Ignacio Sánchez: “El gobierno no está haciendo un reglamento (de objeción de conciencia) que se ajuste al bienestar de las personas”

Ignacio Sanchez, rector de la UC.

El rector de la UC analizó el documento sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, presentado el viernes a la Contraloría, donde se reincorpora la restricción institucional para aquellas entidades de salud privadas que reciban recursos del Estado mediante convenios. De oficializarse la iniciativa, anunció que la UC recurrirá a instancias legales.


“Yo atribuyo esto a que el gobierno quiere estar completamente en la línea de las pautas que dictó Contraloría, pero no hay una convicción detrás. Esa de decir que están bien los lineamientos de Contraloría, pero que el reglamento tiene que tener aspectos que un gobierno considera importante para las personas y su bien”. Así explicó a La Tercera el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, la sensación que le dejó el reglamento presentado el viernes por La Moneda a Contraloría, respecto de la objeción de conciencia ante la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. El documento en cuestión restablece una restricción en relación a la objeción institucional, en el área de obstetricia y ginecología, para las entidades de salud privadas que reciben fondos públicos.

El documento ingresado al ente contralor dice que “los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, podrán ser objetores de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología”.

Para Sánchez, quien fue uno de los artífices y defensores del concepto de la objeción de conciencia institucional, aún quedan instancias para modificar el reglamento. Y no descarta recurrir a instancias judiciales.

A partir de la información publicada, ¿qué le parece el reglamento?

Aun no hay oficialización de que sea ese el documento, pero nos parece que la objeción institucional está puesta en la ley diciendo que la institución podrá, de acuerdo a su ideario propio, ser objetora de conciencia, con todo un mecanismo al respecto. Los fondos públicos no pueden estar al arbitrio de las iniciativas estatales. Ellos son generados por todos los chilenos y tienen que estar orientados a los proyectos de bien público. Algunos, realizados por instituciones estatales, y otros por no estatales. En el proyecto de ley no aparecen restricciones y nos parece que no es el espíritu de la ley que un reglamento comience a ponerle restricciones a un derecho. Es inconstitucional negar un derecho fundamental a través de un reglamento. El derecho fundamental que la ley promueve es la objeción por instituciones, y este reglamento está acotando y negando ese derecho, poniéndole condiciones. Eso es inconstitucional.

En ese escenario, ¿podrían ustedes recurrir al Tribunal Constitucional?

Está todo abierto. Las instituciones pueden ir bajo las razones que mencioné, pero también pueden hacerlo los parlamentarios. Es un flanco abierto que podría esgrimirse para acudir al Tribunal Constitucional.

¿E interponer un recurso de protección…?

Como esto se conoció ayer (el viernes), es muy encima para hacer un análisis completo. La alternativa que tienen instituciones como la nuestra es, por supuesto, acudir a los tribunales de justicia o al TC. Tenemos que estar atentos para saber si parlamentarios de distintos partidos pueden acudir o no por la interpretación errónea que, a nuestro juicio, se está haciendo de la ley, y a partir de eso ver también qué sucederá con los convenios. De darse todo esto, la universidad tendrá que interponer una instancia legal, porque no nos parece aceptable el reglamento que ha trascendido.

¿A qué responde, a su juicio, esta decisión del gobierno?

El gobierno no está haciendo un reglamento que se ajuste al bienestar de las personas, y me parece grave que no tenga esa mirada de bien común, sino solo la de evitarse problemas con la Contraloría.

¿Qué sucederá con los convenios que tienen ustedes con el Estado?

Tenemos un convenio amplio con el sistema público de salud, por más de 15 años, en nuestros consultorios de salud en La Pintana y Puente Alto. Atendemos a cerca de 65 mil personas, con todas las prestaciones, incluyendo ginecología y obstetricia. Son consultorios de atención familiar, por lo tanto, es de una gran complejidad separar las prestaciones. Alguien podría decir: “Bueno, por qué la universidad no se queda solamente con las prestaciones que no incluyen ginecología y obstetricia”, pero no es una opción tan fácil de tomar cuando lo que uno quiere es servir a la población. Lo que más llama la atención de este reglamento, bajo la lógica de los lineamientos de Contraloría, es que no se pone en el lugar de las personas. Se pone en el lugar de la asignación de recursos públicos.

En términos económicos, ¿cuánto dejaría de recibir la UC de parte del Estado por estos convenios?

No es que dejemos de recibir. Es al revés. Nosotros ponemos recursos. La Universidad Católica dejaría de invertir $ 400 millones todos los años, así que no hay ningún detrimento económico, todo lo contrario. Ese es el mejor indicador de cuál es la motivación nuestra: estamos por hacer las cosas bien, pensando en las personas, poniendo recursos extra. Nunca hemos tenido un interés económico.

Visto de la óptica del usuario, el hecho hipotético de que ustedes, como objetores, salieran de los convenios, ¿cómo afectaría a la gente?

El 100% de las personas que se atienden en estos consultorios son beneficiarios de Fonasa, nosotros no atendemos de manera particular en estos consultorios. Todas las personas tienen un pago per cápita por parte del Ministerio de Salud, una atención gratuita. Por lo tanto, si tuviéramos que cortar parte del convenio, ninguna mujer se podría atender en estos consultorios. Tendrían que ir a otra instancia. Si usted piensa que, en cifras entregadas por el ministro de Salud, son 350 pacientes en algo menos de la mitad de un año (las que han invocado la ley de aborto), podríamos llegar a tener 600 o 700 en todo un año. El 40% de ellas estaría distribuido en la Región Metropolitana. Estamos hablando de un número de pacientes bastante pequeño, que perfectamente pueden tener una derivación segura y oportuna, según los convenios que hemos hecho, tanto con el sector público y privado. Y en vez de solucionarse ese tema acotado, lo que se busca aquí es amplificarlo a un número muchísimo mayor de pacientes. Porque ya no sería una decena, sino que pasarían a ser miles las mujeres que eventualmente tendrían que sufrir las consecuencias de modificar el convenio existente.

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