Hace cuatro meses la defensa de María Constanza Gómez, quien se desempeñaba como representante legal de ProCultura y mano derecha de Alberto Larraín, arremetió en tribunales para acelerar la formalización de la investigación. Sin embargo, no tuvo éxito.

Pese a ello, sus abogados, Alejandro Alegría y Sebastián Soto, volvieron a la carga e ingresaron una nueva cautela de garantías, acusando al Ministerio Público de una serie de inconsistencias en la indagación.

Tal como expusieron los penalistas ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, advierten “falta de registro de los antecedentes que forman parte de la investigación, tergiversación de hechos y desprolijidad en el manejo de los antecedentes y evidencias”.

Por lo mismo, requirieron que se ordene a la Fiscalía que haga entrega del listado completo de los formularios de cadena de custodia de la evidencia y que se les entreguen copias actualizadas de los antecedentes de todas las aristas de la causa con periodicidad semanal. En subsidio, solicitaron que se fije audiencia de cautela de garantías para discutir las peticiones.

Ante ello, de acuerdo con la resolución de la jueza Marisol Melgarejo, se requirió informe a la Fiscalía.

El reclamo

De acuerdo con el documento ingresado por los abogados de Gómez, los fiscales a cargo de la indagatoria, Juan Castro Bekios y Eduardo Ríos, podrían no estar registrando de manera adecuada las actuaciones propias de la indagatoria, puesto que a pesar de los requerimientos de antecedentes, dicen, no se les ha dado respuesta.

“Es importante destacar que, a la fecha de esta presentación (de la solicitud de desafuero de Claudio Orrego), el Ministerio Público no ha dado respuesta al requerimiento formal de esta defensa, mediante el cual se solicitó: i) la entrega de los registros o constancias de la fecha y hora en que se incorporaron a la carpeta de investigación el Informe Policial N.º 1695 de fecha 4.9.25, y el Informe Policial N.º 317 de la misma fecha; y ii) la fecha y hora en que el Ministerio Público ingresó el desafuero del señor Claudio Orrego Larraín", indicaron.

Así, relevaron: “Considerando lo anterior, y existiendo fundadas razones para estimar que la Fiscalía no está dando cumplimiento oportuno y adecuado a su obligación de registro conforme al artículo 227 del Código Procesal Penal, esta defensa estima indispensable acceder a copias actualizadas de todas las aristas de la causa ProCultura con una periodicidad semanal”.

Asimismo, aseguran que es “preocupante” que para fundar el requerimiento para alzar el secreto de Alberto Larraín Lohmayer, padre del mandamás de la ONG, se utilizaran antecedentes vinculados con Larraín Salas.

“Resulta no solo evidente, sino derechamente preocupante, que el Ministerio Público haya solicitado autorización judicial para la práctica de una medida intrusiva respecto de un determinado imputado, fundando dicha solicitud en antecedentes que, de manera inequívoca, corresponden a otro imputado de esta misma causa. Quedará a criterio de S.S. determinar si lo anterior puede considerarse un mero error formal, o una irregularidad sustantiva, considerando que la fundamentación fáctica invocada por la Fiscalía se sustenta en información errónea, impertinente y atribuida a una persona distinta del verdadero destinatario de la medida, afectando de manera directa la legalidad y validez de la solicitud presentada ante S.S”, sostienen.

De la misma forma, y en lo referente a las “desprolijidades” detectadas, se advirtió que hay archivos en el expediente que no deberían estar incluidos.

“Se registran ocho archivos de audio en formato .wav, correspondientes al resultado de actuaciones que fueron declaradas ilegales por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta en la causa Rol N.º 282-2025, sobre recurso de amparo interpuesto por doña Josefina Huneeus Lagos. En consecuencia, la mantención de dichos registros como parte de la investigación implicaría un incumplimiento de lo ordenado por ese Ilustrísimo Tribunal", detallan.

Junto con ello, agregaron que constataron que el Ministerio Público “no hizo entrega a esta defensa de la evidencia correspondiente a los audios de interés vinculados a doña Ilonka Csillang, en los términos en que se afirma haberlo hecho. Esta situación pone de manifiesto que el Ministerio Público ha proporcionado evidencia que no se encuentra debidamente rotulada ni correctamente individualizada, lo que genera confusión respecto de la naturaleza y procedencia de los antecedentes y, en consecuencia, dificulta gravemente el ejercicio de una defensa técnica adecuada y oportuna".

Esta acción de cautela de garantías, cabe hacer presente, no es la única presentada durante los últimos días. También se suma la ingresada por la defensa de María Eugenia Sabbagh, quien alega la extrema tardanza en la devolución de sus equipos tecnológicos incautados.

Según su abogado, César Ramos, hay “vulneración del derecho al debido proceso, y en especial al derecho a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, ya que hace más de un año que el Ministerio Público mantiene en su poder los artefactos, pese a que habría una serie de conversaciones relacionadas con el trabajo de abogada de la imputada.