La nueva ministra de Educación, María Paz Arzola, es conocida en el mundo de los expertos en educación. Entre columnas, citas en medios e invitaciones a participar en diversas instancias de discusión del gobierno y el Congreso, la ingeniera comercial ha ido dejando registro de su opinión sobre distintas materias que permiten reflejar su pensamiento sobre la educación chilena.

FES

Si es que el FES, la propuesta del actual gobierno de Gabriel Boric que busca dejar atrás el CAE, no se alcanza a tramitar en esta administración, Arzola será la encargada de darle continuidad a ese debate. Su mirada en torno al proyecto ha sido siempre crítica. "FES, amenaza para el Fisco“, es título de una de sus últimas columnas al respecto. Allí plantea que requiere de una ”reformulación total y no solo de cambios cosméticos o parciales, como pretende el gobierno". Antes ya había dicho en otra columna llamada "FES: ¿Quién paga la cuenta?“, que ”bajo la excusa" de abordar los problemas específicos del CAE, lo que el proyecto original pretendía era “alterar una serie de elementos que van mucho más allá, afectando el equilibrio y progreso del sistema de educación superior”.

"Agoreros de la gratuidad“, fue el título de otro de sus textos, donde señalaba que era ”hora de aceptar que la única forma de hacer viable la gratuidad es frenar su extensión y dar paso a un mecanismo de financiamiento complementario que no dependa exclusivamente de la billetera fiscal“. En ese contexto, añadía antes de conocerse el FES, que “el proyecto para crear un nuevo crédito estatal en reemplazo del CAE constituye un buen punto de partida para avanzar en esa discusión y en las soluciones que el sistema de educación superior requiere con cada vez mayor premura”.

SAE

La economista fue parte de la mesa técnica convocada por el gobierno para sugerir cambios al Sistema de Admisión Escolar (SAE). Fue en ese contexto que señaló que “lo que se necesita no es demoler el SAE. El sistema escolar no resiste más refundaciones. La plataforma para la postulación tiene cualidades y, por lo tanto, debiera mantenerse. Aceptar aquello no impide, por otro lado, reconocer la necesidad de revisar los criterios bajo los cuales esta asigna los cupos en colegios con sobredemanda“. Del mismo modo, cree que un alumno de buen desempeño debe tener alguna prioridad a la hora de acceder al colegio de su preferencia. Reponer la selección lo ve necesario.

SLEP

Arzola también fue parte del consejo evaluativo de la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Desde ahí vio de cerca esa primera parte del proceso. Con ese conocimiento abordó los más de 70 días de paralización de clases en Atacama: “Ha ratificado cada una de las críticas que varios hicimos cuando se discutió la ley que lo creó y que fueron ignoradas: que ésta imponía un mayor centralismo para la toma de decisiones, que los nuevos servicios congregaban un número excesivo de colegios, que se diluían las responsabilidades y, en definitiva, que se creaba una nueva y costosa burocracia para sustituir la administración municipal, sin corregir los defectos de ésta. Advertimos que se cambiaría todo para mantener todo igual”.

Evaluación del actual gobierno

Haber trabajado de cerca con el actual gobierno no le ha impedido ser crítica de su gestión. "Una de las principales falencias que ha mostrado el gobierno en materia educativa es su indefinición en cuanto a lo prioritario", ha dicho.

Por otra parte, referido al legado en educación, ha expuesto que el presupuesto “es un fiel resumen de lo que la izquierda, liderada por el Frente Amplio, viene impulsando en materia educacional desde que el mismo Presidente irrumpió en la escena pública como dirigente estudiantil. Un ejemplo de cómo poner los recursos en el lugar incorrecto”.

También aseveró que parecía que lo que buscaba el gobierno con el fin de los Liceos Bicentenario era “poner término gradual a un programa que representa todo aquello en lo que no cree, pues la principal novedad de estos no fue la entrega de más recursos, sino la reivindicación de la excelencia académica, del esfuerzo y del compromiso con una serie de valores clave para la educación, que en el último tiempo han sido despreciados por la ideología detrás de quienes nos gobiernan”.

En otra columna llamada "Centrarse en lo urgente“ y que abordaba cifras de inasistencia crónica dijo que no serían tanto problema ”si se tratara de una administración que hubiera demostrado su eficacia para gestionar de manera simultánea y exitosa múltiples materias, pero lo cierto es que, en el caso de la educación, la realidad muestra todo lo contrario", y que “ante la incapacidad de caminar y masticar chicle a la vez, las prioridades del gobierno cobran especial relevancia”.

¿Y el plan de reactivación educativa del actual gobierno? “Aunque bien orientado, carece de la cobertura suficiente, de metas de corto plazo y de una evaluación de desempeño que lo sustente”, ha expuesto al respecto.

Colegio de Profesores

En el contexto de las clases a distancia por la pandemia y la resistencia del Colegio de Profesores de retornar a las aulas, así como algunos paros, escribió que “los motivos detrás de estas interrupciones evidencian cómo, desde hace un tiempo, la educación se convirtió en la principal trinchera de batallas políticas e ideológicas, lo que la mantiene como rehén de causas que no le atañen”. Y sumó: “Necesitamos anteponer su bienestar por delante de objetivos de personas y grupos que mantienen secuestrada a la educación para sus propios propósitos”.

En otra oportunidad, del gremio dijo que “seguro buscaría algún otro pretexto” para no volver a clases, en referencia a que esa vez era el uso del transporte público lo que les impedía hacerlo.

"Hace ya un buen tiempo que la educación en Chile está demasiado sometida a la política y a la presión que ejercen grupos de interés organizados; y antes que la evidencia y las lecciones que otorga la experiencia, a menudo las decisiones se ven influidas por lo que estos exigen. Un ejemplo es el Colegio de Profesores", añadió otra vez.

Ley de Inclusión y fin al lucro

"Optimismo y realidad“, se titulaba otra de sus columnas. En referencia al fin del lucro introducido en los colegios, expuso que ”a pesar del entusiasmo que dicha idea produjo en gran parte de la opinión pública, luego de cinco años podemos decir que nada de ello se ha traducido en mejoras en la calidad de la educación y que, de hecho, produjo una burocracia y sobrecarga administrativa que constituyen uno de los más frecuentes dolores de cabeza con que deben lidiar directivos y gestores escolares".

En otra oportunidad se refirió a “las desastrosas consecuencias que han seguido a las diversas reformas que se introdujeron durante la segunda administración de la expresidenta Bachelet”. Y ahí añadió que “la consigna de terminar con un lucro cuya existencia nadie pudo nunca acreditar motivó la introducción de una extensa burocracia que lo único que ha logrado es rigidizar la gestión escolar y estancar el desarrollo de una oferta educativa de calidad. O cómo la supuesta discriminación de que se acusó a los colegios, y que a la larga se vio no era tal, llevó a instalar una narrativa antimérito que socavó el valor de los proyectos educativos basados en la alta exigencia académica, así como a diseñar un sistema de admisión centralizado que prometió equiparar el acceso a una educación de calidad, que en cambio se ha vuelto cada vez más escasa”.

Sistema chileno

"Muchos creen que la desigualdad entre la educación pública y privada pasa principalmente por un tema de recursos, cuando en realidad no es así (...) En cambio, la diferencia se encuentra en gran medida en el foco de su gestión.

Es, al mismo tiempo, una defensora de la educación temprana. “Si antes de la pandemia la evidencia ya llamaba a priorizar este nivel educativo desde la política pública, pues ahora ello se alza prácticamente como un deber moral”, sumando que “el camino no es fácil. Además de la reticencia de algunos sectores por invertir en un ámbito cuyos resultados son de largo aliento y por lo tanto poco rentables políticamente en el corto plazo, se requiere superar la presión de grupos de interés que impiden asignar correctamente los recursos públicos escasos”.

También ha defendido el Simce. Este tipo de medición, ha dicho, “es el único instrumento que entrega información individualizada y comparable sobre cómo enseñan las escuelas y cómo aprenden sus alumnos”.

Del financiamiento público a la educación estatal, en tanto, aseguró que “no se observa" que en la práctica ésta “realice un mayor aporte público que las haga merecedoras de un financiamiento preferente”.