Una vez que salió de la clínica, en la que tuvo que operarse por un cuadro agudo de dolores a la vesícula, Manuel Monsalve tuvo dos preocupaciones.

Por un lado, responder junto a sus abogados a los siete cargos que le atribuyó el sumario abierto por Contraloría en su contra, para lo cual tenía un plazo de cinco días, que le fueron extendidos por su situación de salud, y en segundo lugar decidir si acudir o no en contra de lo obrado por el organismo que dirige Dorothy Pérez, alegando que la indagatoria administrativa en su contra es ilegal, pues se realizó cuando él ya había renunciado a su cargo de subsecretario tras la denuncia de una subalterna por el delito de violación.

Y tras pensarlo, y “conversarlo con su almohada”, decidió arremeter con un recurso de protección en contra del gobierno, representado por Víctor Ramos, quien en la actualidad ocupa el cargo que dejó, y también en contra de la mismísima contralora general de la república.

En la acción constitucional, a la que accedió La Tercera, Monsalve sostiene que la apertura de su sumario, ante lo cual establece ciertas dudas de que se haya hecho antes de su renuncia el 17 de octubre del año pasado, son “ilegales y arbitrarios, carecen de una adecuada motivación, y se adoptaron estando cursada mi renuncia”.

A juicio del exsubsecretario, todo esto “se traduce en actuaciones de una comisión especial, incumpliendo las exigencias de una investigación y procedimiento racionales y justos, lo que como se verá, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías de la que soy titular”.

En esa línea, argumenta que se está vulnerando su derecho a igualdad ante la ley, su derecho a defensa y a no ser juzgado por comisiones especiales.

“Atendido que he sido objeto de múltiples imputaciones por eventual responsabilidad administrativa, no obstante, la expiración de mis funciones en el cargo, habiéndose adoptado de facto la decisión de promoverla, sin conocimiento alguno de los hechos por parte de la funcionaria que aparece suscribiendo la resolución, sin que me fuera notificada, y una nueva instrucción por la Contraloría, estando aceptada y cursada mi renuncia, es por eso que se han quebrantado los derechos señalados”, acusa el exsubsecretario del Interior.

Enumeración de hechos

Monsalve parte solicitando a la Corte de Apelaciones de Santiago que declare admisible este recurso de protección. Tras esto, enumera cuál es la cronología de cómo se enteró, ya preso en Capitán Yáber, de la existencia de esta indagatoria administrativa. Hace dos semanas se le notificó que existen siete cargos por graves infracciones a sus deberes que cometió como autoridad, incluso antes de los hechos por los que una subalterna lo llevó a tribunales.

“Con fecha 17 de octubre de 2024, siendo las 14:15 horas, por escrito, presenté a S.E. Presidente de la República mi renuncia al cargo de subsecretario del Interior, la que fue aceptada y cursada con esta misma fecha. Hago presente a SS. Ilma. que el día 16 de octubre me encontraba con permiso por hacer uso de día administrativo, siendo subrogado en el cargo por la funcionaria Vanessa Marimon Fuentes, luego de lo cual reasumo mis funciones el 17 de octubre, por lo cual asisto al trámite de Ley de Presupuestos, en el Congreso Nacional”, se lee en el escrito.

Junto con esto, Monsalve dice que “lo anterior, como consecuencia de una grave denuncia de la que he sido objeto, siendo sujeto de imputación en causa RUC 2401238770-5, seguida ante el Séptimo Juzgado de Garantía. Como consecuencia de lo anterior, se me impuso la medida cautelar de prisión preventiva por casi seis meses, hasta que la Segunda Sala Penal de la Excma. Corte Suprema acogió un amparo deducido por mi defensa, sustituyendo la medida cautelar por arresto domiciliario total en mi domicilio”.

Luego de esto, continúa, “en el mes de marzo de 2025, encontrándome recluido en el anexo Capitán Yáber, se me solicita declarar en este sumario, cuya existencia desconocía, empero, solo con fecha 9 de junio de los corrientes, he sido notificado personalmente en mi domicilio de la ciudad de Viña del Mar -atendido que me encuentro sometido a la medida cautelar señalada-, de la formulación de siete cargos en mi contra por mi presunta responsabilidad administrativa”.

No se le puede juzgar, según alega

Monsalve, quien arriesga con este sumario no poder trabajar en la administración pública por el plazo que la autoridad de Contraloría estime al finalizar el proceso, apunta a que todo se ha hecho fuera de la ley, desde la apertura de la indagatoria, hasta cómo se habría tramitado a sus espaldas.

“Al haberse cursado mi renuncia el mismo día en que aparece tramitado el acto administrativo que dio origen al sumario (pese a tener antedatado el día 16 de octubre de 2024), significa que el sumario administrativo carecería de competencia material, siendo la tramitación la propia de una comisión especial", se lee en la acción.

Junto con esto, dice ante la Corte, el sumario del organismo que dirige Dorothy Pérez se abrió cuando él ya no era funcionario público. Y es que la indagatoria llegó a manos de Contraloría por petición de la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá (hoy candidata presidencial), cuando se estableció que el gobierno no era capaz de llevar adelante el proceso sancionatorio, por la cantidad de funcionarios que tenían relación con Monsalve.

“El inicio del sumario por parte de la Contraloría corresponde a un acto administrativo nuevo y no una continuidad -pese a la narrativa de la Resolución Exenta-, ya que no existe dependencia jerárquica entre el Ministerio del interior y la Contraloría, y este último organismo resolvió en el marco de su autonomía el inicio de un sumario, lo cual queda claro en la resolución 2077 del 23 de octubre”, alega.

Finalmente pide a los tribunales superiores pronunciarse y declarar ilegal todo lo obrado estos meses en sede de la Contraloría Regional Metropolitana.

“En tales condiciones, el procedimiento disciplinario carece de competencia material y resulta lesivo a las normas elementales de un debido proceso, quebrantando el principio de igualdad, legalidad y la garantía de prohibición de juicos ad hoc, pues se ha instruido un sumario, no obstante, la renuncia al cargo y la extinción de la responsabilidad administrativa”, dice.

Ante esto, el exsubsecretario sostiene que “los hechos en su conjunto, cuyos efectos lesivos están plenamente vigentes, lesionan los derechos previstos en el N.° 2 y 3 inciso quinto del art. 19 de la Constitución Política, todos amparados por vía de la acción de protección".