
Tribunal decreta prisión preventiva para cuatro imputados en investigación por millonarias clases de zumba
Para los otros dos detenidos este jueves, se dispuso firma quincenal, arraigo y prohibición de comunicación con coimputados.

Acogiendo la solicitud de la Fiscalía Oriente, la jueza Karen Atala, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, fijó la prisión preventiva para cuatro de los seis detenidos este jueves en la investigación por un presunto fraude al fisco que afectó al Gobierno Regional Metropolitano por convenios pactados en la gestión del exintendente Felipe Guevara.
Se trata de Jorge Daniel Arcos Gatica, Manuel Antonio Zapata Vergara, Jorge Rodrigo Castillo Urrutia y Jaime Patricio Bravo Puentes.
Los cuatro son considerados por el equipo de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolita Oriente como los líderes de las operaciones cuestionadas.
La medida cautelar no se se estableció por la seguridad de la sociedad, sino que por peligro de fuga, por lo que pueden optar a una caución.
Para los otros dos detenidos, Jorge Eduardo Toro Henríquez y Cecilia del Pilar Yáñez Vargas, en tanto, el Ministerio Público solicitó su arresto domiciliario, medida cautelar que fue desestimada por la jueza que dispuso para ambos firma quincenal, arraigo y prohibición de comunicación con coimputados.
La investigación responde a las querellas que el actual gobernador, Claudio Orrego, presentó en septiembre de 2022 y que dicen relación con el presunto mal uso de recursos en proyectos de halterofilia, zumba y spinning.
Tras la audiencia, el fiscal Miguel Ángel Orellana, explicó que los detenidos son indagados “por delitos de obtención fraudulenta de subsidios en el contexto de la actividad de una asociación ilícita a la que pertenecían, con distintos roles de liderazgo y participación entre ellos, e imputaciones también por el delito de lavado de activos”.
Los imputados utilizaban distintas personalidades jurídicas de ONGs y firmas preexistentes que cumplían con las condiciones que exige la ley para participar licitaciones y obtener beneficios fiscales estatales.
“Estas empresas eran utilizadas por los sujetos para participar de estos concursos que correspondían en estos años 2020-2021 a lo que hoy día es el Gobierno Regional, en esa época la Intendencia Regional”, precisó Orellana.
El fiscal detalló que el grupo se adjudicó proyectos por cerca de 750 millones de pesos con empresas que “no respondían en su estructura, en su organización, en la razón de su inicio, a los proyectos con los que estaban participando”.
Tras la audiencia, el gobernador Orrego se refirió al caso, señalando que a cuatro años de haber denunciado hoy ven “avances concretos”.
“La detención de seis personas, cuatro de ellas que quedaron con prisión preventiva, confirma nuestras sospechas de que aquí había un fraude grave, asociación ilícita y también apropiación indebida de fondos que nos pertenecían a todos los santiaguinos. Lo dijimos ayer y lo reiteramos hoy día. No vamos a descansar hasta que estas personas paguen su responsabilidad y recuperemos hasta el último peso que le pertenece a toda la ciudad”, manifestó la autoridad regional.
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