El triunfo que tuvo la oposición en el Tribunal Constitucional (TC) con la declaración de inconstitucionalidad de cuatro normas del proyecto Escuelas Protegidas, uno de los más emblemáticos del gobierno, abrió un debate sobre la coherencia de la izquierda al utilizar la vía del TC para impugnar proyectos de ley.

El debate revive una larga tradición, de buena parte de la izquierda, sobre lo ilégitimo que resulta, a sus ojos, la figura del TC en el orden democrático e institucional del país.

Uno de los rostros más vívidos de los dardos de la oposición al TC, al menos en la última década, es el del académico constitucionalista Fernando Atria (FA). El abogado y exconvencional ha apodado al TC como una tercera cámara. Sin embargo, ahora que los vientos corren a favor de la izquierda, Atria abordó en la red social X por qué sí resulta aceptable que la oposición use la vía que siempre reprochó y que buscó eliminar.

Un debate de larga data

El reproche de Atria, haciendo una paráfrisis, apunta a que el TC más que ser un tribunal, es una extensión del Congreso, pero una extensión contramayoritaria y no democrática que disfraza sus decisiones con argumentos jurídicos o supuestamente técnicos cuando en realidad resuelve según la posición política de sus integrantes. Es decir, si el pleno tiene mayoría de ministros afines a la derecha, resolverá a la derecha, y si la mayoría la tienen los ministros cercanos a la izquierda, fallará hacia la izquierda.

Los ataques más álgidos de la izquierda, al menos en el último tiempo, fueron cuando en el pleno la mayoría la hacía la derecha. Por ejemplo cuando estaba integrado por el exministro Juan Ignacio Vásquez, el ministro Miguel Ángel Fernández o los expresidentes Juan José Romero, María Luisa Brahm, Iván Aróstica o Marisol Peña.

En ese periodo, la mayoría, en los temas más complejos, la lograba la derecha dado el voto dirimente que ejerce el presidente. Algo que también ha usado la izquierda, por ejemplo, bajo la presidencia del expresidente Carlos Carmona.

Todo eso, sin embargo parece ser cosa del pasado. Desde el gobierno del expresidente Gabriel Boric el pleno del TC logró dar vuelta su correlación de fuerzas y ahora, hay una supuesta mayoría más afín al progresismo.

Ahí destacan las ministras Nancy Yáñez y Daniela Marzi, ambas designadas por Boric, y la ministra y exmilitante del PS Catalina Lagos. A ellas se suma la ministra y exmilitante DC María Pía Silva y la ministra Alejandra Precht, que fue propuesta en la Cámara por la DC. A todas ellas se suma el trío cercano a la derecha: ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery, y la ministra Marcela Peredo. El pleno termina con los dos ministros de carrera judicial. Se trata de los jueces que decidieron dejar el Poder Judicial para terminar en el TC: los exministros de corte Raúl Mera y Mario Gómez.

Por eso la izquierda se ha visto en una nueva disyuntiva. Ahora que es minoría en el Congreso, con un gobierno de derecha al mando del Presidente José Antonio Kast, han tenido que empezar a reconciliarse con la idea de recurrir ante el TC.

Así, por ejemplo, activaron esta vía para impugnar el proyecto Escuelas Protegidas y están preparándose para hacer lo mismo con la megarreforma y hay indicios de que puedan replicar la estrategia con el Registro de Vándalos y otras iniciativas.

Fallos “acertados” cuando conviene

Ese punto fue justamente el que salió a responder Atria. Su intervención se dio en la red social X, luego de una consulta que le hizo el exconcejal DC Pablo Jaeger.

Ante eso, vino la confesión de Atria. “Desde luego que, cuando se trata de una cámara (1a, 2a o 3a), si tiene la composición que uno prefiere decidirá como a uno le parece correcto. Que cambie su ‘jurisprudencia’ porque cambió su composición no niega sino ratifica que es una cámara. Con una correlación de fuerzas que a mi me parece adecuada, claro, lo que permite anticipar que su ‘jurisrudencia’ será en general más acertada que la anterior. Y dado que existe, si este es el caso, no veo por qué no usarla. Todo esto parece bastante obvio”, dijo el exconvencional.

Luego, Atria remató de la siguiente manera: “Claro que el TC es una ‘mala institucion’, precisamente porque no es un tribunal, es una cámara cuyas decisiones dependen del tamaño de sus bancadas”.

Un usuario de esa red social calificó el argumento de Atria de “acomodaticio”, pero el académico no tardó en replicar. “Ahora resulta que es ‘acomodaticio’ observar que una cámara (la 1a, la 2a o la 3a, porque no importa su numero, sino que sea una cámara) decide de acuerdo a su composición. ¿Será lo que comen? ¿O el agua? ¿Quizás la contaminación ambiental en Santiago?“.

Luego añadió lo que, según él, es el punto central del debate: ”Hay dos preguntas diferenciables, aunque parece que el nivel cognitivo de tuiter no alcanza para distinguirlas: una es si conviene tener tres cámaras, otra qué debe hacer uno dado que ellas existen y tienen las competencias que fija la ley“.

El asunto revolvió las aguas en el mundo del constitucionalismo, sobre todo en voces vinculadas al progresismo. Una de ellas, la del académico y experto en Derecho Público, Cristóbal Osorio. “Revalorizar al TC solo por conveniencia coyuntural pone en riesgo tanto a la institución como a la izquierda. Al TC, porque lo asfixian al restar capacidad al Congreso para canalizar el debate público. A la izquierda, porque busca atrincherarse en viejas recetas, omitiendo que ha perdido el sentido común y la sintonía con las demandas sociales reflejadas en las urnas”, dice Osorio.

El abogado luego agrega: “Quienes antes afirmaron que una ‘tercera cámara’ restaba valor democrático, hoy caen en una contradicción: ¿acaso la democracia tiene menos valor cuando no se alinea con sus propios intereses? La estrategia TC es con fecha de caducidad rápida. El TC, al sentirse instrumentalizado, priorizará su propia supervivencia. La izquierda por un oportunismo no debe perder su esencia y respeto democrático, en la derrota se debe actuar con seriedad y sentido de futuro".