¿Hasta qué punto las preferencias políticas afectan la investigación en las humanidades y las ciencias sociales? La respuesta de una comisión de diez académicos convocada por las universidades de Washington en St. Louis y Vanderbilt no fue un veredicto de condena, pero tampoco una absolución. Su preocupación está centrada principalmente en la calidad de la investigación.

La comisión rechaza la tesis de que las humanidades estén dominadas por propaganda política. Pero, después de revisar disciplinas como filosofía, antropología, sociología, historia, estudios literarios y música, concluyó que existen señales de sustitución de criterios académicos por criterios políticos en algunos sectores.

El punto central no es, por tanto, qué temas estudia un investigador ni cuáles son sus ideas políticas. La preocupación aparece cuando una posición comienza a determinar qué evidencia es aceptable, qué conclusiones pueden sostenerse o qué investigaciones pueden publicarse y discutirse. Tampoco el estudio plantea reemplazar una politización de izquierda por una de derecha, o viceversa. Más bien advierte sobre las presiones que pueden provenir de gobiernos, legislaturas, fundaciones y otros actores externos.

Y recomienda cautela, ya que, si una institución sospecha que existen problemas en alguna disciplina, debería comenzar por investigaciones intensivas realizadas por expertos amplios y rigurosos, no por intervenciones administrativas. ¿Se puede extrapolar esta sospecha a los estudios en Humanidades en nuestro país? Es precisamente ahí donde comienza la discusión local, planteada recientemente por Pablo Ortúzar en una columna titulada “¿Está politizada la academia?”, donde propuso imitar la iniciativa de análisis en Chile.

Para Ismael Puga, director del Doctorado en Estudios Sociales Avanzados de la Universidad Central, el principal problema del documento estadounidense está en su pretensión implícita de medir algo que, en rigor, no mide. Matías Gómez, sociólogo del Centro de Investigación en Economía y Sociedad, coincide parcialmente. Según señala, la pregunta que plantea el informe -si las preferencias políticas pueden interferir en la investigación- es legítima, pero sus conclusiones descansan principalmente en casos, controversias y evaluaciones expertas. “Si en Chile quisiéramos estudiar esto seriamente, con rigurosidad, primero tendríamos que definir qué entendemos por politización”, dice.

Luis Riveros, vicepresidente de la Academia de Ciencias Sociales y director del Instituto de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la U. del Alba, no cree que exista una politización significativa de los resultados de investigación en Chile. El también exrector de la U. de Chile remarca que los intereses políticos de cada investigador, de alguna manera, trasciende en sus propósitos de investigación. “Sin embargo, no creo que influyan los resultados, porque uno puede partir con una hipótesis que es completamente rechazada por los datos, y eso es lo que más se privilegia en Chile”.

Nicolás Montalva, director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la U. Mayor, plantea una cautela similar. El informe estadounidense puede ser un trabajo serio, dice, pero sus propios autores reconocen que sus ejemplos no permiten establecer cuán extendido está el fenómeno. La clave estaría, entonces, en observar si el resultado permanece abierto a la evidencia. Para esto, Gómez propone cinco criterios: falsabilidad, transparencia, coherencia metodológica, consideración de evidencia contraria y simetría. Este último punto resulta particularmente relevante, el cual consiste en utilizar los mismos estándares cuando una investigación llega a una conclusión política que contradice las convicciones del propio investigador.

Chile cuenta con un antecedente que inevitablemente entra en esta discusión: la Radiografía de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (HACS), elaborada por el Ministerio de Ciencia y presentada en 2024. Si bien ese estudio no buscó determinar si existe politización de la investigación, sistematizó información sobre capacidades, formación, empleabilidad, inversión y resultados de las humanidades, artes y ciencias sociales.

Y sus resultados mostraron que, en primer lugar, Chile no tiene un exceso de personas formadas en estas áreas. De hecho, la proporción de graduados de posgrado en HACS alcanzaba un 16,5%, frente a un promedio OCDE del 25,2%; además, los investigadores de estas áreas representaban al 9,6% del total de personas dedicadas a I+D, frente al 13% en la OCDE.

Para Juan Larraín Correa, director del Instituto de Éticas Aplicadas de la UC, esos antecedentes deberían impedir que casos particulares sean convertidos en un diagnóstico general, aludiendo al estudio norteamericano. “Siempre toda comunidad profesional tiene que estar dispuesta a la autocrítica”, sostiene. Pero advierte que una investigación considerada deficiente no permite evaluar una disciplina completa.

Larraín cita otro dato. En el ranking QS 2026, publicado por la empresa británica Quacquarelli Symonds que clasifica universidades de todo el mundo según criterios de calidad y prestigio académico, en Artes y Humanidades es la disciplina mejor posicionada internacionalmente de la Universidad Católica (26). Por otro lado, José Joaquín Brunner, académico UDP y UTA, y director de la Cátedra Unesco de Políticas Comparadas de Educación Superior, sostiene que en Chile el riesgo histórico para las ciencias sociales y las humanidades ha provenido principalmente desde el poder político. Recuerda su exclusión e intervención durante la dictadura y advierte que actualmente el problema estaría en el “desprestigio oficialmente motivado, menor prioridad, mengua de financiamiento” y ataques políticamente fundados.

La paradoja del Fondecyt

Es en este punto donde el informe estadounidense adquiere una particular resonancia en Chile. Mientras en Estados Unidos una comisión se pregunta si la ideologización está ingresando a la investigación académica, en Chile la controversia actual gira en torno a una decisión sobre qué investigación debe recibir financiamiento prioritario.

Las nuevas bases del Fondecyt de Postdoctorado 2027 permiten que hasta un 70% de las adjudicaciones se destine a proyectos incluidos en diez áreas prioritarias. Entre ellas figuran ciencias naturales y biomedicina, IA y tecnologías de frontera, física y astronomía, cambio climático, minería, agroindustria, acuicultura; y dos áreas con mayor espacio para las ciencias sociales: futuro del trabajo y seguridad, justicia y políticas públicas.

La discusión tiene una paradoja, acusan. “Mientras se advierte del riesgo de que ciertas posiciones políticas condicionen las agendas académicas, en Chile lo que estamos viviendo es justamente que el poder político decide explícitamente cuáles son las áreas determinadas que resultan prioritarias”, plantea Gómez.

Larraín comparte la legitimidad de que el Estado establezca prioridades, pero cuestiona la herramienta. A su juicio, deberían existir instrumentos distintos: algunos focalizados en objetivos estratégicos y otros destinados a sostener una base amplia de investigación.

La preocupación no es solamente presupuestaria, también es epistemológica. Larraín usa el desarrollo de las ciencias de la computación como ejemplo. La disciplina que décadas atrás difícilmente podía ser identificada como una prioridad productiva terminó siendo una de las bases de la inteligencia artificial. “El riesgo de escoger, decidir y suponer lo que va a pasar en el futuro es complicado”, afirma.

¿Quién debería hacer el estudio?

Los consultados sí ven espacio para una evaluación del desarrollo de la academia chilena, aunque ninguno propone simplemente copiar el modelo estadounidense. Larraín plantea una comisión amplia y experta, convocada por el Ministerio de Ciencia junto al Consejo CTCI y las academias científicas. Puga preferiría que la selección de expertos proviniera de la propia comunidad disciplinaria. Montalva propone un equipo académico plural e independiente, con métodos transparentes y con revisión externa.

Brunner va más lejos. Un estudio que parta desde una sospecha sobre determinadas disciplinas corre el riesgo de transformarse precisamente en aquello que pretende investigar: una intervención política sobre la producción de conocimiento.