Tal como en Australia, Brasil, Reino Unido y Europa, en Chile se impuso el debate sobre los riesgos y daños que entraña el uso por parte de niños y adolescentes de ciertas plataformas digitales. De hecho, el gobierno anunció hace un par de meses la elaboración del Plan Entornos Digitales Seguros, y la semana pasada se aprobó por la unanimidad de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, la idea de legislar sobre la materia.

La urgencia es evidente. El problema no radica únicamente en el tiempo de conexión a las plataformas digitales, que ha desplazado una infancia centrada en el juego y, con ello, experiencias fundamentales para aprender a relacionarse, asumir responsabilidades, aceptar límites, conversar y participar. También es el modo en que estas plataformas están diseñadas para capturar la atención, intensificar estímulos, personalizar contenidos y transformar conductas ocasionales en hábitos difíciles de controlar. El resultado es una infancia más expuesta al deterioro de la salud mental, a vínculos más frágiles, a dificultades para dormir y a una menor capacidad de concentración. A ello se suma el acceso casi irrestricto a contenidos pornográficos y sitios de apuestas, que, especialmente a edades tempranas, pueden convertir una conducta ocasional en una adicción.

La manera en que estas plataformas están presentes en nuestra vida y la insuficiencia de los efectos esperados de la regulación australiana, obliga a pensar si basta con que la legislación se limite a establecer mecanismos de verificación de edad.

El gran negocio de las compañías de plataformas digitales es poder acceder a una red de marketing basada en los datos de los usuarios. Para conseguir esto, el diseño adictivo es clave porque al producir más interacciones se obtiene un mejor perfilamiento de los usuarios, y hace más efectiva la publicidad dirigida. No se trata de impedir que los menores de edad vean publicidad, sino de evitar que las compañías moneticen sus datos y vulnerabilidades. Para lograrlo, es necesario limitar los mecanismos de diseño que buscan mantenerlos conectados y obtener cada vez más información sobre ellos.

La Unión Europea, a través del Digital Service Act (DSA), impone, por ejemplo, que el diseño no pueda incluir acciones como scroll infinito, notificaciones, autoplay y algoritmos centrados en captar y retener la atención. Sin embargo, la propia Comisión Europea concluyó preliminarmente que las principales aplicaciones de Meta infringen la norma que la UE impuso.

Debemos legislar, pero a la vez ser conscientes de que es insuficiente frente a los desafíos actuales. Las grandes compañías tecnológicas pueden soportar litigios prolongados, movilizar grandes equipos de lobby y restringir cierto contenido a determinadas jurisdicciones, pero hasta ahora no han alterado el diseño.

Si bien un país pequeño tiene menor poder para imponer transformaciones que afecten el núcleo del modelo de negocios, una coalición de Estados, en cambio, puede ofrecer un mercado suficientemente grande como para exigir que los cambios se incorporen al producto global. En este sentido, más allá de la necesidad de contar con orientación familiar, alertas en los planos educativos y de salud, un mecanismo de verificación de edad externo y una institucionalidad que fiscalice; debemos sumar acciones de coordinación con otros Estados.

Así como ninguna familia puede resolver individualmente el problema de acceso a las redes sociales, y necesita del apoyo de colegios, amigos y la comunidad que la rodea; los Estados, y especialmente, los más pequeños van a requerir que los estándares de protección en el diseño adquieran una escala internacional. La diferencia está en si esperamos a que esto ocurra o lo hacemos formar parte del plan.

Por Francisca Figueroa, IdeaPaís