Dilema del gobierno en materia de orden público

El gobierno decidió ingresar un veto sustitutivo al proyecto de reforma constitucional recién aprobado por el Congreso, en el cual se consagra la facultad del Presidente de la Republica para que pueda disponer de las Fuerzas Armadas en la custodia de infraestructura crítica, sin necesidad de recurrir para ello a alguno de los estados de excepción constitucional.

En lo grueso, el veto del Ejecutivo busca introducir normas que le den mejor operatividad a esta nueva facultad, particularmente en lo referido al mando, estableciéndose la figura del jefe de la defensa nacional; también se precisa que el control del orden público solo podrá ejercerse en relación con la infraestructura que se está custodiando; se hace presente, además, que no se podrán alterar o limitar garantías constitucionales, como sí ocurre en los estados de excepción.

Con este paso, el gobierno ha hecho definitivamente suya dicha reforma, a pesar de la férrea resistencia que dicha iniciativa encontró inicialmente en los sectores de izquierda, y de la distancia que el propio gobierno había tomado respecto de este proyecto. El objetivo es ahora poder implementar esta facultad cuanto antes, pero el objetivo no sería para contar con las ventajas de una facultad adicional, sino evitar tener que solicitar una nueva prórroga del estado de emergencia que actualmente rige en La Araucanía y dos provincias del Biobío. El Congreso ya ha prorrogado en tres oportunidades dicho estado, y su vigencia se extiende hasta el 29 de julio.

El plan del Ejecutivo sería que antes de esa fecha ya esté plenamente vigente la facultad relativa a la infraestructura crítica, pero ello se ve difícil toda vez que ello supone que el veto, los trámites en Contraloría y la publicación de la norma en el Diario Oficial deberían estar listos en menos de dos semanas. Los sectores más duros del oficialismo -como el PC- han hecho saber al gobierno su disconformidad con la idea de tener que prorrogar por cuarta vez el estado de excepción, de allí que sea una especie de carrera contra el tiempo.

Si bien es un paso positivo que el gobierno haya consentido en reconocer la importancia de que las Fuerzas Armadas puedan jugar un rol en el control del orden público -algo indispensable sobre todo en la Macrozona Sur-, sería un grave error pretender sustituir el estado de excepción por la facultad de custodia de la infraestructura crítica. Esta última solo podrá utilizarse para propósitos acotados; el decreto respectivo que invoque dicha facultad deberá precisar las instalaciones que deberán ser objeto de vigilancia, por lo que resulta evidente su alcance mucho más acotado para efectos de resguardar el orden público.

Justamente el problema mayor que se vive en La Araucanía y el Biobío tiene que ver con la grave alteración del orden público, lo que hace plenamente justificable que se invoque una facultad mucho más amplia -cuyos buenos resultados han sido destacados por el propio gobierno- y que de hecho también permitiría resguardar la infraestructura crítica. No es de extrañar que sectores gremiales y parlamentarios también estén solicitando la aplicación del estado de emergencia en Los Ríos, donde los atentados se han multiplicado en las últimas semanas, idea que la ministra del Interior descartó la semana pasada, pero que ahora no desestima.

Sería lamentable que vuelva a reflotar la vieja contradicción que aqueja a sectores de izquierda en materia de orden público, donde la presencia excepcional y acotada de militares en casos gravísimos genera conflictos ideológicos y dificulta el diseño de medidas que permitan actuar eficientemente.