“Afortunadamente esto no se llevó a cabo”, afirmó Frank Sauerbaum, director nacional del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, en torno a los cuatro documentos con diseños para un modelo de regularización de migrantes empadronados que dejó la pasada administración del expresidente Gabriel Boric, y que finalmente no se implementaron.

“Hace unos días cuando llegamos al Servicio, efectivamente encontramos un documento elaborado por el exdirector Thayer en donde se regularizaba a 182.000 personas que habían entrado a Chile por paso no habilitado. Esas personas se habían empadronado y él proponía en este documento hacer la regularización respectiva”, señaló Sauerbaum.

El exdiputado agregó también que “afortunadamente eso no se llevó a cabo porque hoy día nos hemos enterado, luego de revisar los nuevos antecedentes, que 6.000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito”.

Según pudo averiguar La Tercera, dos de los documentos estaban fechados a finales de enero del pasado 2025 y los restantes a inicios del pasado marzo, antes del cambio de mando. En dos de las firmas de los escritos está el nombre de Luis Thayer, ex director del Servicio Nacional de Migraciones; y en los otros dos están Luis Cordero y Víctor Ramos, ambos de cuando se desempeñaban como subsecretarios del Interior, en sus respectivas administraciones.

En los escritos, que no se implementaron finalmente, se destacan los “efectos favorables y duraderos para las comunidades, la economía, la seguridad y el desarrollo del país, facilitando la inclusión social y las contribuciones a través de la integración de las personas extranjeras en el mercado laboral y en los servicios públicos”.

El objetivo del mecanismo diseñado apuntaba a permitir la regularización de personas extranjeras que, habiendo sido empadronadas, hayan estado en una condición irregular en el territorio nacional, con una “migración segura, ordenada y regular, permitiendo a las personas migrantes acceder a un permiso de residencia con el cual puedan obtener la documentación respectiva y así, facilitar su proceso de inclusión en la comunidad nacional”.

Además, el servicio planteaba ejecutar el mecanismo con el otorgamiento de un permiso de residencia temporal por dos años luego de aprobarse la solicitud de regularización, con el que la persona podría desarrollar actividades lícitas remuneradas. Esto, seguido por la posibilidad de que postular a residencia definitiva al cumplir con los requisitos legales.

En los últimos documentos se detalla que se podían acoger al mecanismo personas que cumplían copulativamente con los requisitos establecidos y que se encuentren en los supuestos de tener hijos menores de edad de nacionalidad chilena o extranjera, caso en el que se debería acreditar que el NNA estaba en Chile con anterioridad a la fecha de publicación de esa resolución.

Así, algunos de los requisitos que se planteaban eran no poseer antecedentes penales ni policiales, tanto en Chile como en el extranjero; tener pasaporte u otro documento nacional de identidad válido, emitido por el país de origen; y acreditar vínculos de carácter laboral en el país y/o familiar con chileno, o con persona extranjera que posea residencia definitiva.

Es en esta dirección que, según los antecedentes dados a conocer por Sauerbaum -sobre las 6.000 personas que cometieron un delito y que eran contempladas en este mecanismo que no se implementó-, que el director del Servicio Nacional de Migraciones hace hincapié en que “tenemos disposición de poder recibir en Chile a las personas que vienen con su trámite hecho en el país de origen”.

“No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric. Nosotros vamos a hacer un procedimiento para poder regularizar a las personas que realmente cumplen los requisitos en Chile”, cerró.