SEÑOR DIRECTOR
El gobierno ha cometido varios errores durante su instalación, y quizás el más grave de ellos es hacer gestos a quienes ejecutan hechos de violencia o están procesados por graves delitos.
En primer lugar, en vez de buscar compensar a las víctimas de la violencia, le pone suma urgencia a un proyecto que beneficia a quienes están siendo juzgados por la comisión de delitos.
Segundo, la ministra Siches toma la decisión de no querellarse por los atentados en Temucuicui que sufrió su comitiva, luego de haber sido recibida a balazos cuando se dirigía a dicho sector, dejando en impunidad una acción terrorista. Asimismo, utiliza el concepto de “presos políticos” en la Macrozona Sur, relativizando y politizando los asesinatos, atentados incendiarios, secuestros, el nacrotráfico y los graves hechos de violencia que ahí ocurren.
Tercero, el retiro inexplicable de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado a quienes están procesados por delitos. A esto se suma la pasividad en la libertad de Piña Palomera, detenido por homicidio frustrado contra seis carabineros, tras lanzar una bomba molotov al interior de un carro policial. ¿No es suficientemente grave como para pedir prisión preventiva?
Finalmente, como cada viernes, la violencia se apropia del espacio público en Plaza Italia, y el gobierno ocupado más de quienes nos protegen que de quienes cometen delitos.
Esta seguidilla de señales equívocas que envía el gobierno del Presidente Boric ponen en duda si el Ejecutivo va a perseguir realmente los delitos, indultará la impunidad o seguirá atrapado en un zapato chino por culpa de los simbolismos que lo posicionaron en la elección. Es urgente saber a quién va a defender el gobierno, si a las víctimas o a los victimarios.
Andrés Longton
Jefe de bancada de diputados RN y miembro de la Comisión de Seguridad
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