Desde las 15.00 horas de este martes, en la sala 10 de sesiones del Senado en el tercer piso del Congreso, sesionó la comisión mixta sobre el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

A la instancia fueron invitados los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Seguridad, Martín Arrau.

El senador Karim Bianchi, legislador independiente por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, preside la comisión.

La instancia busca resolver las divergencias que surgieron entre ambas cámaras del Congreso durante el debate en torno al proyecto de ley que define las RUF para las policías y para miembros de las Fuerzas Armadas en circunstancias definidas por la propia norma.

El proyecto ingresó al Congreso en abril de 2023.

Exposición secreta

En el inicio de la sesión, a solicitud del Ejército, se optó por hacer secreta una parte la sesión, respecto a aspectos de la exposición del auditor general de la institución, general de brigada Eduardo Rosso.

“Yo no quiero que seguir con estos secretos, porque también es una señal que se da si estamos avanzando o no estamos avanzando. Entonces, doy la palabra respecto a lo que ustedes consideren que es secreto y después vamos a continuar abriéndola para la presencia de asesores y de quienes quieran participar”, advirtió el senador Bianchi.

Tras entregar la información que se estimó necesario mantener bajo secreto, la sesión continuó en forma pública con representantes de Fuerzas Armadas respondiendo consultas de los legisladores.

Inquietudes de FF.AA.

En su intervención, la general de brigada aérea Paula Carrasco, auditora de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), hizo ver que la norma propuesta implica una serie de exigencias en orden a formar y a capacitar al personal, certificarlo y dotar de cierto equipamiento adecuado en las funciones de resguardo.

“Es una exigencia que impone necesariamente en el caso de las Fuerzas Armadas destinar recursos que se asignen a estas para finalidades de formación y capacitación”, expuso.

Por su parte, el auditor general de la Armada, contraalmirante Francisco Figueroa, hizo ver que en el artículo quinto del proyecto, la versión del texto de la Cámara de Diputados “repite cosas que están en otras leyes, que son precisamente para tratar tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”.

“Tenemos leyes especiales sobre eso. Entonces a mí me parece que el planteamiento del Senado es suficiente porque ya el desarrollo de todas esas figuras penales están en leyes especiales, ya contempladas. Y no me parece necesario repetirlas en esta ley”, advirtió.

El general Rosso, en tanto, planteó sus aprensiones en torno al deber de protección de niños, niñas y adolescentes.

“La inquietud que habíamos planteado es que está demasiado extensivo la forma, la obligación, que tenemos como Fuerzas Armadas, principalmente cuando desconocemos que son niños, niñas o adolescentes. Razón por la cual creemos que ese deber debe comenzar cuando la persona se encuentra bajo nuestra custodia, o al menos cuando sea fácilmente identificable que estamos frente a este grupo vulnerable. Frente a una muchedumbre o frente a la oscuridad de la noche, hay muchas hipótesis en las cuales es imposible que nosotros podamos dar cumplimiento a este deber que es bastante amplio”, indicó.

Asimismo, dijo que es importante que se les permita el uso de escopetas con munición antidisturbio.

“El uso de la escopeta trajo una serie de personas gravemente heridas. Eso es indiscutible. Creo que hay mucho que tiene que ver con la munición. Es una opinión personal. Pero creo que la forma que está regulada en el actual texto está demasiado restringida, porque solamente está permitida para los efectos de la legítima defensa propia de terceros. Eso conlleva que no se puede utilizar la escopeta, por ejemplo, para proteger una infraestructura crítica”, mencionó el general.

Plazo de indicaciones

Por otro lado, el ministro Arrau pidió una aclaración respecto al mecanismo de ingreso de las indicaciones y al plazo.

Se indicó que las indicaciones deben ser hechas llegar a la comisión desde la Secretaría General de la Presidencia.

“La mayoría de las propuestas que tenemos son sobre aprobar o rechazar algunos cambios que se hicieron en alguna de las dos cámaras, salvo dos artículos que nos interesaría precisar el texto. Eso es todo. No vamos a entrar con un proyecto completamente nuevo, ni grandes refundaciones del texto”, adelantó el ministro Arrau.

El plazo para el ingreso de las indicaciones quedó fijado para el lunes 21 de septiembre al mediodía.

“El acuerdo es que podamos el día 21 de septiembre llegar con las propuestas consensuadas para de una vez por todas empezar a darle curso a la votación”, puntualizó el presidente de la comisión.