Por Hassan Akram, académico U. Diego Portales/Wake Forest University
Las críticas a la propuesta de una consulta ciudadana sobre la política exterior comercial de Chile reabren la controversia sobre la revisión de los tratados internacionales. ¿Por qué criticar la revisión de TLC si es una práctica de todos los gobiernos, incluso del anterior, que revisó y renegoció con Canadá y Corea?
Esta revisión representaría una novedad solo en el sentido que añade más criterios a la renegociación. Se busca que este proceso se haga con mayor énfasis en el derecho del Estado de regular en busca del interés público, para así promover la protección socioambiental y el desarrollo productivo. Se puede debatir la idoneidad de este énfasis, pero es exagerado plantear que un cambio menor en las prácticas negociadoras chilenas sea una irresponsabilidad que arriesga el progreso del país.
Algunos plantean que este cambio de criterio es innecesario. Los defensores del statu quo dicen que los tratados vigentes protegen explícitamente “el derecho de regular” de los estados. Pero no se hacen cargo de la crítica bien documentada de que los tribunales de arbitraje encargados de hacer cumplir dicho derecho están sistemáticamente sesgados contra las regulaciones sociales (por ejemplo, Van Harten 2020).
En el debate chileno se ha difundido la idea de que esta crítica a los tribunales arbitrales ad-hoc es una especie de “fake news” de activistas radicalizados que se oponen al sistema multilateral y al comercio internacional. No es así. Nada menos que el actual Presidente de EE.UU., Joe Biden, ha dicho: “no creo que las transnacionales deban tener tribunales especiales que otras organizaciones no tienen”. Para él, el sistema ADIE (arbitraje de disputas entre inversionistas y Estados) “da la facultad a las empresas privadas de atacar las políticas laborales, sanitarias y medioambientales”. La idea de revisar los tratados busca reducir ese riesgo.
La UE también ha esgrimido críticas contra el arbitraje ad-hoc, por potencial “enfriamiento regulatorio”: un efecto disuasivo contra regulaciones públicas, por temor a eventuales demandas e indemnizaciones. En su presentación al Grupo de Trabajo sobre arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la UE expresa “preocupación por la falta de independencia e imparcialidad de los árbitros” y critica las “interpretaciones injustificablemente inconsistentes de las provisiones de los tratados de inversiones de parte de ellos”. Asimismo, la UE prohibió el uso de tribunales arbitrales ad-hoc para disputas intra-UE. Que el gobierno chileno se haga parte de estas críticas no debe generar escándalo.
En contraste con el canciller del gobierno anterior, Andrés Allamand, y los ocho cancilleres de la ex Concertación, la UE no ve problema en revisar tratados. Su declaración oficial sobre política comercial dice que “la falta de legitimidad del sistema ADIE ha llegado a ser una preocupación global y prácticamente todos los estados están debatiendo estos temas”. Además, afirma que “tenemos el deber de constantemente evaluar críticamente las decisiones que tomaron generaciones anteriores para adaptarlas o reformarlas cuando es necesario”. Lo mismo prometió el Presidente Boric en campaña.
La sobreideologización explica la falta de mesura de la elite chilena a la hora de evaluar la inocua propuesta de revisar los tratados comerciales para reformar el sistema ADIE. Chile merece un debate más serio.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.