Poco más de dos meses desde que llegó a La Moneda tardó el Presidente José Antonio Kast en sincerar su postura respecto de la reconversión que realizó la administración de Gabriel Boric entorno al expenal Punta Peuco, ahora denominada cárcel de Tiltil.

Fue durante los últimos meses de gobierno del frenteamplista cuando se tomó la decisión de que este penal dejara de ser un recinto especial para condenados por crímenes de lesa humanidad. Por eso se hicieron las modificaciones administrativas necesarias para que pudiera recibir condenados por delitos comunes.

El Mandatario, en medio de su gira por el norte del país, a mediados de mayo, aseguró que no correspondía que en el recinto ubicado en la comuna de Tiltil se mezclaran reos condenados por hechos de distinta naturaleza.

“Tenemos que hacer cambios. En cuanto a las que cumplen condena por acusaciones por derechos humanos nosotros estamos ordenando todo, porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que habían sido miembros de las Fueras Armadas y de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó y empezó a mezclar poblaciones penales. Estamos ordenándolos, porque no corresponde”, manifestó el jefe de Estado el 14 de mayo en un encuentro ciudadano en Copiapó.

De ahí en adelante la postura comenzó a ser difundida con mayor fuerza y, de hecho, seis días más tarde el titular de Justicia, Fernando Rabat, indicó que la determinación del gobierno de Boric de convertir el recinto en una cárcel común era “ideológica”.

Según dijo el secretario de Estado a Radio ADN, lo que corresponde es aplicar la segregación de la población penal de acuerdo a criterios técnicos. "Aquí no pueden tomarse decisiones que estén cargadas con la ideología. Lo que ocurrió con el gobierno del presidente Boric, fue una decisión ideológica, puesto que con la finalidad de incorporar nuevas personas a Punta Peuco se desvió cuál era la finalidad que el mismo tenía", dijo junto con enfatizar que es Gendarmería quién define dónde y en qué condiciones debe permanecer cada imputado y condenado.

En atención a ello es que hace semanas desde el gobierno se transmitió a Gendarmería que había que ordenar las cosas al interior de los diferentes recintos y así devolverle a ex Punta Peuco su condición de ser un penal especial solo para condenados por delitos de lesa humanidad.

Esto con el objetivo de que cada uno de los establecimientos albergara a los internos que correspondía de acuerdo con el objetivo para que se crearon la instalaciones y para que efectivamente reos condenados por hechos similares estuvieran juntos. O sea, no mezclar peras con manzanas, como dice la expresión popular.

Esa definición, de acuerdo con lo expresado por los representantes de Justicia, es la que primó cuando se zanjó el traslado de los tres internos condenados por delitos comunes que fueron trasladados en 2025 a ex Punta Peuco.

Dado que en ese espacio siempre han estado procesados por violaciones a los derechos humanos en dictadura que tuvieron algún rol en las Fuerzas Armadas o en las policías, quedaban como “pollos en corral ajeno”, según dijo esta jornada el subsecretario Luis Silva a Emol TV.

Así, sin necesidad de revertir el decreto que convirtió el establecimiento en una cárcel común, se le consultó a los tres reclusos si accedían a su traslado y tras aceptar la oferta se procedió a ejecutar el plan del gobierno.

Esta operación, según admitió el propio Jefe de Estado, fue solicitada por él mismo. El domingo en entrevista con Mega, el Mandatario reveló que la decisión fue impulsada directamente por él. Consultado sobre si la medida obedeció a una instrucción de Presidencia, respondió: “Sí“.

Pero ese, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, no es el único ajuste que contemplan los lineamientos que dictó el Ejecutivo. En los próximos días, de hecho, se ejecutará un operativo de mayor envergadura y que implicará que la población penal de ex Punta Peuco aumente considerablemente.

Aprovechando las obras que ordenó el gobierno anterior para reconvertir las instalaciones y tener población penal común, Gendarmería trasladará a internos que se mantienen en el módulo Asistir de Colina 1 y que también corresponden a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Para esto, según pudo recabar este medio, también se seguirá la lógica de consulta anteriormente mencionada. Funcionarios de Gendarmería han estado preguntando a los reos que están en Asistir si aceptan o no que se les lleve al recinto de Tiltil.

Hasta ahora hay un listado con varios que han dado su consentimiento, aunque otros han optado por declinar en atención a que ya se han establecido en el lugar, mantienen vínculos con otros internos y, porque además, en ex Punta Peuco hay personas que ocuparon cargos más altos y habría diferencias.

Producto de las obras contratadas durante 2025, ex Punta Peuco aumentó su capacidad en 32 plazas, aunque actualmente -de acuerdo con datos de Gendarmería al 20 de abril- mantiene una ocupación de 111,3%.

Junto con ello, se realizaron labores de mejora del sistema eléctrico, se construyó un nuevo lugar para el acceso de visitas y se aumentaron las capacidades de tecnovigilancia. Pese a todas las mejoras, el recinto penitenciario sigue siendo acechado por su peor enemigo: la sequía que se vive en Tiltil y la escasez de agua que afecta al penal.