Funcionarios del TC envían dura carta al pleno: aseguran que los ministros tienen el “deber moral” de no bloquear sumario contra Brahm, ya que de lo contrario crearán “un escenario de impunidad”

Presidenta del Tribunal Constitucional Ministra señora María Luisa Brahm Barril, durante la declaración conjunta de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Tribunal Calificador de Elecciones sobre el acuerdo parlamentario de esta madrugada.

La misiva, firmada por la directiva del gremio, emplazó directamente a los ministros para que no paralicen la investigación administrativa que está en curso en contra de la presidenta del organismo. "¿Permitirán que una acción tan grave, como es el mal trato laboral, quede impune solo por un supuesto error respecto a que usted como ministro del Tribunal Constitucional no puede ser tocado?", plantean en el documento.


Los ánimos en el Tribunal Constitucional (TC) siguen agitados. El ambiente, que venía crispado hace varios meses, explotó hace algunos días luego de que el ministro Iván Aróstica, por ser el magistrado más antiguo, dictara una resolución para abrir un sumario en contra de la presidenta del TC, María Luisa Brahm, para investigar su eventual responsabilidad por un caso de presunto maltrato laboral.

La decisión fue tomada por Aróstica luego de que al TC llegaran cuatro denuncias de exfuncionarios del organismo por presunto acoso laboral. La decisión de inmediato dividió al pleno. La división entre los ministros se hizo evidente esta semana luego de que la defensa de Brahm, representada por el abogado Luis Cordero, solicitara citar a un pleno extraordinario para anular el sumario. Esto ya que a juicio de la defensa de la presidenta del TC el auto acordado que regula este tipo de sumarios no es aplicable a los ministros, esto a pesar de que el auto acordado, que data de 2016 cuando el exministro Carlos Carmona presidía el organismo, fue firmado por Brahm.

En la carta, la Asociación de Funcionarios del TC (AFuTCCh) fijan su postura en contra de paralizar el sumario y hacen un fuerte llamado al pleno a no bloquear la realización de esta investigación administrativa. Al inicio de la carta la asociación le recuerda al pleno la validez del auto acordado: “Existe un proceso en curso reglado por auto acordado del mismo tribunal, que es aplicable tanto para los trabajadores del TC como para los ministros del mismo, prueba de su validez como instrumento es el hecho irrefutable, de que la propia presidenta lo invocó para iniciar un sumario interno contra el exdirector DAF y que ahora objeta cuando ella es investigada”.

El punto aparece de manera explícita en el artículo 2 del auto acordado que regula el “ámbito de aplicación”. En la página tres de ese documento se lee lo siguiente: “Este reglamento será aplicable a los ministros, funcionarios de planta, a los sujetos a contrato de trabajo y a los contratados en base a honorarios, en adelante todos funcionarios”.

Escenario de impunidad

“Dada la eventualidad de que la investigación disciplinaria interna que actualmente se mantiene en curso, no prospere, y en definitiva sea desestimada por aspectos técnicos y de forma, sin siquiera hacerse cargo del fondo y de las denuncias que a la fecha se registran, es que la AFuTCCh tiene el derecho y el deber moral de manifestar la importancia y necesidad de que cualquier denuncia por acoso laboral y maltratos en perjuicio de algún funcionario de la institución, debe ser investigada en un proceso justo que otorgue garantías a todos los intervinientes, respetando el derecho a defensa, ponderando el mérito de los antecedentes, determinando las responsabilidades y sancionando en definitiva a quienes resulten responsables”, agrega el gremio.

Luego los funcionarios se refieren a la relevancia que tiene, según plantean en la carta, de que los ministros respeten sus propios auto acordados: “Cualquier acción que impida una investigación en derecho y moralmente validada sobre hechos de tanta gravedad, solo puede contribuir a enlodar la imagen del tribunal de cara a la ciudadanía, cubriendo con un manto de dudas la veracidad sobre la ocurrencia o no de los hechos denunciados y generando un escenario de impunidad del Pleno de Ministros frente a los funcionarios y a todos los chilenos que nos observan con recelo. Todos quienes conformamos la institución, incluyendo a los ministros, tenemos el deber moral y el derecho de que las investigaciones sigan su curso definido y se pronuncien sobre el fondo del asunto”.

En esa misma línea, los trabajadores del TC van más allá y exponen lo que a su juicio sería una incoherencia por el hecho de no darle validez a las reglas que ellos mismos se han fijado. “Actualmente se encuentra vigente el auto acordado que fija el reglamento para la investigación y determinación de responsabilidades disciplinarias, donde constan las firmas de los ministros anteriormente mencionados y que con su firma se comprometieron a respetar y hacer respetar dicho auto acordado. En la palabra de un ministro del TC está la defensa de los derechos fundamentales de todos los chilenos y ellos deben sentir la enorme responsabilidad que eso significa. No respetar las normas y regulaciones, que ellos mismo exigen respetar al resto de chilenos, es moralmente reprochable. Este auto acordado, que la defensa de la ministra presidenta Sra. Brahm pide sea desconocido por los propios ministros que lo crearon, se convertirá en el símbolo de lo que el TC representa para la ciudadanía”, dice la misiva que es firmada por el presidente del gremio Leonardo Carrasco, el secretario Jorge Aguayo y el tesorero Andrés Morán.

Más adelante emplazan directamente a los magistrados: “Queremos expresar que cada ministro tiene en sus manos el destino de nuestra institución, la esperanza de justicia para quienes fueron maltratados, la esperanza de justicia para quienes serán maltratados aquí y en otras instituciones, la esperanza de justicia de cualquier ciudadano que vea vulnerado sus derechos constitucionales, el honor y respeto de la figura de un ministro del TC y de los cincuenta años de historia de la institución”.

Como si eso no fuera suficiente, la asociación los vuelve a interpelar con dos preguntas. “¿Es moralmente aceptado por usted que todos los ciudadanos de este país, incluyendo a nuestras altas autoridades de la República, puedan ser sumariados o lo que corresponda, y un ministro del Tribunal Constitucional no? ¿Permitirá que una acción tan grave, como es el mal trato laboral, quede impune solo por un supuesto error respecto a que usted como ministro del Tribunal Constitucional no puede ser tocado?”, plantea al final la carta.

Pese a este incidente planteado por la defensa de Brahm el sumario ha seguido su curso. Por orden de antigüedad le correspondió al ministro Rodrigo Pica hacerse cargo de la investigación administrativa y hasta la fecha a citado a varios trabajadores y exfuncionarios para que declaren en la causa.

La estrategia de la defensa de Brahm apunta a lograr los votos del pleno para bloquear el sumario. Hasta el momento ya tiene registrado un primer triunfo. Esta semana los ministros, en votación dividida cinco votos contra cuatro, aprobaron la realización de un pleno extraordinario para analizar si es legal que se aplique el auto acordado sobre responsabilidad disciplinaria a ministros.

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