Minutos después de las 16 horas del jueves 4 de septiembre el fiscal de alta Complejidad Eduardo Ríos ingresó -previa coordinación con el persecutor regional Juan Castro Bekios- ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta la solicitud de desafuero del gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.

Los persecutores, como detallaron en la petición, pretenden formalizar y pedir medidas cautelares contra el exmilitante DC como autor de los delitos consumados de fraude al Fisco, usurpación de funciones y malversación por aplicación pública diferente.

Desde que comenzó este caso el Ministerio Público mantuvo reserva de los antecedentes que involucran a Orrego en el fraude. Pero ese secreto llegó a su fin. La Tercera tuvo acceso a la solicitud de desafuero en donde, en 75 páginas, la Fiscalía expone el detalle de los hechos y delitos que imputarán al gobernador.

En ese escrito la Fiscalía fue enfática en señalar que el actual gobernador abusó de su cargo para favorecer a la fundación liderada por el siquiatra Alberto Larraín, pese a que la organización no tenía las características adecuadas para ejecutar el programa de prevención de suicidio que se pretendía realizar. Además a juicio de los fiscales Orrego realizó un serie de gestiones para acelerar el convenio y transferir una millonaria suma a la entidad.

En la solicitud de desafuero el Ministerio Publico afirma que Orrego “abusó de su cargo de gobernador regional Metropolitano y, en consecuencia, de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su función y con infracción grave de los deberes del mismo, en la suscripción de convenios y traspasos de fondos a la Fundación ProCultura, sin que esta institución poseyera la capacidad, idoneidad, competencia y experticia para ejecutar los tratos para los cuales había sido contratada, lo que generó como perjuicio el valor total de los montos asignados de ambas iniciativas, correspondiente a $1.690.388.000″.

Para fundar la imputación para los investigadores fue clave establecer los vínculos previos que había entre el gobernador y Larraín, pues no sólo habían compartido militancia en la DC, sino que también el siquiatra colaboró con Orrego cuando era alcalde.

Lo mismo ocurrió cuando intentó llegar a La Moneda e incluso promovió su participación como director en la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana. Incluso los fiscales mencionan que el médico le cursó una licencia médica falsa a Orrego para que pudiese ausentarse de sus funciones.

Adicionalmente, asoman como clave las gestiones que Orrego desplegó para que ProCultura pudiese ejecutar el millonario convenio, pues como se dijo, no estaba calificada para llevar adelante un programa de esa envergadura. En ese contexto es que por parte de los imputados se han escudado en que Contraloría visó el convenio el 11 de octubre de 2022, como una suerte de validación de las actuaciones. Lo mismo con el hecho de que el convenio tuvo la aprobación unánime de la comisión de salud y del pleno del Consejo Regional.

Sin embargo, en la petición de desafuero se expone un dato nuevo: “Tan sólo seis días antes de dicho acto administrativo, con fecha 5 de octubre de 2022, el imputado Claudio Orrego Larraín sostuvo comunicación directa con el entonces Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto".

Aquello, especifican, quedó evidenciado “en la conversación sostenida mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp entre su colaboradora directa (de Orrego) Evelyn Magdaleno Gutiérrez, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano, y María Teresa Abusleme”, quien tuvo el cargo de directora de ProCultura.

• Abusleme: Supiste algo de Contraloría??
• Abusleme: Pudiste saber el código?
• Magdaleno: Nada aún. Estoy en Conce ahora.
• Magdaleno: Seguiré insistiendo desde acá.
• Magdaleno: Son varios proyectos que están en Contraloría.
• Magdaleno: Y están en distintos grupos de oficios.
• Abusleme: Lo sé, me lo has planteado.
• Magdaleno: Pero el gobernador ha llamado hasta al contralor.
• Abusleme: Me imagino la locura.
• Abusleme: No me cabe duda.

El intercambio, dicen los fiscales, “devela la comunicación directa que sostuvo el gobernador con el contralor de la época, lo que habría tenido como objetivo acelerar indebidamente el proceso administrativo de toma de razón del convenio señalado y de esta forma asegurar la tramitación expedita del mismo y la liberación de los recursos públicos asignados a la fundación".

En diversos pasajes de la solicitud de desafuero la Fiscalía de Antofagasta hace presente que, la formulación del proyecto de prevención del suicidio Quédate, como también sus principales actores, “no puede comprenderse sin atender a los vínculos previos, tanto de carácter formal e informal existentes entre Claudio Orrego, Alberto Larraón, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme. Dichos vínculos, forjados en el ámbito de la administración pública y la política regional, constituyen antecedentes de especial relevancia para la adecuada comprensión de los procesos administrativos, particularmente en lo que concierne a la probidad administrativa, al deber de abstención, la imparcialidad administrativa y la fiscalización del uso de fondos públicos”.

Para el Ministerio Público Orrego cayó en al menos nueve infracciones:

• El principio de probidad administrativa.
• La preeminencia del interés general en la función pública.
• El principio de imparcialidad en materia administrativa.
• Los principios de eficiencia, eficacia, control y transparencia.
• El control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia.
• Ausencia de control interno, de identificación y análisis de riesgos.
• Falta de seguridad razonable.
• Ausencia de diseño, implementación y ejecución de sistemas de control
• No ejerció la administración de los bienes y recursos propios del GOREM

El pleno de la Corte de Antofagasta ya fijó una audiencia para discutir el desafuero para inicios de octubre. Conseguir la venia del tribunal de alzada será clave para que la Fiscalía pueda solicitar medidas cautelares en contra de Orrego cuando quiera formalizar la investigación.