El incendio que afectó al hogar de ancianos El Edén de Pitrufquén y que dejó a 16 adultos mayores fallecidos puso en el tapete un tema que nadie se ha hecho cargo: lo feble del sistema de cuidados para este segmento de la población en Chile, además de lo desactualizado del catastro de este tipo de residencias más conocidas como Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), que en la teoría deben contar con resolución sanitaria de funcionamiento.

Este lunes, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, ya había instalado en Emol la idea de que “hay un número de clandestinindad muy alto” en residencias. Este diario preguntó por las cifras en las que se basó la secretaria de Estado, pero la consulta fue derivada al Ministerio de Salud.

Así las cosas, acorde a cifras del Minsal -cartera a cargo de las autorizaciones de funcionamiento y fiscalizaciones- a las que accedió La Tercera, el último registro oficial de este tipo de residencias que se hizo en Chile data de 2021, forzado en ese entonces por la pandemia y sus encierros, cuando se buscó saber en qué condiciones vivían los ancianos del país.

Ese catastro dio con 993 hogares autorizados y otros 505 sin resolución sanitaria. “Lo más probable es que haya muchos más y que son absolutamente invisibles para la sociedad”, dijo este martes la ministra de Salud, May Chomali. Aunque en la misma cartera aclaran que no hay un mandato legal que obligue llevar ese registro, este medio intentó consultar a autoridades del gobierno anterior por la no actualización, sin obtener respuesta.

Más allá de eso, el Minsal, a través de sus seremis, fiscaliza a ambos tipos de residencias, tanto autorizadas como sin resolución. Por ejemplo, desde 2023 se han hecho 1.659 de estas acciones, 329 de las cuales han sido realizadas este año. En total, 26 de estas han terminado en una prohibición de funcionamiento, que es cuando las residencias que funcionan como ELEAM se encuentran fuera de norma, lo que implica que no cumplen con los estándares mínimos para el cuidado de las personas mayores.

Esto, en todo caso, no significa el cierre del lugar, dando paso a una de las grandes problemáticas del cuidado de adultos mayores: esas personas no tienen a dónde ir, por lo que lo que termina haciendo la autoridad es recomendar mejoras al recinto y, hasta que no lo haga, sólo prohibe nuevos ingresos.

En la actualidad, además, hay 700 sumarios en curso, los que no necesariamente son por higiene, sino por otros temas que tienen que ver con servicios básicos, como no contar con adecuado acceso a energía eléctrica.

Una realidad pasada por alto

Lo que día a día se vive en los hogares de adultos mayores parece no ser desconocido para los actores involucrados. Aun así, nadie hasta aquí se ha hecho cargo y la tragedia en Pitrufquén sólo lo visibilizó de manera general.

De hecho, el incendio aceleró una agenda que el gobierno venía trabajando sobre residencias en cuanto a fiscalización, regularización y falta de oferta de cuidados, agenda que había nacido fruto de la detección de cerca de más de mil adultos mayores que siguen hospitalizados sin necesidad médica y sólo por falta de una red de apoyo.

“Nos encontramos con que no existe capacidad de recibir a esos pacientes fuera del hospital porque no hay suficiente oferta de servicios de cuidado de adultos mayores, entendiendo que las familias no se pueden hacer cargo. La oferta es absolutamente insuficiente como país”, expuso ayer Chomali, en un contexto donde además la población va envejeciendo.

Como sea, la tragedia reciente obligó a las ministras de Desarrollo Social y Salud a reunirse este martes con miras a tomar acciones inmediatas para responder a la crisis.

Tras esa cita, ambas recalcaron que la problemática va más allá de este incendio. Y que se tiene noción de esto hace bastante tiempo, incluso más allá de este gobierno.

Wulf, por ejemplo, planteó que la emergencia del sur es la expresión de un tema mayor: “Esta situación refleja un problema de fondo, estructural, que el país durante décadas no ha podido solucionar y en un contexto de envejecimiento de la población es el momento de hacernos cargo”, dijo, sumando que el mandato que les dio el Presidente José Antonio Kast de atender la problemática “pone en el centro a las familias, que hoy no tienen claridad muchas veces de las condiciones en que viven los adultos mayores”.

Chomali, en tanto, reveló una realidad incómoda al señalar que todas las instituciones, con o sin autorizaciones, son sujeto de fiscalización, sin poder hacer mucho más que ayudarlas a cumplir con los requisitos, a pesar de los intentos que el Estado hizo hace no mucho. “Hubo un esfuerzo en años anteriores a través de un decreto para incorporarles recursos para obtener su resolución, pero no tuvo buenos resultados. Ninguna de las instituciones logró la autorización, entonces tenemos que mirar si fue buena política pública”, señaló.

Medidas

Así, tras la reunión, las secretarias de Estado hicieron hincapié en que este tema se venía trabajando desde antes del incendio, con lo que algunas medidas ya estaban en marcha y otras se acelerarán.

En ese sentido, el gobierno ha definido tres líneas de trabajo: aumento y diversificación de la oferta de cuidados; facilitación de regularizacion para instituciones que cumplan con los estándares; y reforzar medidas adecuadas de seguridad -prevención y respuesta- y dignidad de las personas mayores, quizás si el tema al que se le quiere dar más urgencia para dar tranquilidad a las familias.

Por lo pronto, las fiscalizaciones estarán más focalizadas en aspectos preventivos, cosa de que aunque no tengan la autorización sanitaria al menos sí cuenten con las condiciones necesarias para enfrentar emergencias, algo que en Pitrufquén parece haber fallado. Esto apunta a que las medidas que sean vinculantes con la vida de las personas no queden sujetas a procesos de regularización.

El gobierno también trabajará en un registro público de todas las instituciones que sí tienen resolución sanitaria para que las familias puedan consultar antes de llevar a sus adultos mayores. “Vamos a transparentar para que las familias nos ayuden; van a poder comprobar y si no tiene resolución y consideran que las condiciones no son adecuadas, nos ayuden a hacer las gestiones que se necesiten”, aseveró la titular del Minsal.

Del mismo modo, se buscará aumentar las alternativas para personas con dependencia moderada o severa, ampliando las alternativas de atención domiciliaria a través de la red de Apoyos y Cuidados.

Con miras al futuro, Chomali dijo que el Ejecutivo cree que pueden habilitarse hogares que sólo reciban pacientes autovalentes, lo que descomprimiría -y ordenaría- el sistema. “Vamos a crear esta nueva institucionalidad que no existe actualmente. Hay muchos adultos mayores que pueden vivir perfectamente bien en hogares protegidos”, anunció.

Asimismo, señaló que el Estado sí tiene la capacidad de financiar más cupos, pero que actualmente no hay suficientes dispositivos que puedan satisfacer esa demanda. Para ello, el gobierno ha venido trabajando en buscar espacios desocupados, como hospitales que dejaron de usarse por la construcción de uno nuevo, para entregarlos en comodato. Para esto ya hay algunas solicitudes de fundaciones, aseguró Chomali.

Y es que para todo lo que el gobierno tiene en mente, pretende sumar a la ecuación a municipios, gobiernos regionales y sociedad civil, entre otros.

Para Carolina Núñez, académica de la Facultad de Medicina y del Aula de Mayores de la Universidad Central, “en un país envejecido se necesitan políticas públicas que estén orientadas hacia estos cuidados, que son cuidados a largo plazo, y que cumplan mínimos”.

En ese sentido, señala que ante niveles de dependencia, existen establecimientos de larga estadía que no están autorizados por las seremis, “por lo cual esa también es una de las brechas que tenemos como país, de poder darle a las personas mayores que requieren de estos cuidados especializados, la seguridad de que, al estar en estas instituciones, tengan bienestar y calidad de vida”.

Sale el seremi

Otra medida inmediata, pero que no tiene que ver con el sistema de cuidados, fue la solicitud de renuncia que hizo el Minsal al seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo, por sus declaraciones a propósito de la tragedia.

El secretario regional ministerial quedó en el ojo del huracán luego de ser consultado por posibles cierres de otros establecimientos con sumarios abiertos. Ante esto, dijo que “si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes donde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”.

Ante esto, la cartera de Salud expuso que “las autoridades de gobierno, y especialmente quienes ejercen responsabilidades en el ámbito de la salud, deben desempeñar sus funciones con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, particularmente frente a situaciones que requieren el máximo respeto hacia las personas y sus familias”.

Además, señaló que “en el contexto de la dolorosa tragedia ocurrida en Pitrufquén, consideramos que las declaraciones emitidas por la autoridad regional no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad”.