniciativa. Sin embargo, diversos actores que han participado del debate aún no coinciden si es que son suficientes.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Después de reunirse la mañana de este jueves con el presidente Gabriel Boric, el mandatario electo José Antonio Kast fue claro en torno a dos debates legislativos prioritarios para el actual Ejecutivo. “Para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, como el FES y el tema de la Sala Cuna, tenemos que estar seguros de que contamos con los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste", dijo.

En tal sentido, Kast puso en duda que los dos proyectos -muy sentidos para el oficialismo- avancen antes del cambio de mando: “No necesariamente se alcanza a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, y nuestra mirada es que, para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y en la administración del gobierno (...) Creemos que analizar, sentarse y dialogar en el tiempo es muy relevante“.

Las dudas en torno al FES en el mundo del futuro oficialismo son evidentes. Y han sido palpables a lo largo de toda la discusión. Pero hoy el debate también se va apartando de lo técnico, y con menos de dos meses de mandato por delante comienza a ponderarse si vale la pena acelerar su marcha, considerando además que el proyecto ni siquiera ha sido votado en su idea de legislar en la Comisión de Educación del Senado. En adición, María Paz Arzola, la elegida para asumir el Ministerio de Educación con Kast, tiene una mirada crítica de la propuesta. Y así, en los sectores de derecha ahora también van calculando todo lo relativo al fin del CAE con la vara política y no solo la técnica. Eso también lo tienen claro en el oficialismo.

El actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo al respecto en Radio Duna que “si no es un 100%, el 99,9% de temas ya están resueltos, es decir, una controversia desde el punto de vista técnico no tenemos. Hoy día solo requerimos de la voluntad política de poder decir ‘OK, vamos a avanzar en esto o no’”. Y añadió: “Los parlamentarios también observan con mucha atención las señales del presidente electo, de los equipos políticos de La Moneda chica. Naturalmente, todos están observando aquello”.

Tras reunirse con Boric, Kast dijo este jueves que para avanzar en los proyectos es necesaria una validación técnica entre los expertos económicos de los gobiernos entrante y saliente. “Esperamos que en estos días los distintos entendidos en materia económica puedan reunirse, avanzar ahí para ver cómo viene el tema de los aportes necesarios para políticas que son permanentes en el tiempo", señaló.

Cambios

En el afán de lograr esos acuerdos, el gobierno, con injerencia directa del mismo mandatario, optó por ceder todo lo que hasta hace poco se defendía con ahínco. Los límites se corrieron hacia la oposición y hacia los críticos de la propuesta, lo que llevó al Ejecutivo a trabajar indicaciones que, si bien no serán ingresadas hasta que se vote la idea de legislar, fueron oficializadas en la sesión de este miércoles de la Comisión de Educación del Senado.

Esas modificaciones, las que habían sido adelantadas por La Tercera, apuntan, entre otras, a un límite más bajo de la obligación de pago (de 3,5 a 2 veces el costo de la carrera) y la habilitación de un prepago; a abrir el copago para todos los deciles excluidos en el proyecto original; a la reposición de algunas becas; al financiamiento con FES a estudios de posgrado y escuelas matrices de Fuerzas Armadas; a resguardar explícitamente la autonomía institucional; a reemplazar la obligación de publicar las nóminas de personal y remuneraciones por cargos y dotaciones de personal con bandas y tramos; a incorporar un aporte complementario anual a instituciones del Consejo de Rectores, o a eliminar la regulación de vacantes de beneficiarios que acceden al FES, entre otros cambios.

Pero algunos de los más de 20 expositores del FES que han entregado su mirada en el Senado, entre expertos, rectores y exautoridades, no se ponen de acuerdo en si estos posibles cambios son suficientes para que el proyecto prospere.

Para Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y miembro del Consejo Nacional de Educación, los cambios “son acertados, modificando de forma sustantiva el sistema de financiamiento y resolviendo los nudos críticos”. En tal sentido, cree que el nuevo FES aborda todos los puntos críticos y ve que hoy se tiene la oportunidad de resolver el problema del CAE, por lo que “es de esperar que prime la razón a la ideología”.

En una línea similar, Carlos Williamson, director de Clapes UC y también miembro del Consejo Nacional de Educación, primero contextualiza que “en una decisión sorprendente, el gobierno entregó el tema del copago y está básicamente de acuerdo en llegar a una suerte de crédito con pagos contingentes y tasa de interés”. Además, del nuevo proyecto destaca que el Ejecutivo fija un tope de pago, pero que aún hay que fijar una tasa y eventualmente exigir rebajar aún más el tope de pago “para eliminar cualquier vestigio de impuesto al graduado”. Todos esos cambios, concluye, derivan en un proyecto “básicamente de solución al CAE, que sería lo más valioso, más condonación acotada. A mi juicio, corresponde hacer un último esfuerzo para ver si se puede legislar”.

Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, cree que los cambios se hacen cargo “tanto de la mayor parte de las propuestas realizadas por el Cruch para mejorar el proyecto, como de las aprensiones que el sector privado no regulado había manifestado especialmente en términos de copago”. Y suma: “Nos parece extraordinariamente relevante que, confluyendo ahora en torno a este conjunto de mejoras la mayor parte de las voluntades, podamos superar el CAE como política pública, que se ha vuelto insostenible. Hacemos un llamado a que, sobre la base de estas indicaciones, pueda avanzarse en la legislación y no dejar pendiente este problema para un próximo gobierno”.

En una línea similar, para Juan Yuz, rector de la U. Federico Santa María y presidente de la Red G9 de universidades, las modificaciones “acogen de manera muy sustancial las inquietudes que hemos planteado desde el Cruch y que hemos discutido ampliamente en la Red G9. Como hemos indicado anteriormente, el CAE no es sostenible y el FES, con los cambios que se introducirían con las modificaciones anunciadas, creo que es una alternativa viable y espero que pueda avanzar en su trámite parlamentario.”

Otro rector que ha expuesto a lo largo de la discusión es Carlos Saavedra (U. de Concepción). Él valora que los cambios abordan los aspectos esenciales que se han hecho ver. “Este conjunto de indicaciones, además de las otras modificaciones propuestas, lo convierte en un proyecto viable, por lo que respaldo su avance en esta etapa de la discusión legislativa”, asevera, aun cuando advierte que una vez conocida la redacción final de las indicaciones podrán referirse al apoyo específico o la necesidad de efectuar cambios puntuales.

Por su parte, Harald Beyer, exministro de Educación y quien junto a Andrea Repetto acompañó al rector de la UC Juan Carlos de la Llera a exponer al Senado el lapidario informe sobre el FES que encomendó, dice que lo anunciado por el gobierno “es un gran avance”, pero que ahora “hay que observar, indudablemente, cómo quedan escritas las indicaciones”. Señala, eso sí, que le preocupa “el costo fiscal, que aún desconocemos”, y que hay cosas que requieren más precisiones, como la obligación jurídica que se crea, al carácter del prepago y su costo que no está bien definido, o liberar el copago en decil 9 solo para las universidades de excelencia, lo que “parece discriminatorio y perjudicial para las que legítimamente aspiran también a ser de excelencia”. En todo caso, concluye, esa apertura a cambios y si los costos fiscales son razonables, “posibilita un acuerdo”.

Pero también hay miradas -aún- críticas, divergentes y que creen que todavía falta mucho.

Por ejemplo, Matías Acevedo, exdirector de la Dipres en Piñera II, es tajante y asevera que si bien “la posición del gobierno se ha ido acercando a lo que todos hemos dicho desde el principio”, todavía ve “fundamental para siquiera seguir discutiendo este proyecto el conocer la situación fiscal real que tenemos”. En línea con eso, dice que el gobierno ha fundamentado que el FES es más barato que el CAE, “pero eso es totalmente insuficiente, porque hay que aspirar a un sistema lo más barato posible, y al CAE le va a ganar a cualquier propuesta”. De los cambios que se vienen, analiza que el FES ahora se trata de asimilar a un crédito, “pero sigue siendo un impuesto a los graduados porque aún sale más caro pagar dos veces mi carrera y esa diferencia es un impuesto”. Además, ve que por el lado de los aranceles, al hacer una diferencia entre universidades adscritas a FES con o sin gratuidad, “el gobierno les sigue metiendo mano a los aranceles”.

Juan Eduardo Vargas, rector de la U. Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior, expone que los ajustes anunciados “no modifican sustantivamente la mirada crítica que hemos planteado desde el inicio. Si bien desde el Ejecutivo se han propuesto incorporar correcciones parciales y a último minuto, este proyecto mantiene intactos gran parte de sus problemas estructurales y por los cuales hemos levantado la voz”. Entre estos enumera un esquema de retribución que sigue considerando un impuesto al graduado, un costo fiscal no sincerado o un trato “diferenciado que sigue beneficiando” a las universidades tradicionales. Todo lo anterior, asegura, sigue afectando la sostenibilidad y autonomía de las instituciones, y compromete la calidad del sistema. “Por lo mismo, nuestra preocupación de fondo se mantiene”, cree. Y cierra: “El proyecto no se refiere como un ‘crédito contingente al ingreso’. Mientras ello no ocurra, por más contratos que se exija firmar entre estudiante y Estado, el FES no debiera contabilizarse como un activo. El proyecto debe reconocer que la deuda educativa no es inmoral, como durante tantos años se quiso hacer creer”.

Santiago Montiel, investigador de Horizontal, dice que la nueva propuesta del gobierno “es un avance, pero sigue presentando riesgos en algunos aspectos claves”. Como positivo destaca que la propuesta ya no contemple aumentar la regulación de aranceles y vacantes, y que se acerque a una lógica de crédito contingente al ingreso. Por el contrario, “preocupa que en un escenario de estrechez fiscal se busque aumentar los fondos basales a las universidades tradicionales”. Por lo anterior, ve crucial que la Dipres emita un nuevo informe financiero y que se vuelvan a pronunciar el Consejo Fiscal Autónomo y la Contraloría.

Una mirada crítica mantiene también Sergio Morales, presidente del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Vertebral, quien contextualiza que actualmente hay un deterioro en el sistema que representa, lo que asegura fue conversado con el Mineduc, desde donde le dijeron que sería abordado en las modificaciones, “pero no fue así”.

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