PDI: correo que bajó candidatura de Silber a la presidencia de la Cámara fue enviado desde celular de asesora de Alinco
María José Rojas esta citada a declarar en calidad de imputada a la Brigada del Cibercrimen. Rastrearon su IP, el que estaba asociado a una cuenta de correo de su celular.

De no ser por la denuncia anónima sobre supuesta violencia intrafamiliar en contra el diputado Gabriel Silber, que empezó a circular el segundo fin de semana de marzo, el parlamentario DC podría ser hoy el nuevo presidente de la Cámara.
A cuatro meses de la difusión de un correo electrónico que lo acusaba de haber agredido a su exesposa, la Brigada del Cibercrimen de la PDI dio en julio pasado con el IP del supuesto remitente. Esto, luego de que la fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, Constanza Encina, pidiera a la policía identificar el origen del e-mail. Este fue remitido por una supuesta militante DC a los 155 diputados de la Cámara el sábado 9 de marzo.
¿Cómo lo hicieron? La policía le pidió a Google que rastreara el IP. Y la respuesta que llegó es que estaba asociado a un celular a nombre de María José Rojas, quien está contratada -según el sitio web de la Cámara- por el diputado René Alinco (IND). De acuerdo a las pesquisas, la cuenta de correo se eliminó al día siguiente de enviar el e-mail. Con la información en mano, la PDI citó a declarar para hoy en calidad de imputada a Rojas. La mujer asistió a la diligencia que comenzó cerca de las 15.00 y terminó a las 16.30. Ahí, Rojas reconoció los hechos pero señaló que fue su pareja, Jaime Varas Esquivel, quien tomó su celular y envió el correo.
Hoy también entregó su testimonio Varas. Este último acompañó a María José Rojas a la PDI pero no estaba previsto que declarara, ya que no estaba previamente citado. Dijo que su motivación para hacerlo era que Silber les caía mal y que el diputado Alinco no estaba en conocimiento de lo que habían hecho.
Por la difusión de este correo, Silber se querelló -a través de su abogado Gabriel Zaliasnik- contra quienes resultaran responsables por delitos contra la seguridad pública de presuntos atentados en contra de las autoridades, y calificó el hecho como una "operación política" para hacer caer el acuerdo administrativo suscrito entre los partidos de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio.
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