Cuestionada campaña informativa del gobierno

La pieza publicitaria para informar sobre el próximo plebiscito incurre en evidentes sesgos en favor del Apruebo, apartándose de la necesaria prescindencia. Todo sugiere que una campaña de este tipo debería pasar a manos del Servel.



La campaña informativa que acaba de lanzar el gobierno sobre el próximo plebiscito constitucional de septiembre (“Hagamos Historia”) ha comenzado con una fuerte polémica, pues lejos de ser una pieza que se limite a suministrar antecedentes objetivos para que la población pueda emitir un voto informado, parece evidente que incurre en un sesgo en favor del Apruebo.

Como era de esperar, la campaña fue objeto de fuertes reparos por parte de los principales partidos de oposición, que han formulado un requerimiento ante la Contraloría General de la República por estimar que constituye una abierta intervención electoral, financiada con recursos públicos. Sectores ligados a la centroizquierda que miran con recelo el borrador de nueva Constitución también han manifestado reservas respecto de dicha campaña.

La pieza publicitaria objeto de polémica llama a la ciudadanía a “hacer historia”, poniendo énfasis en que por primera vez todo el país podrá pronunciarse respecto de una Constitución, así como por el hecho de que esta nueva Carta Fundamental ha sido redactada por un grupo amplio de 154 personas, íntegramente elegidas. Para estos efectos, la publicidad hace hincapié en que las constituciones de 1822, 1833, 1925 y 1980 fueron redactadas por un puñado de personas, recalcando que, en el caso de la actual Carta, sus integrantes fueron designados por una junta militar.

Ciertamente no se observa qué información útil puede representar para los electores constatar cuántas personas participaron en la redacción de los textos constitucionales que han regido en nuestra historia. Esto, además de irrelevante para efectos de un voto informado, representa una visión altamente sesgada e injusta con la historia institucional del país, desconociendo, por ejemplo, que la Carta de 1833 se mantuvo vigente durante casi un siglo, y que sobre ella se edificaron códigos legales e instituciones que perduran hasta el día de hoy.

Si en definitiva este será el tono que marcará las siguientes etapas de la campaña informativa, queda claro que el gobierno habrá abandonado la prescindencia a la que está no solo obligado conforme las instrucciones que ha impartido la propia Contraloría, sino que dañará y tensionará aún más el proceso constituyente, que producto del maximalismo con que ha sido abordado por algunos sectores ya está causando divisiones profundas entre los chilenos. Un abanderamiento como el que se está avizorando resulta además totalmente incongruente con las definiciones que ha entregado el propio Presidente Boric, quien en su reciente cuenta pública recalcó que tanto el Apruebo como el Rechazo eran opciones legítimas, de lo que se desprende que ninguna puede ser favorecida en desmedro de la otra.

Es urgente corregir el rumbo de esta campaña, y devolverla a sus cauces estrictamente informativos. En ese orden de cosas, se hace del todo necesario interrogarse por la pertinencia de que una campaña de esta naturaleza sea llevada a cabo por el gobierno. Justamente para asegurar la transparencia de los procesos electorales y evitar posibles intervencionismos es que se dotó al Servicio Electoral de autonomía, dirigido por un consejo transversal aislado del ciclo político. Este organismo debería ser el llamado a coordinar y supervisar toda campaña destinada a informar a los electores, sin que en ello le quepa intervención al gobierno de turno, lo que daría más garantías de ecuanimidad.

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