La tarde de este viernes, la Fiscalía Regional de O’Higgins y Carabineros entregaron detalles de la detención y formalización de El Morocha, el líder de la organización criminal que mantenía una casa de torturas en la localidad de Pueblo de Indios de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

“Hemos formalizado cargos por los delitos de asociación criminal, tráfico de droga, secuestro con resultado de lesiones graves, secuestro con violación y abuso sexual y un secuestro con homicidio e inhumación ilegal”, detalló el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

Michael Javier Urbina Rivera, chileno, de 26 años, conocido como El Morocha, fue detenido por Carabineros en un domicilio ubicado en el limite de las comunas de San Joaquín y La Granja.

El persecutor precisó que solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, lo que fue acogido por el tribunal.

La mañana del 6 de noviembre, en el marco de una investigación por tráfico de drogas, Carabineros halló el cuerpo calcinado y maniatado de una mujer en una fosa ubicada en los faldeos de un cerro en San Vicente.

Los peritajes continuaron y se detectaron nuevas osamentas en el mismo sector.

Operaba en varias comunas de la región

Los avances de la indagatoria permitieron la detención de la persona que habrían liderado esos crímenes.

“Nuestra investigación ha acreditado que él ejercía el liderazgo de esta banda que tenía como principal actividad dedicarse al tráfico de droga en distintas comunas de la Región de O’Higgins. Hemos podido acreditar que estaba instalado a través de diversos puntos de venta de sustancia ilícita en Mostazal, en San Fernando, en San Vicente, también en Rengo y en Santa Cruz”, detalló el fiscal Cubillos.

El persecutor jefe de O’Higgins explicó que el sujeto ejercía el liderazgo de la banda “proveía de armas y, obviamente, ordenaba la ejecución de diversos delitos, no solo la comercialización de drogas, sino que también otros delitos relacionados a esta actividad para infundir temor”.

Los secuestros, torturas y homicidios estarían relacionados a ese aspecto del negocio criminal, con la finalidad de mantener el control territorial de los lugares en que comercializaban la droga.

“Estos son delitos sumamente graves. Recordar que el delito de secuestro calificado tiene la pena máxima de presidio perpetuo calificado y, en este caso, hay tres secuestros calificados que han sido formalizados con resultados bastante violentos, uno con homicidio, otro con violación y otro con resultado de lesiones graves. Por tanto, obviamente, se trata de uno de los delitos que tiene mayor pena en nuestro Código Penal”, explicó el fiscal.

Cubillos indicó que la banda concretaba estos crímenes en para “mantener el control territorial, para infundir temor, para marcar presencia”.

“De esta forma se cometen distintos delitos como tráfico de armas, posesión de armas, delitos violentos, como los que he referido, los secuestros, las torturas y, para eso, no solo estaban los puntos de venta, sino que también había lugares de acopio de drogas y también lugares que servían para la ejecución de estos actos violentos como casas de tortura”, señaló.

En uno de los homicidios, la víctima era una vendedora y consumidora de droga a la que dieron muerte en castigo por una deuda. El líder de la banda ordenó introducir su cadáver en un tambor y quemarlo antes de inhumarlo en una fosa séptica.

“Siempre dando las órdenes respecto de las acciones a realizar, ejerce un liderazgo sobre la banda y lo que pretende es infundir temor”, expuso el fiscal.