El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) entregar información sobre los médicos que más licencias médicas emitieron durante los años 2022, 2023 y 2024, esto a raíz de la solicitud de un ciudadano.

En específico, la información corresponde a un archivo Excel con los datos de primer nombre, primer apellido, nacionalidad, especialidad médica y región de desempeño de los grandes emisores de licencias médicas en el período señalado.

Para el Consejo, estos datos son de un “interés público prevalente”, debido a que permiten un mayor control sobre el correcto uso de las licencias médicas, un instrumento clave del sistema de salud que tiene implicancias tanto para los trabajadores como para las finanzas públicas y privadas.

“Cuando existen antecedentes que apuntan a prácticas abusivas, y que afectan directamente al sistema de salud y al de otorgamiento de licencias médicas, que se financia mayormente con recursos provenientes de las cotizaciones de los trabajadores a través de Fonasa o las Isapres, es esencial reforzar el escrutinio y los controles”, explicó Natalia González Bañados, presidenta del Consejo para la Transparencia.

“Lo anterior, justamente, para no continuar minando la credibilidad del sistema, toda vez que hay personas que legítimamente requieren de estos permisos por razones de salud. Cifras tan desproporcionadas en la emisión de licencias pudieran estar sugiriendo la existencia de modelos de negocio que lucran fraudulentamente con este instrumento”, afirmó González.

En la decisión también se establece que la Suseso deberá resguardar ciertos datos personales como el domicilio, el RUT o la información relativa a sanciones ya cumplidas por los médicos emisores de licencias, de acuerdo con la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

La resolución contó con dos votos en contra de consejeros, quienes argumentaron que los datos sobre nacionalidad y/o especialidad no serían necesarios para fines del control social. No obstante, la mayoría del Consejo estimó que dichos antecedentes permiten identificar patrones y eventualmente prevenir redes ilícitas.

De no entregar la información, la autoridad requerida se arriesga a una multa equivalente al 20% a 50% de su remuneración. En caso de que la autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado persista en su negativa, se aplicará el doble de la sanción y la suspensión del cargo por un período de cinco días.