El lunes 6 de julio, día en que la mayoría de los colegios de Chile retomó las clases tras las vacaciones de invierno, un violento regreso se vivió en el Instituto Nacional. Ese día, un grupo de encapuchados con overoles blancos salió del liceo emblemático y lanzó bombas molotov al exterior.

Casi inmediatamente el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hizo un llamado al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Pública (a cargo de los SLEP) a “que de una vez por todas actúen con la firmeza que se necesita”.

La crítica del jefe comunal tiene un contexto claro: hasta el 31 de diciembre de 2025 la Municipalidad de Santiago era la que sostenía a todos los establecimientos públicos de la comuna, y a partir del 1 de enero de 2026 pasaron a manos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro liderado por Paulina Retamales.

Y si bien Desbordes remarcó que la situación no es nueva, también dijo que, a su juicio, hay “un retroceso respecto de la velocidad con que se reacciona y la profundidad con que se está actuando“.

Respecto de la profundidad en el actuar, según cifras del SLEP a las que tuvo acceso La Tercera, de las 403 activaciones de protocolo registradas desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 30 de junio, 109 casos (27%) correspondieron a debidos procesos por faltas graves o gravísimas.

Vale recordar que los procesos disciplinarios tienen dos marcos normativos distintos, donde los establecimientos tienen independencia para actuar. Por un lado, el procedimiento regular establecido en el DFL N°2 del Ministerio de Educación, un proceso más extenso y que básicamente tiene como objetivo corregir conductas y favorecer la permanencia del estudiante en el sistema educativo. Por otro lado, está el procedimiento abreviado de la Ley N° 21.128, más conocida como Aula Segura. Este está diseñado para abordar faltas de alta gravedad y que puede derivar en la separación del estudiante del establecimiento.

Así, de los 109 procesos de faltas graves (30) y gravísimas (79), 46 (42,2%) se abordaron por la vía regular y 63 (57,8%) a través de Aula Segura. Los tres hechos que originaron más de un centenar de procesos fueron violencia entre estudiantes (26), Reglamento Interno de Convivencia Escolar (25) y Protocolo de cancelación o expulsión (22).

De esos 109 procesos, 41 terminaron en expulsión: 40 por Aula Segura y uno por el procedimiento regular del Mineduc. De los otros procedimientos, 42 culminaron en suspensión y 13 cancelaciones de matrícula (11 por Aula Segura y 2 por vía regular), entre otras cosas. Cabe destacar que tras la fecha de corte de las cifras proporcionadas por el SLEP hubo más expulsados, los que aún no son parte del consolidado.

Sanciones aplicadas por faltas graves y gravísimas:

El SLEP, además, la semana pasada presentó su quinta querella en lo que va de año por hechos violentos, que básicamente son los que han terminado con salidas incendiarias de encapuchados. Del mismo modo, ha pedido en 50 oportunidades el desalojo de diversos liceos ante tomas, concentradas principalmente en el Liceo 1 Javiera Carrera (36%) y en el Instituto Nacional (26%). Acorde al SLEP, ninguna ha durado más de tres horas.

¿Y cómo operaban los colegios con la Municipalidad de Santiago como sostenedor?

Según cifras solicitadas vía Ley de Transparencia a la Superintendencia de Educación, durante todo 2025, el último año en que fueron el sostenedor de los liceos, el municipio expulsó a 86 estudiantes. La tendencia, por tanto, es similar, considerando que en un semestre los colegios ya bajo la administración del SLEP expulsaron a 41, poco menos de la mitad que con la municipalidad.

Eso sí, por esta vía de acceso a la información no es posible determinar cuántos de ellos fueron por Aula Segura. Ocurre que para efectos estadísticos se consideran como expulsiones regidas por dicha ley todas las expulsiones y cancelaciones de matrícula realizadas desde 2019.

Lo que sí es posible saber es que de las 86 expulsiones ocurridas durante 2025, 11 fueron por uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios; 31 por agresiones físicas a otros estudiantes; 2 por transgresión reiterada de normas del establecimiento educacional; 3 por agresiones físicas a docentes o asistentes de la educación; 9 por agresiones de carácter sexual; 3 por hechos relacionados con drogas; 7 por actos que atentan contra la infraestructura esencial; 11 por agresiones psicológicas a otros estudiantes; 3 por hurto; 4 por agresiones psicológicas a docentes o asistentes de la educación; y 2 no tienen información o se está revisando la medida.

De todos los expulsados en 2025, 44 fueron del Instituto Nacional, 6 del Barros Borgoño, 5 del Liceo de Aplicación, 4 del INBA y 4 del Confederación Suiza, entre otros. En su mayoría eran de educación media, aunque hubo 14 expulsados de básica.