“Indudablemente la gratuidad no ha cumplido su objetivo, que era facilitar el acceso. El sistema que existía ya tenía altos niveles de acceso y las proporciones se mantienen similares”, dice, sin rodeos, el economista y exministro de Educación, Harald Beyer, al ser consultado por su valoración de los 10 años de la gratuidad en la educación superior.

El ingeniero comercial convocado tanto en Bachelet I como en Piñera I a instancias asesoras presidenciales en educación, consideró desde su inicio la gratuidad como una mala política, esencialmente porque creía que las prioridades no estaban ahí, pero también por considerarla regresiva y que respondía a temas políticos. Hoy mantiene esa mirada, aunque también valora que “ha significado un alivio relevante para un conjunto grande de estudiantes que no ha necesitado endeudarse”, cree, añadiendo una tercera dimensión de análisis: el esfuerzo fiscal que ha significado “ha dejado a otra dimensión de estudiantes un poquito olvidada”.

¿Por qué la gratuidad no ha sido todo lo que se proyectó?

Ha significado un tremendo desembolso fiscal que no ha cambiado -básicamente- el funcionamiento del sistema, que sigue teniendo carreras largas, programas que no son muy rentables, si bien el promedio es alto. Y este sistema de financiamiento está asociado a los costos y no se mete en el valor agregado que generan los programas, eso debió resolverse hace rato. Al mismo tiempo ha comprometido recursos públicos que podrían estar usándose en satisfacer otros objetivos de la educación superior.

En general la discusión que se da desde las universidad es la regulación de aranceles.

Es uno de los inconvenientes. Una vez que uno decide avanzar en gratuidad tiene que fijar el monto que le va a traspasar a las universidades. Y eso siempre va a estar en disputa, porque el gobierno quiere controlar el gasto público lo más posible, independientemente del signo político, y las universidades indudablemente quieren más recursos. Esto se discute en todo el mundo: en los países que tienen gratuidad, las universidades muchas veces restringen el número de estudiantes y hay toda una polémica porque las universidades son muy selectivas. Una regulación siempre trae tensión, es inevitable.

¿La gratuidad segregó universidades por el tipo de alumnos que reciben a partir de una política a la cual no es obligatorio adscribirse?

Hay universidades que al decidir no entrar reciben un tipo de estudiantes distintos del resto, eso es obvio. Habría que mirar bien los datos para saber que efectivamente se ha producido esta segregación, pero hay un riesgo indudable.

¿La gratuidad al menos ha permitido mejorar la equidad en el acceso o simplemente se reemplazó la forma de entrar?

En términos de equidad de acceso creo que no ha cambiado el perfil social de los estudiantes, no parece haber afectado. Sí ha mejorado el bienestar de algunos grupos, eso es innegable. Pero son dos consideraciones distintas. Ese bienestar probablemente igual hubiese funcionado bien con un crédito contingente al ingreso. Sí ha habido un problema -un descuido del Comité Técnico de Acceso- que en la práctica bajó los umbrales para ser admitido. Antes se admitía a estudiantes que estaban del percentil 34% de la PSU y hoy se está admitiendo gente desde el percentil 10.

¿Cómo diría que ha sido la experiencia de las instituciones en esta relación con el Estado desde instaurada la gratuidad?

Tengo la sensación de que ha aumentado la desconfianza de las instituciones hacia el Estado, porque los procesos de los aranceles regulados son bien incomprensibles y las decisiones que se toman son complejas desde el punto de vista de los objetivos de esas instituciones. Al mismo tiempo muchas universidades han experimentado que el número de estudiantes es mayor de lo que anticipaban y eso les ha bajado sus ingresos, han tenido que ajustarse y renunciar un poquito a sus proyectos educativos. Hay alrededor del 20% de estudiantes que son de deciles que no les corresponde la gratuidad y la están recibiendo. Eso es bastante dinero para estas instituciones.

Las universidades, de hecho, dicen que “desaparecieron” sus estudiantes de los deciles 7 y 8.

Todo el mundo aprende cómo asegurarse beneficios sociales. En el percentil 60 tengo el beneficio y en el percentil 61, que es básicamente lo mismo, no. Indudablemente que se va a tratar de, entre comillas, defraudar al sistema.

El detrimento económico en que dicen haber caído las universidades, ¿es real? ¿Las ha llevado a lesionar sus proyectos?

Hay universidades que vieron aumentado el número de estudiantes que habían anticipado y eso indudablemente obligó a un ajuste más grande. Eso redujo, por así decirlo, sus ingresos, y de alguna forma tuvieron que renunciar marginalmente a sus proyectos. No tengo los datos como para establecer eso exactamente, pero por lo que uno escucha hay proyectos que sí han visto mermadas sus iniciativas. El dato que sí existe son los ingresos operacionales por estudiante y las universidades han caído en promedio 9% y probablemente en algunas sea mucho más.

¿Está de acuerdo con limitar que más instituciones se adscriban a la gratuidad?

Las instituciones han tenido bastante tiempo para evaluar si entrar o no y no lo han hecho, por lo tanto me parece que es una medida que no afecta tanto el acceso, que ya es superalto, y los estudiantes que han elegido instituciones sin gratuidad están conscientes de ello.

¿Será que se gana un problema político fácil el gobierno con estas limitaciones? Las personas de más de 30 años que entran a universidades y piden gratuidad son pocas. Pareciera que las medidas implican un ahorro menor.

Esa limitación (de edad) no creo que sea una buena idea. Primero, no hay grandes ahorros ahí. Y además el gobierno ha dicho que solamente es para universitarios, grupo todavía más pequeño. Creo que eso no tiene sentido.

¿Le parece correcto negar la gratuidad a quienes cometan delitos en el contexto escolar?

En la práctica no va a funcionar y dado que no va a funcionar, veo innecesario que se introduzca. El efecto, más allá del enunciado, es muy modesto. Lo que establece la ley de responsabilidad penal es que si los tribunales determinan que se ha producido la reinserción pueden evitar que ese joven reciba la sanción de pérdida de gratuidad.