El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se ha mantenido firme en que policías y gendarmes deben utilizar mayores elementos de seguridad para protegerse. De hecho, el exmilitante DC es un fiel creyente de que entre las alternativas disponibles hay que incluir armas menos letales como los dispositivos electrónicos de inmovilizacón temporal, conocidos popularmente como pistolas taser, por una de las marcas que las comercializa.

Orrego no se ha quedado sólo en el discurso. En julio del año pasado anunció junto al entonces subsecretario de Justicia -hoy ministro de la cartera- Jaime Gajardo (PC) la implementación de un plan piloto bajo el cual el Gore financiaría la adquisición de 20 de estos dispositivos para que Gendarmería contara con mayores herramientas para el control de internos de alto compromiso delictual.

En el Ejecutivo, el gobernador se encontró con la valoración de Gajardo, pues aun cuando el actual secretario de Estado recalcó que Gendarmería tiene control total de las cárceles -como ha dicho en diversas oportunidades-, también reconoció que había que ir más allá.

Luego del anuncio se asignó un presupuesto de $211.491.489 y se definió que la destinación de los dispositivos sería el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (ex Cárcel de Alta Seguridad). Pero todo quedó en nada.

El cronograma trazado de manera coordinada entre las autoridades establecía que, tras la correspondiente capacitación de los funcionarios que utilizarían los dispositivos, el plan piloto se implementaría durante el primer trimestre de este 2025. Sin embargo, a la fecha nada de eso ha ocurrido.

Gendarmería explicó a La Tercera que “a la fecha el plan piloto para el citado tipo de armamento no ha sido ejecutado, ni tampoco se han llevado a cabo las capacitaciones necesarias para su implementación”.

¿Las razones? Según detallaron desde la entidad penitenciaria, no se han presentado oferentes “que cumplan con la normativa establecida en el proceso de licitación”. Eso, precisaron, a pesar de que se ha efectuado el llamado en dos oportunidades. Por lo mismo, los dispositivos comprometidos tampoco han sido adquiridos.

El cronograma

De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, la licitación de Gendarmería se inició el 26 de marzo de este año, incluyendo en las bases técnicas un pronunciamiento formal de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), que indicaba que el organismo penitenciario no está exceptuado de las restricciones que rigen para personas naturales o jurídicas, a diferencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

De todas formas, tras la publicación de la licitación, siete empresas mostraron interés, pero solo dos presentaron ofertas formales, aunque ambas fueron declaradas inadmisibles por no cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos.

No se pudo hacer la adjudicación, dicen quienes estuvieron al tanto de las conversaciones, primero por las restricciones que tiene Gendarmería en torno a la utilización de armas y, además, porque los elementos disponibles en el mercado presentan características tecnológicas más avanzadas, como un mayor alcance en la proyección de dardos, entre otros elementos técnicos que diferían de las exigidas en las bases.

Así, desde el Gore deslizaban que si bien el proceso de licitación evidencia el interés por avanzar en la materia, también daría cuenta de que la normativa está desactualizada, toda vez que Gendarmería sigue siendo considerada como un servicio público no exceptuado de ciertos requisitos, a diferencia de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Ante ello, desde la entidad también aseguraron que el 3 de julio el jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana del Gore sostuvo una reunión con el director nacional de la DGMN, general Jorge Inostroza, quien habría señalado que ha instado por cambiar la normativa y habilitar de manera formal a Gendarmería para utilizar estas armas, lo que ahora deberá ser analizado por el Ministerio de Defensa.

Pese al fracaso del piloto, el gobernador pretende insistir en su idea: “En el gobierno de Santiago estamos convencidos de que nuestras policías y Gendarmería deben contar con toda la tecnología disponible para enfrentar el crimen. Una delincuencia 2.0 requiere medidas 2.0. Es por ello que impulsamos este proyecto para dotar de armas no letales a Gendarmería”.

La autoridad regional agrega que “ahora el gobierno tiene que hacer todo lo necesario para que esto pueda concretarse; nosotros mantenemos la voluntad de poner los recursos a disposición para implementar estas armas no letales”.

Luz verde a Carabineros

Independiente del plan diseñado para que gendarmes comiencen a ocupar este tipo de dispositivos, la utilización de estas armas menos letales ha generado amplio debate en el gobierno. Esto, especialmente por los reparos provenientes de organismos de derechos humanos.

Pese a ello, el 10 de febrero Carabineros emitió un oficio que daba por aprobado el protocolo para el uso, porte y mantenimiento de estos dispositivos.

Luego de eso, como informó este medio, el lunes 18 de agosto llegó un oficio a la Subsecretaría de Seguridad Pública solicitando la autorización de las armas, cuya respuesta apareció el viernes de esa misma semana. La respuesta fue positiva, autorizando así la implementación completa para Carabineros de los dispositivos eléctricos de inmovilidad temporal.

Tras la autorización del Ejecutivo, ahora se activarán las gestiones de compra. Ahí los dispositivos que se buscará comprar son las DATE de último modelo. Cada una de ellas tendría un valor de $5 millones. En paralelo, dicen conocedores del proceso, se realizarán las capacitaciones de Carabineros.