Este lunes comenzó el desalojo de la toma “Los Calicheros” en Quilpué, un asentamiento informal instalado desde 2021 en terrenos pertenecientes a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 en un caso de sicariato.

La diligencia se concretó tras años de litigios judiciales, denuncias por usurpación y diversos intentos de regularizar la situación, impulsados por la hija del empresario, Valentina Correa. En 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso autorizó la ejecución del procedimiento, aunque recién ahora se materializó después de más de un año de espera.

La noche del domingo, a tan solo horas de comenzar el proceso de demolición Valentina Correa escribió en su cuenta de X que “la justicia tiene caminos difíciles: no siempre llega a tiempo, pero siempre es necesaria”.

Y agregó que “recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Gracias a quienes creyeron y empujaron. Y a los que no, mostramos que era posible”.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Serviu de Valparaíso, informó que las faenas se desarrollarán en seis etapas y se extenderán por aproximadamente una semana. Una vez concluido se procederá a la entrega del terreno a los propietarios y se llevará adelante un cierre perimetral de los predios.

Si bien Carabineros estuvo presente para resguardar el procedimiento de lanzamiento que lleva adelante el Ejecutivo con la colaboración de la Municipalidad de Quilpué con la entrega de servicios básicos, hacia las 11:00 horas ya era visible que un alto número de ocupantes retiraba voluntariamente muebles, sillones y electrodomésticos del lugar.

El delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, señaló que aproximadamente el 30% de las familias había abandonado el terreno al cierre de la jornada. Y es que este lunes nadie fue sacado por la fuerza: durante la jornada carabineros concurrió a dar el aviso de un desalojo de personas que comienza este martes.

En tal sentido, el delegado precisó que el proceso continuará este martes, cuando la empresa que se adjudicó el trabajo, Río Grande SpA, ingrese maquinaria pesada para iniciar el desarme físico de las viviendas desde las 6:30 de la mañana, donde 300 efectivos de Carabineros resguardarán la demolición como medida preventiva en un trabajo específico que se extenderá por al menos dos días.

El delegado Cueto explicó que a los pobladores primeramente “se les pide ‘por favor, retírese’, y si no se cumple eso, ahí tiene que entrar la fuerza pública. Llamamos para que la persona se retire de manera voluntaria, pero si al efectuar el tema de la demolición se está oponiendo a la acción de carabineros del servicio, entonces corresponde la detención”.

Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el terreno de cerca de 30 hectáreas residían al menos 150 familias. Algunas de las construcciones levantadas en la toma superaban los 1.500 metros cuadrados, lo que, según las autoridades, refleja tanto la magnitud de la ocupación como los intentos de consolidar edificaciones de gran envergadura en un predio usurpado.

El operativo incluye la habilitación a partir de este martes de albergues para las familias sin redes de apoyo, además de planes especiales para niños, adultos mayores y animales de granja.

Este lunes, además, se realizó un operativo con participación del Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones para comprobar la situación migratoria de los residentes. En tanto, desde el municipio aseguran que los inspectores de seguridad propios están disponibles y coordinados con las policías en caso de ser requeridos.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, afirmó que “nos hemos estado preparando desde hace algún tiempo en relación a lo que va a significar nuestra ayuda en temáticas de asistencias sociales”.

En primer lugar está la habilitación del albergue “para las familias que no hayan tenido la red de apoyo en este momento, y que nos ha llegado información de algunas familias de manera anticipada que, efectivamente, van a usar este albergue por las 72 horas”.

Tensión previa

Aunque un número importante de familias ya abandonó el terreno de manera voluntaria, aún hay pobladores que se resisten a dejar el lugar y denuncian una supuesta “ilegalidad del proceso”.

La vocera de la toma, Yasmín Durán, aseguró que varias familias no se moverán de sus viviendas como señal de resistencia.

Durán cuestionó la falta de una orden judicial específica: “Aquí nunca hubo una orden de desalojo. Si a ti te dicen que tienes que irte, como le está pasando a la gente de San Antonio, ellos sí tienen una orden vigente, pero nosotros no la tenemos”, afirmó.

Respecto de la postura de los propietarios, la vocera reconoció que la familia Correa “tiene sus derechos sobre el paño que pertenecía al señor Correa”, aunque acusó que ahora buscan extender la demolición a todo el sector.

También criticó la ausencia de comunicación con el Ejecutivo: “La información que manejamos es la que circula en redes sociales. Del gobierno, comunicación directa con nosotros no hay”.

Pese a la asistencia ofrecida por el municipio, Durán advirtió que aún existen cerca de 30 familias sin alternativas claras de reubicación. “No tenemos un albergue disponible, ni información concreta sobre eso”, señaló, antes de descartar la opción de trasladarse a uno. “Yo no me voy a un albergue. Voy a estar aquí, en mi casa, con mi marido o con mi perro”.