Nacional

Senado despacha a ley proyecto que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

La iniciativa busca detectar y detener a individuos peligrosos, prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Con el objetivo de “detectar y detener a individuos peligrosos, prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional”, el Senado aprobó y despachó a ley un proyecto que exige a las empresas aéreas a entregar información sobre sus pasajeros a las autoridades.

La iniciativa, que fue respaldada por el Senado en unanimidad en su segundo trámite, fue informada ante la Sala por el senador Alejandro Kusanovic, presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, instancia que escuchó a diversos expertos que se refirieron a la iniciativa.

Así, según se detalla en el proyecto despachado a ley, las empresas de transporte aéreo de pasajeros que operen en el territorio nacional, “estarán obligadas a presentar a la Policía de Investigaciones de Chile, a Carabineros de Chile y al Ministerio Público, una vez finalizado el embarque, la información anticipada de pasajeros o API (Advance Passenger Information), el registro de nombres de pasajeros o PNR (Passenger Name Record) y los documentos señalados en el artículo 90, según fuera el caso”.

Asimismo, se indica en el texto, y sin perjuicio de la referida obligación, los transportadores aéreos de pasajeros “estarán siempre obligados a informar, a requerimiento del Ministerio Público, de las policías o del Ministerio de Seguridad Pública, sobre la identificación, lugar de embarque y destino de cada uno de los pasajeros que transporta, transportará o haya transportado”.

En el debate parlamentarios, los senadores destacaron el avance en el control preventivo, “armonizando entre seguridad y protección de datos personales”, con un “método de seguridad integral”, que a su vez “permitirá enfrentar el mal uso que se ha detectado con el endoso de pasajes aéreos”.

La ley, apuntaron, “toca uno de los puntos más sensibles de la agenda de seguridad pública. El uso de nuestros aeropuertos como ruta de escape para imputados miembros de organizaciones criminales y redes dedicadas a evadir la justicia”.

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