Ocultamiento de bienes y estafa: fiscalía abre caso en contra de U. del Pacífico

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En febrero, el Consejo Nacional de Educación ordenó el cierre definitivo de la Universidad del Pacífico por graves incumplimientos de estatutos.

La investigación se inició en abril con las denuncias del liquidador de la casa de estudios, Carlos Parada, y del administrador del cierre, Roberto Nahum.


Deben $ 118 millones a bancos; $ 1.700 millones a proveedores; $ 285 millones en remuneraciones a 159 funcionarios; $ 200 millones en deudas previsionales; $ 100 millones en honorarios pendientes y $ 38 millones a campos clínicos. Al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería le deben más de $ 330 millones. Además, entre 2017 y 2018 acumulan 12 juicios civiles por $ 420 millones en total y 16 juicios laborales por cerca de $ 960 millones. Y el déficit sigue.

Estas cifras forman parte de un informe financiero incluido en la denuncia que presentó en abril a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente el administrador de cierre de la Universidad del Pacífico, Roberto Nahum.

El abogado fue nombrado luego de que en febrero pasado el Consejo Nacional de Educación (CNED) ordenara el cierre de la casa de estudios por graves incumplimientos de sus propios estatutos, lo que afectó a cerca de 2.700 estudiantes.

El plantel fue creado en 1990 y desde un inicio ha sido controlado por la familia Ortúzar Muñoz. El patriarca del clan, Julio Ortúzar Prado, también lidera la Fundación Julio Ortúzar Rojas, ligada a la gestión de la casa de estudios.

En medio del proceso de cierre, Nahum recabó información de hechos que podrían -según dice- ser constitutivos de delitos, y presentó una denuncia al Ministerio Público por presunta estafa, apropiación indebida y asociación ilícita. El caso está en manos del fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, quien el 14 de abril envió una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI, y les dio un plazo de dos meses para que remitan un informe.

Según el documento al que accedió La Tercera, Nahum señaló que le parece especialmente grave que la institución haya abierto un proceso de matrícula para el año académico 2018, "en circunstancias en que la posibilidad de cumplir adecuadamente con las expectativas que legítimamente pudieron formarse los alumnos era prácticamente nula". Y asegura que los números negros incluso vienen desde mucho antes. "Existen numerosos antecedentes previos plasmados en resoluciones de organismos públicos (de) que, al menos desde 2014, la Universidad del Pacífico funcionaba en el marco de una precaria situación económica".

Sobre la presunta apropiación indebida, dice que "igualmente graves son los hechos referidos al no pago de cotizaciones previsionales de trabajadores".

Y agrega otra situación: "Los arriendos pagados por la universidad a la fundación de la familia Ortúzar (por los inmuebles ubicados en Las Condes) resultan ser de una cuantía notoriamente elevada en relación a los parámetros corrientes del mercado y ellos explicarían, en parte, el mal estado financiero de la institución". A eso se suma "el pago de altísimas remuneraciones a miembros de la familia Ortúzar, las que (…) habrían contemplado en algunos casos indemnizaciones a todo evento por años de servicio".

Además, dice, "llama poderosamente la atención en cuanto a su razonabilidad y conveniencia" que en 2015 se comprara el edificio en el que funcionaba la universidad por $ 9.792 millones, doblando el precio que pagó siete años antes la Fundación Julio Ortúzar. "En 2017, la universidad nuevamente se desprendió de este edificio, vendiéndolo en $ 8.796 millones, es decir, en mil millones menos que la cantidad pagada dos años antes".

El liquidador

La otra denuncia la presentó el liquidador concursal de la universidad, Carlos Parada, por el presunto delito de ocultación de bienes por hechos que involucran a la familia Ortúzar Muñoz, que es dueña de la casa de estudios.

Según la acción legal, el 3 de abril se decretó la liquidación forzosa de la universidad y fue nombrado en el cargo. "Señor fiscal, la universidad, frente al inminente fin de su acreditación, de las deudas que aquejaban a su patrimonio y previendo posibles acciones de sus acreedores, vende el 21 de junio de 2017 el referido inmueble (de Las Condes) a la sociedad Standar SpA por el precio de 333.000 UF", expresa.

Señala que se enteró de la venta a raíz de un escrito del 2 de abril presentado por Emilio Payeda en representación de Standar SpA, "señalando que el domicilio indicado en el escrito de la demandada no corresponde al de la universidad, toda vez que la dueña de ese terreno es de su representada, siendo la universidad una mera arrendataria del mismo". Así, Parada concluye que "lo anterior solo puede explicarse a raíz de una actitud del deudor tendiente a desprenderse u ocultar bienes, disminuyendo su activo, buscando perjudicar a sus acreedores".

El presidente del directorio del desaparecido plantel educacional, Pablo Ortúzar Muñoz, señaló a este medio que "por ahora no haré declaraciones hasta conocer el tenor de la denuncia".

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