La decisión del gobierno de no avanzar a un mecanismo de transferencia que permita juzgar a adolescentes que cometen delitos especialmente graves en el sistema adulto, despertó críticas en sectores del oficialismo.

La decisión del Ejecutivo quedó al descubierto luego de que ingresaran las indicaciones a una moción que está en segundo trámite en el Senado.

Si bien el ministro de Justicia Fernando Rabat abandonó esa idea, sí concretó enmiendas que persiguen el objetivo de que las condenas se cumplan en régimen cerrado y que al cumplir 18 años el condenado pase a una cárcel administrada por Gendarmería, entre otros cambios orientados a endurecer las sanciones de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Sin embargo los subjefes de las bancadas de diputados de la UDI, Sergio Bobadilla, y del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, junto con los integrantes de la comisión de Seguridad Jaime Coloma (UDI) y Eduardo Cretton (UDI), cuestionaron la decisión.

La molestia abarcó la bancada de libertarios, pero en especial la de la UDI. Varios diputados del gremialismo recordaron que hace casi una década atrás, en 2018, ya habían presentado una moción similar. Dicho proyecto buscaba que los adolescentes de 16 y 17 que sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social respondan como adultos.

Los cuatro parlamentarios calificaron, a través de un comunicado, de “incomprensible” la determinación adoptada por el gobierno: “Cuesta entender que, después de haber reconocido la necesidad de avanzar en esta materia e, incluso, comprometer indicaciones en ese sentido, finalmente se haya desistido de presentar una norma destinada precisamente a enfrentar con mayor fuerza la creciente participación de adolescentes en delitos de alta connotación social”.

“Una de las principales preocupaciones que hoy tienen los chilenos es la sensación de impunidad frente a los delitos cometidos por los menores de edad, sobre todo los adolescentes. Cuando un joven de 16 o 17 años participa en un homicidio o un secuestro, sabe que enfrentará sanciones mucho menores que un adulto. Y lo más grave es que esa realidad también está siendo aprovechada por las organizaciones criminales para reclutar cada vez con mayor frecuencia a quienes tienen esa edad”, manifestaron los legisladores de la UDI y el PNL.

Debido a esto, tanto Bobadilla como Marowski, Coloma y Cretton dijeron que rechazarán el proyecto cuando regrese a la Cámara, en caso de que no tenga incorporado un mecanismo de transferencia hacia el sistema adulto para los menores imputados por los delitos más graves.

Pero los diputados no se quedaron ahí. Además anunciaron que insistirán en rebajar de 14 a 13 años la edad de responsabilidad penal adolescente en el país. Un tema que el gobierno, desde un inicio, lo descartó y no lo consideró como parte de sus propuestas.

“Esperamos que el Ministerio de Justicia no sólo pueda reconsiderar la decisión de no presentar esta indicación, sino que también evalúe con seriedad las propuestas que hemos presentado para rebajar a 13 años la edad de responsabilidad penal. La realidad de nuestro país cambió hace mucho tiempo y la legislación no puede seguir actuando como si eso no hubiera ocurrido”, reiteraron los diputados a través del comunicado conjunto.