La decisión de la Corte Suprema de abrir un cuaderno de remoción contra el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, implicará abrir los fuegos al interior de la magistratura.

El cuaderno de Urrutia significa que, luego de que sea formalmente notificado, tendrá plazo para despachar un informe con sus descargos, y con eso, su destino quedará en manos de los 30 magistrados que integran el tribunal de alzada capitalino.

El problema es que Urrutia lleva en su historial un largo listado de enfrentamientos con los ministros que deberán decidir su permanencia en el Poder Judicial.

Por ejemplo en 2022 el magistrado -a quien algunos judiciales lo apodan como “el niño terrible” de la magistratura- intentó querellarse contra 19 ministros de la Corte de Santiago por el presunto delito de prevaricación.

Urrutia tuvo una frustrada embestida penal -que se declaró inadmisible- motivada por la revocación que había hecho el pleno de una resolución, firmada por él, para liberar de oficio a 44 imputados que estaban en prisión preventiva y quienes fueron sindicados por las autoridades de gobierno y Carabineros como integrantes de la llamada “Primera Línea” del estallido social.

La liberación de imputados en la primera línea le ha generado más de algún dolor de cabeza. En otro episodio similar, pero de 2020, Urrutia enfrentó un sumario en la Corte de Santiago que terminó con una amonestación en su contra. Antes de esa sanción fue suspendido de su cargo y trasladado desde su tribunal a uno de cobranzas.

Las enemistades entre la Corte de Santiago y Urrutia han revivido estos últimos días. Por ejemplo, no fue bien recibida en el Palacio de Tribunales una columna del juez, publicada en El Mostrador, que se titulaba: “El privilegio ilustrísimo: cuando la Corte de Santiago no habita su cargo”.

En la columna Urrutia criticó que los ministros solicitaran obtener autorización para circular en sus vehículos institucionales por las vías exclusivas para el transporte público de la Región Metropolitana.

“La justicia no se ejerce desde los privilegios. Se ejerce desde la comprensión de la realidad del pueblo al que se sirve. Y en eso, la Corte de Apelaciones de Santiago tiene una deuda pendiente que ninguna vía exclusiva podrá saldar”, se lee en su texto.

Urrutia parece estar decidido a no detener sus críticas a quienes son sus superiores. Días después de aquella columna, el juez -quien además tiene fuero sindical por ser el presidente regional Santiago de la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ)- denunció al pleno de la Corte de Santiago ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por abrirle un sumario por haber viajado, en enero de 2020, a Costa Rica.

Ese fue uno de los dos hechos que se investigaron en el proceso disciplinario que se le abrió por haber viajado al extranjero con licencia médica.

El viaje a Costa Rica fue para participar de una audiencia en la misma Corte IDH en el marco de una demanda de Urrutia contra el Estado chileno. Sin embargo, ese hecho fue desestimado tanto por la fiscal Macarena Troncoso como por el pleno ya que había ocurrido hace más de cinco años y por lo tanto estaba prescrito.

Esos son solo algunos ejemplos de lo que se ha transformado en una verdadera guerra fría entre el juez y la Corte de Santiago. De hecho ese pleno está integrado por varios ministros que no son cercanos a Urrutia, pero también por magistrados que son fuertes defensores del juez.

Si bien el cuaderno de remoción es un proceso de naturaleza distinta al de un sumario disciplinario -al surgir del artículo 80 de la Constitución y no del Acta 108 de la Suprema- existe un antecedente que marca lo disputada que será la deliberación del pleno.

Cuando la fiscal Troncoso levantó cargos contra Urrutia por haber viajado a Ecuador con licencia médica en 2022, el pleno se dividió en dos al momento de sancionarlo.

Si bien esa vez estaba sobre la mesa aplicar alguna sanción disciplinaria -y no su remoción del Poder Judicial-, la votación refleja que al menos la mitad del pleno del tribunal de alzada capitalino tenía la intención de castigar la falta a la probidad de Urrutia.

Aquella vez las ministras Marisol Rojas, Romy Rutherford, Graciela Gómez, Iara Barros, Jenny Book y Elsa Barrientos y los ministros Alejandro Rivera, Guillermo de la Barra, Pedro Caro, Patricio Martínez, Tomás Garay, Rodrigo Schnettler y el ministro (s) Rodrigo Carrasco fueron de la opinión de formularle cargos.

Eso da un total de 13 votos, de un pleno que actualmente está integrado por 30 magistrados. De ese grupo la ministra Rutherford y el ministro Rivera fueron los más duros ya que fueron de la opinión de que el actuar de Urrutia podía constituir un delito por lo que pidieron enviar los antecedentes a la Fiscalía.

Luego de la decisión de la Suprema, el abogado de Urrutia aseguró que se defenderá como corresponde. “Era algo que esperábamos. La presión mediática y política era tremenda. Es una resolución de la Suprema, no nos gusta, pero hay que acatarla. Yo no creo que la situación amerite una remoción del Poder Judicial. Los principios de proporcionalidad deben ser respetados. No creo que el magistrado Urrutia haya atentado contra la imagen del Poder Judicial por esta situación”, afirmó el martes su defensor Carlos Quezada.