La decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de este miércoles sobre la ya emblemática megatoma de San Antonio da un nuevo punto de tensión a la crisis por los terrenos ocupados por pobladores en el cerro Centinela, en la Región de Valparaíso. La Corte estableció un plazo de 30 días para ejecutar el desalojo en la zona, plazo que culmina el 4 de diciembre.

La resolución del tribunal de alzada instruye a la Municipalidad de San Antonio y a los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social y Familia a implementar en el mismo periodo un albergue para los ocupantes de la toma de 215 hectáreas que comenzó en 2019 y hoy tiene más de 4 mil familias (cerca de 10 mil personas).

Según conocedores de las tratativas, esta resolución podría darle fin definitivamente a una larga historia, aunque todavía no se puede dar por cerrada.

Ocurre que la decisión judicial vino a zanjar una serie de tensiones entre los pobladores y los propietarios del terreno por distintas arremetidas judiciales. Si bien desde el 22 de marzo del 2024 que la Corte Suprema ratificó el desalojo, la empresa Constructora Inmobiliaria San Antonio asociada a los terrenos ingresó una solicitud a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 23 de octubre para “acceder a lo solicitado” y requerir el uso de fuerza pública ordenando un desalojo.

Fue ahí que los pobladores ingresaron una petición de conciliación, y la interpretación que hicieron es que con ello se le daba pausa al desalojo. Pero eso fue desmentido tajantemente por la empresa en un comunicado público, por la Delegación Presidencial, el Poder Judicial y la Delegación Presidencial. Al respecto, de hecho, Yanino Riquelme, delegado presidencial regional de Valparaíso, recalcó que "el proceso de desalojo de la toma del cerro Centinela sigue su curso" y que “ya informamos a la Corte sobre la disposición de albergues requeridos para iniciar la ejecución paulatina de esta medida“.

Y tras la decisión de la Corte de Apelaciones de este miércoles, ese proceso se aceleró y tuvo a las autoridades refiriéndose al tema.

Tras la resolución, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que “las sentencias judiciales se deben cumplir” y recalcó que “vamos a dar cumplimiento a la sentencia y también a las obligaciones que ha impuesto la Corte, la que ha especificado en concreto la solución de los albergues transitorios”.

De todas maneras, destacó que la Corte “ha puesto especial énfasis en uno de los aspectos, que es la disponibilidad de un recinto temporal donde trasladar a las personas” y que “Carabineros de Chile ha participado en cerca de 60 desalojos”.

Mientras que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirmó que “el gobierno tiene claro que la ley se cumple y las cortes tienen la autoridad y facultad para imponer ciertas fechas. Pero como sabemos que hay cuestiones fundamentales en juego, son 10 mil personas, 3 mil niños, tenemos que buscar hasta el último día soluciones”.

El abogado de los propietarios, Diego Pereira, valoró la decisión y dijo que “con esto se pone fin a las versiones que hablaron sobre una supuesta suspensión del desalojo y que sólo buscaron confundir y generar falsas expectativas entre quienes mantienen actualmente ocupado ilegalmente el terreno”.

Además añadió que “es trascendental que la Corte además haya dispuesto el apercibimiento de las instituciones responsables en el caso de persistir en la inobservancia al fallo; de esta manera se acaban las excusas, se podrá restablecer el Estado de derecho, el respeto del derecho de propiedad y mis representados podrán, por fin, luego de una batalla de cinco años, recuperar sus terrenos”.

Lo cierto es que el proceso ha sido complejo para ambas partes. Por un lado, la empresa que quiere hacer valer su derecho sobre la propiedad y, por el otro lado, el gobierno que intenta entregar una solución habitacional a la cantidad de familias que existen, habiendo intentado -sin éxito- empujar un modelo de compra del terreno a través de cooperativas, que quería replicar en otros asentamientos del país.

Conocida la resolución de la Corte, la empresa “valoró enormemente lo dispuesto (...) Esta resolución de la Corte viene, una vez más, a reconocer nuestro legítimo derecho a la propiedad, por el que hemos luchado hace más de cinco años y establece el apercibimiento de las instituciones mencionadas, en caso de persistir la inobservancia al fallo de desalojo”.

Algunas familias han manifestado su preocupación por pasar Navidad y Año Nuevo dentro de la toma antes del desalojo. Además, han insistido en que se les dé una respuesta habitacional y no se queden sin lugar donde vivir.

En ese contexto es que durante el concejo municipal de este miércoles el alcalde de San Antonio, Omar Vera, recalcó que “hay una convocatoria en Valparaíso mañana (hoy jueves) a los distintos servicios. Le estoy pidiendo a nuestra directora jurídica y nuestro personal de gestión habitacional para que concurran para ver los detalles del proceso”.

El tema también ha generado tensiones entre la empresa y el gobierno. De hecho, la primera ha acusado a La Moneda de buscar “ganar tiempo” y le ha exigido cumplir el mandato del desalojo. En medio de ese proceso es que también se generó una mesa técnica, la que por seis meses buscó encontrar alternativas habitacionales, sin éxito.