Este martes en la tarde, finalmente la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció los ejes de lo que será su gestión. Durante la sesión especial citada por la Cámara de Diputados, la exfiscal expuso lo que será su plan de seguridad ante la serie de cuestionamientos que ha planteado la oposición en las últimas semanas.

En detalle, las medidas que contempla el plan de Steinert derivan de los siete ejes, y contempla la actualización de la Política Contra el Crimen Organizado, crear una Estrategia Nacional contra el Terrorismo, ejecutar desalojos en terrenos tomados, reformar las mallas curriculares de Carabineros, aumentar el pago para aspirantes de la policía uniformada, crear un Centro de Análisis Criminal, aumentar la presencia policial, controles fronterizos y carreteras, entre otras medidas.

Pese al anuncio, que fue criticado por la oposición dada la alocución de la ministra Steinert, los expertos en materia de seguridad valoran lo expuesto, aunque plantean que estos anuncios deben materializarse en medidas concretas, las que hasta ahora, no están planteadas con claridad.

El análisis

Para el director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro), de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, “los anuncios apuntan en general en la dirección correcta”, ya que “reconocen algo que durante mucho tiempo el sistema evitó a asumir con claridad, que el crimen organizado requiere una respuesta distinta a la delincuencia común”.

Pese a eso, el también exfiscal afirma que el desafío es “transformar estos anuncios en capacidad de recopilación reales y sostenidas en el tiempo, evitando que queden solo como una lógica comunicacional o de medida fragmentada”. Respecto a aquello, Toledo sostiene que “lo más complejo es la creación de plataformas interoperables de análisis criminal, el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, el foco en puertos y corredores logísticos y crear una persecución criminal basada en resultados medibles”.

Opinión similar tiene Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, quien asegura que “la orientación de la ministra me parece acertada, en cuanto entiende la seguridad como una verdadera política de Estado y sitúa el foco, correctamente, en el combate al crimen organizado transnacional. El gran desafío, sin duda, será ejecutar esta estrategia sobre la base del Sistema de Seguridad Pública (...) capaz de hacerse cargo de las distintas realidades territoriales y de las diversas amenazas que enfrenta el país en el corto, mediano y largo plazo”.

“Ello exige contar con mecanismos de medición y resultados concretos, que permitan profundizar aquellas políticas que muestran eficacia, corregir las que requieren ajustes y descartar derechamente aquellas que no funcionan. Con todo, considero indispensable abordar no solo la seguridad objetiva, sino también la percepción de inseguridad de la ciudadanía”, concluye.

Alfonso Kaiser, experto en seguridad y académico de la Universidad de los Andes, es más crítico del anuncio de Steinert, ya que a su juicio lo planteado “es una declaración de intenciones organizada en ejes temáticos para el consumo mediático, no un plan serio ni ejecutable. El problema de seguridad en Chile es real, grave y urgente, y exige rigor, no retórica. Un país no se defiende con ejes de acción sin responsables, sin recursos comprometidos, sin criterios de evaluación, prioridades ni plazos claros”.

En ese sentido, agrega Kaiser, existe una carencia de “objetivos medibles, línea base, cronograma, responsables nominados, presupuesto consolidado, gestión de riesgos y criterios de éxito. ‘Recuperación territorial’ no es un objetivo, es un eslogan. Un problema tan complejo como el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo requiere planes reales, auditables y ejecutables. Un plan que no cumple estas condiciones no es un plan, es una promesa sin estructura ni control. Y en seguridad pública, las promesas sin control cuestan vidas”.

Hugo Contreras, docente investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), si bien valora el anuncio, señala que el plan del gobierno “no dista mucho de lo que ya se había ofrecido hacer”.

“Si bien siempre es bienvenido este tipo de anuncios para hacer frente a este fenómeno que aqueja a la sociedad chilena, aún se está en deuda en saber cuáles son las intervenciones concretas, planes o programas, que tributarán al cumplimiento de estos objetivos, así como sus propósitos y metas. Por ejemplo, ¿qué se busca?, ¿reducir los homicidios o los delitos violentos?, ¿desarticular el crimen organizado?, ¿reducir la percepción de inseguridad en la población?“, plantea el académico de la UDD.

Los pendientes

A pesar de la valoración de los anuncios, igualmente los especialistas plantean que la exposición no aborda algunos aspectos. Para la experta en seguridad Pía Greene, directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia, la materia que involucra a niños, niñas y adolescentes en materia delictual no está considerada.

“Valoramos que el plan aborde dimensiones clave para enfrentar la violencia grave. Sin embargo, falta una mirada específica sobre niñez y adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) no pueden quedar diluidos en una estrategia general de seguridad”, plantea.

Toledo, por su parte, asegura que también existen temas pendientes. A su juicio, en la discusión por seguridad “todavía falta una segunda generación de reforma procesal penal capaz de adaptar el sistema de investigaciones complejas”, además de que en el plan faltan “medidas más profundas en persecución patrimonial y de comiso de activos”.

El director del Cescro de la USS, además, concluye que " sigue pendiente una reforma penitenciaria profunda, estructural, que no solo fortalezca la seguridad, sino que redefina la gobernanza carcelaria y la seguridad de las personas", así como también “falta avanzar en estándares más modernos de prueba de inteligencia e interoperabilidad judicial”.