Un total de 148 páginas tiene el documento con el que el Ministerio Público solicitó las órdenes de detención en contra de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Esos tres imputados pasaron a control de detención este miércoles, quedaron recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber y serán formalizados el viernes.

Se trata de un documento donde se relata detalladamente cómo se habría concretado la operación que permitió a Vivanco y su pareja recibir un total de al menos $57 millones por haber favorecido al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que era representado por Vargas y Lagos.

Hasta ahora, la investigación de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, ha podido determinar que dicho dinero se entregó en dos ocasiones. Esos pagos, que a ojos de la Fiscalía serían coimas, llegaron luego de que la sala de la Suprema que integraba Vivanco resolviera en favor del consorcio las disputas que mantenía con Codelco. Debido a esa contienda judicial, la minera estatal desembolsó $5.442.418.388 a Belaz Movitec.

En todo este proceso, según la Fiscalía “la imputada Vivanco intervino en razón de su cargo, a cambio de recibir un beneficio económico de parte de los abogados imputados, Lagos y Vargas, a través del imputado Migueles”.

Según se detalla en el escrito, Vivanco infringió “sus deberes estatutarios como magistrada del máximo tribunal, en la medida que no declaró su inhabilidad de oficio respecto de los imputados Vargas y Lagos”.

La solicitud agrega que la exjueza “concurrió con su voto a resoluciones favoreciendo las pretensiones procesales y pecuniarias de Belaz Movitec, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados imputados, procediendo éstos, con parte de esos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y su conviviente Gonzalo Migueles, quien concertadamente con ella facilitó los medios para recibir el pago en conocimiento tanto del cohecho como del origen ilícito del dinero, que usaron para fines personales de él y de la exministra”.

El primer pago

El primer pago que habría recibido Migueles, tendría relación -a juicio del Ministerio Público- con una contienda entre Belaz Movitec y Codelco por pagos por concepto de desmovilización de maquinarias, donde el consorcio resultó victorioso y la estatal debió desembolsar $4.415.816.192 para costear dichas faenas.

Por las gestiones de representación jurídica, Belaz Movitec pagó a los abogados Vargas y Lagos la suma de $198.711.729 por sus honorarios, y desde ahí, conforme a las pesquisas, los profesionales hicieron llegar US$ 14.000 a la pareja de la entonces magistrada, quien concurrió con su voto para que la empresa que ellos representaban ganara la contienda judicial.

“Con parte de ese dinero, con fecha 18 de diciembre de 2023 los imputados Lagos y Vargas pagaron a la ministra Vivanco, a través de su conviviente Migueles como retribución por la intervención a favor de la empresa Belaz Movitec”, se lee en el requerimiento del Ministerio Público, donde se advierte que las maniobras constituirían delitos de soborno y cohecho.

Para que los fondos, en ese entonces equivalentes a $ 12.216.260, llegaran a Migueles, como plantean los investigadores, el camino fue largo e incluyó una serie de maniobras para blanquearlos.

Transferidos los fondos desde Belaz Movitec a la cuenta de la sociedad del estudio jurídico de Vargas y Lagos, los abogados repartieron parte de ese dinero en sus cuentas personales.

El texto de la Fiscalía cuenta que Vargas adquirió para su uso personal un total de $20 millones transfiriéndose el día 14 de diciembre de 2023, la suma de $14 millones a su cuenta de la empresa Vargas Cociña Asesorías Legales SpA en dos transferencias de $7 millones cada una y una transferencia por $6.000.000 a su cuenta corriente personal del Banco BCI. Desde esa cuenta, donde tenía también otros fondos, tomó dos depósitos a plazo, uno por $4 millones y otro por $36 millones.

Por su parte, Lagos adquirió para su uso personal un total de $72 millones. Para ello se transfirió a su cuenta personal del Banco Itaú un total de $9 millones en dos transferencias de $2 millones y $7 millones cada una, con lo que pagó tarjetas de créditos y un crédito de consumo, y se transfirió a la cuenta Lagos y Asesorías Legales Ltda, un total de $63 millones en nueve transferencias de $7 millones cada una.

Junto con ello, también el 14 de diciembre de 2023, vinieron -como describe la Fiscalía- las maniobras de Lagos para enviar esos dineros ilícitos a Migueles y Vivanco. Para eso se coordinó con Harold Pizarro Iturrieta, indagado anteriormente por tráfico de oro y quien es propietario de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada, emitiendo un cheque a nombre de un tercero y luego haciendo cambios de divisa, de pesos a dólares americanos.

“Harold Pizarro aceptó efectuar las operaciones solicitadas por el abogado Lagos con negligencia inexcusable, sin consultar por el origen de los fondos, proponiendo a Lagos que girara el cheque a nombre de su hijo, Cristián Pizarro. Lagos hizo llegar el cheque nominativo por $70.000.000 de la cuenta bancaria de la sociedad de asesorías jurídicas, el que luego se cobró por caja y se convirtió a dólares sin que se reportara el cambio", se lee en el escrito.

Luego de ello, Pizarro Iturrieta lleva los $70 millones -transformados a US$79.908- hasta las oficinas de Lagos. Cuatro días después, el 18 de diciembre de 2023, la Fiscalía señala que Migueles fue a buscar la presunta coima por un monto de al menos US$14 mil.

Asimismo, sin ahondar en mayores detalles, se mencionó que tras el pago de ese monto, Vivanco y Migueles “efectuaron un viaje de placer a la ciudad de Buenos Aires entre los días 22 a 25 de diciembre, y un viaje de vacaciones a Brasil entre del 12 a 27 de enero de 2024, donde ambos efectuaron millonarias compras con sus tarjetas de crédito en dólares”. Además, pagaron cargos efectuados a sus respectivas tarjetas.

Los conservadores y los $45 millones

El siguiente pago que llegó a Migueles ocurrió tras la revisión de un recurso que había sido rechazado a Belaz Movitec en enero de 2024 por la Suprema y mientras la ministra se encontraba de vacaciones. Ante la reposición de ese requerimiento que realizaron los abogados Vargas y Lagos, el máximo tribunal lo acogió, lo que derivó en que Codelco tuviera que pagar $1.026.602.196 a la compañía chilena-bielorrusa.

El 17 de mayo del año pasado, según expone el Ministerio Público, la minera estatal transfirió los recursos a la cuenta personal de Lagos, quien derivó $45 millones a Migueles y la entonces ministra de la Suprema, "como retribución por la intervención de Vivanco a favor de la empresa Belaz Movitec en el ejercicio de sus funciones como ministra de la Corte Suprema“.

Para que ese dinero llegara finalmente a Migueles, la Fiscalía sostiene que Lagos giró un cheque de $45 millones a nombre de Miguel Ángel Obieta, trabajador de la casa de cambio de Harold Pizarro, un excliente de los abogados Vargas y Lagos. A las 9.42 horas del 17 de junio de 2024, Obieta cobró ese documento, entregando posteriormente el total del dinero en moneda nacional y dólares a Pizarro.

Dos horas después, el dueño de la casa de cambio, “sin registro del cambio de divisas”, entregó los $45 millones a Migueles en las afueras de su local ubicado en la calle Agustinas, en la comuna de Santiago.

Para la Fiscalía, esta operación constituye el delito de lavado de activos, dado que, además, después de recibir el dinero, Migueles manejó hasta el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, entregándole todo el monto al titular de ese oficio, Sergio Yáber.

Con el dinero en sus manos, Yáber se depositó en sus cuentas $25 millones, los que posteriormente transfirió en cinco operaciones al conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle. La diferencia del monto, es decir, los otros $20 millones, fueron transferidos en diferentes traspasos por parte de Yáber a Migueles entre el 18 y 28 de junio de 2024.

Ambos conservadores son conocidos por Migueles, dado que él ha dicho que trabajó prestando asesorías a los dos titulares de los oficios de Puente Alto y Chillán, es decir, Najle y Yáber.

Esa maniobra, para la Fiscalía, explicaría que Najle intentara ocultar las operaciones de lavado de activos con sus propias cuentas. Al recibir los $25 millones por parte de su colega Yáber, en diferentes pagos, los depositó en su empresa El Heraldo EIRL, propietaria de un medio de comunicación local. Desde esa sociedad, realizó cinco traspasos hacia Migueles los que, según han dicho, serían por los supuestos servicios prestados por la pareja de Vivanco.

Con las sucesivas transferencias de parte de los dos conservadores, la pareja de la exministra Vivanco habría recibido de vuelta los $45 millones que se originaron, en un comienzo, por el pago que Lagos le hizo al trabajador de la casa de cambio de Harold Pizarro.