Firma mensual y arraigo nacional para Javiera Blanco: acusan a exsubsecretaria de Carabineros de recibir mensualmente sobres con dineros de gastos reservados

Quien también fuera ministra de Justicia fue formalizada este martes por malversación de fondos públicos. En la audiencia también fueron formalizados los exgenerales Gustavo González Jure y Bruno Villalobos. Los otros imputados son el exfuncionario de la Dipres, Héctor Zúñiga; el general (R) Iván Whipple, y el exjefe de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría. Defensa de Blanco pidió el sobreseimiento de su representada, lo que fue rechazado por el tribunal.




Luego de casi ocho horas de audiencia, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Darwin Bratti, decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para la exministra de Justicia y exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, por el presunto delito de malversación de gastos reservados durante el desempeño de este último cargo.

En la audiencia, que comenzó a las 9.00 de este martes, fueron formalizados, además, otras cinco personas, entre ellos, dos exgenerales directores de Carabineros Gustavo González Jure y Bruno Villalobos. El exgeneral director Eduardo Gordon, también acusado por la fiscalía, será formalizado en diciembre, tras ser solicitado por su defensa y acogido por el magistrado.

En el caso de Blanco, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indaga los presuntos ilícitos que habrían sido consumados entre el 1 de enero de 2007 y el 11 de marzo de 2011, periodo en que la abogada fue subsecretaria de Carabineros, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Las indagatorias del Ministerio Público abarcan cada año en que la abogada ejerció como subsecretaria, concluyendo que también habría recibido gastos reservados entre 2008 y 2010. En detalle se expone que en total, habría obtenido $ 42.138.000. En ese sentido, son más de 5 mil los movimientos financieros investigados, “siendo de interés criminalístico (en atención las sumas depositadas, fechas y denominación de billetes utilizados), los siguientes movimientos: ocho depósitos, uno de 2006 y el resto en 2007, mediante billetes de $ 20.000 y billetes de $ 10 mil”.

En marzo del 2020, el CDE interpuso una querella contra la exministra de Justicia, atribuyéndole la malversación de $ 47, 5 millones.

Durante la audiencia, Ximena Chong, fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, dijo que durante el periodo que comprende su gestión como subsecretaria de Carabineros, de septiembre de 2006 a marzo de 2010, Blanco Suárez, concertada con los generales directores José Bernales Ramírez y Eduardo Gordon Valcárcel “se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de Carabineros en moneda nacional con pleno conocimiento de que no le correspondía percibir esas sumas y teniendo en cuenta, con mayor abundamiento, que la Subsecretaría de Carabineros no se encontraba entre las entidades autorizadas para recibir gastos reservados por la Ley de Presupuesto del sector público con arreglo al Artículo Tercero de la Ley 19.863″.

Chong dijo que esos dineros los “utilizó para distintos fines personales y que le fue entregado mensualmente a través de sobres contendedores de dinero en efectivo en el lugar donde desempeñara sus funciones”. En ese sentido, la persecutora solicitó la medida cautelar de firma semanal y arraigo para Blanco.

Tal solicitud de cautelares fue rechazada por la abogada de Blanco, Paula Vial. “Esta investigación lleva cinco años, mi representada ha cumplido con todo y ahora el Ministerio Público considera que se requiere una firma una vez a la semana por seguridad de la sociedad. En cinco años ella ha circulado dentro y fuera del país, en el norte, el centro y el sur del país sin ningún tipo de dificultad, más que los problemas que ella ha tenido por la investigaciones que le han significado y ahora resulta que tiene que firmar una vez a la semana. A mí me parece que indudablemente no solo no corresponde jurídicamente, sino que es es un exceso”.

Además, en la audiencia, las fiscales Patricia Cerda y Ximena Chong detallaron los millonarios montos que habrían recibido los exjefes de la policía uniformada destinados a fondos reservados, pero que habrían sido apropiados de forma personal.

Según la acusación, entre los años 2007 y 2017, en dependencias del Edificio Norambuena, ubicado en calle Amunátegui N° 519, de la Comuna de Santiago, los siete imputados habrían sustraído y habrían permitido que terceros se apropiaran de distintos montos de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, provenientes de gastos reservados. Entre estos terceros se encontraría Javiera Blanco.

Los otros formalizados son el exfuncionario de la Dipres, Héctor Zúñiga; el general (R) Iván Whipple, y el exjefe de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría. Este último es uno de los principales protagonistas del fraude en la institución uniformada.

En la acusación también se menciona que el fallecido exgeneral de Carabineros José Bernales Ramírez habría sustraído y permitido que otros funcionarios públicos se apropiaran de caudales públicos destinados a gastos reservados.

La abogada de Blanco acusó una “formalización temeraria” y planteó el sobreseimiento definitivo para su representada. Según dijo, la prueba presentada por la Fiscalía fue “escasa, contradictoria y que no alcanza el más mínimo estándar exigido en ninguna de las etapas del proceso”.

Sin embargo, el tribunal rechazó esta solicitud. “No se trata de cualquier institución pública, se trata de una institución pública clave para el desarrollo del estado de derecho en nuestra sociedad como es Carabineros de Chile, entonces cómo se puede explicar que los gastos reversados tendientes a dar la lucha contra el narcotráfico, contra temas de inteligencia contra el terrorismo y otros pudiera terminar en manos de estas personas, eso es inexplicable e insostenible. Además la dinámica con la cual los imputados desarrollaron la acción claramente da cuenta de que existe un concierto de determinada acción”, dijo el juez Bratti.

Asimismo, el magistrado dispuso la medida cautelar de firma mensual para Héctor Zúñiga.

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