Fue el 11 de febrero cuando la Cámara Federal de Argentina realizó un sorteo para definir qué juez asumiría, por el momento, como subrogante al mando del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, con sede en la localidad de Comodoro Py en Buenos Aires.

La vacante se generó luego de que falleciera, en febrero de 2020, el juez federal Claudio Bonadio. El sorteo tuvo como resultado que el juez Ariel Lijo se instalara, desde febrero, a cargo de ese tribunal que tramita una serie de causas emblemáticas para los argentinos. Antes de llegar como subrogante Lijo tuvo una fracasada incursión como candidato a la Suprema propuesto por el presidente Javier Milei, algo que finalmente no pudo prosperar tras un amplio rechazo en el Senado.

Dentro de la cartera de causas que se ventilan ante el juzgado federal 11 se encuentra el expediente de extradición del exfrentista, Galvarino Apablaza (75), quien está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI).

La extradición de Apablaza -también conocido como el Comandante Salvador- fue visada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina en 2010. Esto luego de la solicitud realizada por el Estado chileno que, previamente en 2004, había sometido a Apablaza a proceso en calidad de autor del magnicidio en contra del fundador del gremialismo tras una resolución del exministro en visita Hugo Dolmestch.

Hace más de una década, tras la luz verde del máximo tribunal argentino, el gobierno de ese país -bajo la conducción de la expresidenta Cristina Kirchner- le otorgó refugio político frenando así cualquier intento por traer a Chile al exguerrillero.

Pero esa protección de Apablaza se terminó en febrero, cuando el gobierno argentino -ahora bajo la presidencia de Milei- revocó esa decisión. Luego de que el fin de su calidad de refugiado quedara firme, fuentes del caso comentaban que su extradición entraba en la fase final para ser ejecutada. Eso implicaba la emisión de una orden de detención en contra de Apablaza y la coordinación entre las cancillerías de ambos países, la PDI e Interpol.

Pese a lo inminente de su extradición, nada de eso ha pasado y el caso se entrampó en el juzgado federal 11 de Argentina. La razón, afirman fuentes del caso, se vincula con que el juez Lijo ha transmitido que lleva menos de dos meses en el tribunal y por lo tanto no tiene interés en firmar la extradición sin antes tomarse el tiempo necesario para revisar un expediente que data al menos desde 2010.

La dilación que está generando Lijo ocurre incluso luego de que el gobierno argentino volviera a confirmar, el miércoles de la semana pasada, su voluntad de ejecutar el fallo de la Suprema de 2010 y la Cancillería chilena también ratificara que sigue insistiendo en su intención de traerlo a Chile.

Mientras Lijo revisa el caso, Apablaza asistió al tribunal junto a su abogado Rodolfo Yanzón, para fijar su domicilio, el que quedó establecido en una parcela del sector de Partido Moreno a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, desde donde está siendo monitoreado por la policía.

En ese proceso Yanzón también aprovechó de reportarle al tribunal que Apablaza tiene varias patologías de base, esto con el objetivo de poner en antecedentes al juez que desde su punto de vista un traslado a Santiago podría poner en riesgo su salud. Lo anterior debido a la diabetes y un cáncer de próstata que lo aquejan sumado a la necesidad de operarse de cataratas y la rodilla.

Si bien desde la Cancillería chilena son enfáticos en que la extradición continúa y solo se necesita de la firma final del juez Lijo, desde el lado del exfrentista afirman lo contrario. A juicio de Yanzón no hay ninguna razón para que Apablaza sea extraditado.

Desde la defensa son de la idea de que en 2010 la Corte Suprema autorizó la extradición a condición de lo que se resolviera con el refugio. Yanzón plantea que cuando se concedió el refugio, el fallecido juez Bonadio dijo que el proceso de Apablaza estaba finalizado. Por eso Yanzón es de la idea de que una vez que se reconoció el estatuto de refugiado, todo proceso de extradición terminó en ese momento, por lo tanto no hay proceso pendiente y de querer traerlo a Chile se debería tramitar una nueva solicitud. “No, no hay extradición. La extradición está cerrada hace 16 años”, afirmó el abogado el martes en entrevista con 24 Horas.

La familia de Guzmán -representada por el abogado Pablo Toloza- rechaza esa interpretación y confirman que el proceso sigue en pie y solo falta la firma de Lijo. “Este ha sido un proceso muy largo, ya todas las instancias procesales se han cumplido y esperamos que a la brevedad el juez de la causa pueda disponer la orden para que se ejecute la sentencia dictada por la Corte Suprema de Argentina en 2010 que otorgó la extradición de Galvarino Apablaza”, afirma Toloza.